Jesús Elías Aguilar De Paz

Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
458/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Elías Aguilar De Paz
  • Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio signado por el Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de noviembre de este año, remite las constancias con las que refiere dar cumplimiento. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de dieciocho de noviembre de este año, por lo que, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales anexas al oficio que se provee, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y que serán valoradas en el momento oportuno. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las constancias suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de entregar el título profesional, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó de las autoridades responsables Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación, con sede en la Ciudad de México, así como de la Dirección de Educación Superior Departamento de Servicios Escolares de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, la omisión de entregar el título profesional. En tesitura, del examen a las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, consistentes, en lo que interesa, remite copia certificada de diversas constancias, en la que importa, copia certificada de Título Electrónico en donde consta que quedó registrado en la Dirección General de Profesiones. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de entregar el título profesional, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, que con las constancias que remite se advierte que el Título Electrónico del quejoso Jesús Elías Aguilar de Paz, quedó registrado en la Dirección General de Profesiones como consta de la copia certificada recepcionado en este acuerdo; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a las autoridades responsables Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación, con sede en la Ciudad de México, así como de la Dirección de Educación Superior Departamento de Servicios Escolares de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con las documentales recibidas, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de las mismas y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, así como la vista otorgada al quejoso Jesús Elías Aguilar de Paz, en acuerdo de dieciocho de noviembre de este año, por actualizarse la causal de sobreseimiento previsto en párrafos que anteceden. ?MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES? Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, TERCERA INTERESADA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito signado por el quejoso Jesús Elías Aguilar de Paz, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la vista ordenada en acuerdo de dieciocho de noviembre de este año, toda vez que amplía su demanda por conceptos de violación. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a la petición del quejoso, no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que la vista que le fue otorgada en proveído de dieciocho de noviembre de este año, fue para efecto de que manifestara en el término de quince días si desea ampliar su demanda por diversa autoridad (Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad), en el entendido que dicho término continúa transcurriendo para que pueda pronunciarse al respecto o en su defecto, sino desea realizarlo. Aunado, a que la ampliación que refiere por conceptos de violación son diversas manifestaciones que la parte quejosa ha realizado en diversos alegatos recepcionados mediante proveídos de veintidós y veinticinco de octubre de este año, mismos que reproduce en el escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que obra el memorándum número SE/SEE/DES/312/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, agregado en proveído de quince de julio del año en curso, signado por la Jefa del Departamento de Servicios Escolares, mediante el cual textualmente informó al Director de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, lo siguiente: "En atención al Memorándum No. SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/754/2021 de fecha 30 de Junio de dos mil veintiuno, donde solicita informe respecto al requerimiento que se le hace a la titular de la Secretaría que consiste literalmente en: La omisión o negativa de expedición del título profesional de la carrera de licenciado en derecho a favor de Jesús Elias Aguilar de Paz, que no obstante de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por ley y haber cubierto los pagos correspondientes al derecho de titulación a través de la Institución educativa Centro de estudios Profesionales del Grijalva. No es cierto el acto reclamado, toda vez que con fecha 9 de febrero del presente fue valorado el expediente en físico del alumno, lo que le permitió iniciar el proceso de titulación electrónica en la plataforma tecnológica, sin embargo la Dirección General de Profesiones rechazó el titulo debido a que la firma autógrafa del titular de la institución educativa, no se encontraba registrada en esa instancia para el plantel con clave de registro 070217 (Centro de Estudios Profesionales del Grijalva), situación que fue solventada por la mencionada Institución Educativa el día 5 de julio del presente y el alumno se encuentra siguiendo nuevamente el proceso para el registro de su título electrónico." (Sic). Como se ve de la transcripción que antecede, del contenido de lo informado por dicha autoridad educativa, se advierte la participación de la diversa Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad, dentro del acto que se reclama, sin que se haya efectuado pronunciamiento alguno respecto al mismo. Asimismo, le informo que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para la presente data. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 111, de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que de ser conforme a sus intereses, esté en aptitud de ampliar la demanda de amparo en el plazo que para tal efecto prevé el artículo 17, del ordenamiento legal en cita, así como del acto que le atribuya a dicha autoridad. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no señalada y sus actos no serán motivo de estudio al dictarse la resolución en el presente juicio de amparo, esto es, se analizará el asunto únicamente en cuanto a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Por el sentido que informa tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la Litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En ese tenor, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con independencia de lo anterior, al ser necesario recabar las constancias que este juzgado estime necesarias para resolver este asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, informe el estado actual que guarda el proceso de titulación del quejoso, asimismo, para que remita en su caso, las copias certificadas, legibles y completas de las documentales respectivas, o en su caso el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado o de no manifestar el impedimento legal que tiene para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que obra el memorándum número SE/SEE/DES/312/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, agregado en proveído de quince de julio del año en curso, signado por la Jefa del Departamento de Servicios Escolares, mediante el cual textualmente informó al Director de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, lo siguiente: "En atención al Memorándum No. SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/754/2021 de fecha 30 de Junio de dos mil veintiuno, donde solicita informe respecto al requerimiento que se le hace a la titular de la Secretaría que consiste literalmente en: La omisión o negativa de expedición del título profesional de la carrera de licenciado en derecho a favor de Jesús Elias Aguilar de Paz, que no obstante de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por ley y haber cubierto los pagos correspondientes al derecho de titulación a través de la Institución educativa Centro de estudios Profesionales del Grijalva. No es cierto el acto reclamado, toda vez que con fecha 9 de febrero del presente fue valorado el expediente en físico del alumno, lo que le permitió iniciar el proceso de titulación electrónica en la plataforma tecnológica, sin embargo la Dirección General de Profesiones rechazó el titulo debido a que la firma autógrafa del titular de la institución educativa, no se encontraba registrada en esa instancia para el plantel con clave de registro 070217 (Centro de Estudios Profesionales del Grijalva), situación que fue solventada por la mencionada Institución Educativa el día 5 de julio del presente y el alumno se encuentra siguiendo nuevamente el proceso para el registro de su título electrónico." (Sic). Como se ve de la transcripción que antecede, del contenido de lo informado por dicha autoridad educativa, se advierte la participación de la diversa Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad, dentro del acto que se reclama, sin que se haya efectuado pronunciamiento alguno respecto al mismo. Asimismo, le informo que la audiencia constitucional, se encuentra señalada para la presente data. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 111, de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa para que de ser conforme a sus intereses, esté en aptitud de ampliar la demanda de amparo en el plazo que para tal efecto prevé el artículo 17, del ordenamiento legal en cita, así como del acto que le atribuya a dicha autoridad. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no señalada y sus actos no serán motivo de estudio al dictarse la resolución en el presente juicio de amparo, esto es, se analizará el asunto únicamente en cuanto a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Por el sentido que informa tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la Litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En ese tenor, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con independencia de lo anterior, al ser necesario recabar las constancias que este juzgado estime necesarias para resolver este asunto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, informe el estado actual que guarda el proceso de titulación del quejoso, asimismo, para que remita en su caso, las copias certificadas, legibles y completas de las documentales respectivas, o en su caso el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado o de no manifestar el impedimento legal que tiene para hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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