Jesús Elfego Sifuentes Pérez
Expediente 345/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Elfego Sifuentes Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto; glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Jesús Elfego Sifuentes Pérez; como lo solicita, devuélvansele los documentos que refiere, teniendo por autorizado para recibirlos a la persona que menciona, lo anterior con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado, por el cual envía testimonio de la ejecutoria de siete de noviembre del año en curso, dictada dentro del cuaderno auxiliar 1004/2019, derivado del amparo en revisión administrativo 820/2019, del que se desprende que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, confirmó la resolución pronunciada en el presente juicio, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 345/2019-II, promovido por Jesús Elfego Sifuentes Pérez, en relación con los actos reclamados y autoridades responsables en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia recurrida, por los motivos expresados en los considerandos cuarto y sexto de dicho fallo. Notifíquese." Acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, ... . Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Por otra parte, devuélvase a las autoridades responsables los expedientes, que remitieron como soporte de su informe justificado y que constituyen los tomos I, II y III, relativos a este Juicio, agregando a los autos las carátulas que los contenían. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente expediente.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por Jesús Elfego Sifuentes Pérez; por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el expediente original al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, capital, el escrito original de expresión de agravios, así como la copia correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación y el resto distribúyanse entre las demás partes. Una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, envíese al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Con motivo del recurso interpuesto, fórmese cuaderno de antecedentes de la revisión. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencias, siempre y cuando a la que va dirigido se encuentre de vacaciones, y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 345/2019-II, promovido por Jesús Elfego Sifuentes Pérez, contra actos del Presidente Municipal de Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 4,14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Jesús Elfego Sifuentes Pérez, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y el acto que a continuación se indican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen este carácter el H. Ayuntamiento de la Capital a través del C. Presidente Municipal, con domicilio ubicado en Av. Héroes de Chapultepec No. 1110 Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac., C.P. 98040, como ordenadora y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de su Titular el C. DR. ARQ. JUAN MANUEL LUGO BOTELLO; Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción a través de su titular el C. ARQ. Francisco Javier del Muro Calvillo; Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano a través de su Titular el C. Lic. José Santos Escobedo Hernández, con el mismo domicilio donde se ubica la Presidencia Municipal y que ha quedado debidamente señalado, las tres dependencias anteriormente señaladas se señalan como autoridades ejecutoras. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora SE RECLAMA LA NEGATIVA DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UN PRIMER NIVEL ELABORADO Y APROBADO POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE ABASOLO #1214, CENTRO. Y como Ejecutoras Secretaría de Desarrollo Urbano Medio Ambiente; Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano y Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, a través de sus titulares.". SEGUNDO. Por razón de turno, el propio dieciséis de abril de dos mil diecinueve, correspondió conocer de la citada demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola bajo el número 345/2019-II; por auto de veintiséis de abril siguiente, previa aclaración, la admitió a trámite, solicitándose informe justificado a las autoridades responsables; no se tuvo como tercero interesado a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas en el Estado de Zacatecas, sino como autoridad responsable, por lo que le fue solicitado su informe justificado, se dio la intervención de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijaron hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado fue emitidos por autoridades con sede en el territorio en el que se ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de amparo y ampliación de ésta, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, todos del Municipio de Zacatecas, por el que resuelven el recurso de revisión que el quejoso hizo valer contra el oficio Sduma/0105/2019, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve y ratifican la negativa de la expedición de la licencia de construcción para la ampliación de un primer nivel del inmueble ubicado en Calle Abasolo número mil doscientos catorce, Centro histórico en Zacatecas. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de abril de dos mil diecinueve. Por lo que de conformidad con el arábigo 18 de la ley en cita, el plazo para promover la demanda de amparo, inició el nueve de abril citado y concluyó el siete de mayo de dos mil diecinueve, siendo días inhábiles entre ambas fechas, del trece al veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril de la presente anualidad, uno, cuatro y cinco de mayo de este año. Lo anterior conforme al artículo 19 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en el que se establecen los días inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, asimismo, en atención a los días inhábiles otorgados a la autoridad responsable con motivo de "Semana Santa", lo que es un hecho notorio para el que esto resuelve y conforme al Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. Tal circunstancia se corrobora, en la página oficial https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.htm, - en la que se publicaron los días inhábiles del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que su divulgación constituye un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral segundo de ésta última, porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet". Al respecto, es aplicable el contenido de la Tesis Aislada (Civil, Común), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de tenor literal: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Así pues, si la demanda de amparo que originó este juicio se presentó el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, resulta evidente que estuvo en tiempo. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente Municipal de Zacatecas y Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, por así desprenderse de la lectura íntegra de sus correspondientes informes justificados. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia (Común), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Manifestaciones de las responsables con las cuales se dio vista al quejoso para que desvirtuara dicha negativa, sin que hubiera expuesto argumento alguno al respecto, de ahí que cobra firmeza el contenido de dicho informe. Máxime que de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y su inconstitucionalidad, lo que en el caso concreto no aconteció. Cobra aplicación la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades antes precisadas. QUINTO. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zacatecas (fojas 122 a 128), Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zacatecas (fojas 129 a 135) y Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zacatecas (fojas 136 a 142), tal como lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Circunstancia la anterior que se corrobora con las documentales que en copia certificada dichas responsables remitieron como soporte de su informe justificado y que constituyen los tomos I, II y III, relativos a este juicio; a los que al asistirles el carácter de públicos, se les confiere pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, además conforme al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 226, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Improcedencia del juicio. Causales de Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su estudio una cuestión oficiosa, de orden público y atención preferente. En el caso, de oficio advierte este juzgado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por considerar que el quejoso antes de acudir a la presente instancia constitucional, debió agotar el principio de definitividad. En efecto el citado precepto y fracción, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por su parte, los artículos 1 y 20, inciso A, fracciones I y XI de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Zacatecas y tiene por objeto: I. Regular los juicios y procedimientos que tengan como finalidad dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, en los términos de lo establecido en la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 112 de la propia del Estado; (.)". "Artículo 20. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: A. Por las jurisdiccionales podrá conocer: De los juicios de nulidad de los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública estatal y municipal, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o morales; (.) X. De las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en términos de la legislación en materia del procedimiento administrativo. XI. De las controversias que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas en términos de la fracción anterior. Ahora bien, como quedó destacado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, todos del Municipio de Zacatecas, por el que resuelven el recurso de revisión que el quejoso hizo valer contra el oficio Sduma/0105/2019, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve y ratifican la negativa de la expedición de la licencia de construcción para la ampliación de un primer nivel del inmueble ubicado en Calle Abasolo número mil doscientos catorce, Centro histórico en Zacatecas. Luego, la parte quejosa previamente a acudir a la presente instancia constitucional, debió promover el juicio contencioso administrativo de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, previsto en los artículos 1, fracción I y 20, inciso A fracciones I y XI de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y al no haberlo hecho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, ya que el texto del precepto transcrito de la Ley de Amparo, contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto. El hacer referencia a la no exigencia de mayores requisitos, significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto combatido, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Circunstancia que no se actualiza porque la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados. Es así, dado que en cuanto a la suspensión del acto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 95. La suspensión de los actos impugnados podrá ser concedida por el Tribunal, lo que se comunicará de inmediato a la autoridad demandada para su cumplimiento. Artículo 96. El actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada hasta en tanto no se resuelva el asunto. No se otorgará la suspensión si es en perjuicio del interés social, se contravengan disposiciones de orden público o si se dejare sin materia el procedimiento. Cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad de subsistencia o el acceso al domicilio que habiten, el Tribunal podrá dictar las medidas cautelares pertinentes para preservar dicho medio de subsistencia o el acceso al domicilio. Excepcionalmente y bajo su más estricta responsabilidad, se podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios, en cualesquiera de las fases del procedimiento, hasta antes de que se dicte sentencia. La suspensión podrá ser revocada por el Tribunal en cualquier etapa del juicio, si varían las condiciones por las cuales se otorgó." "Artículo 97. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión cuando quien la solicita garantice su importe ante la Secretaría del ramo o ante la Tesorería Municipal que corresponda, en alguna de las formas establecidas por las disposiciones fiscales aplicables." "Artículo 98. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía, cuyo monto le señale el Tribunal." Luego, si la parte quejosa tiene a su alcance el medio ordinario de defensa mencionado para combatir la resolución de cuatro de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la Construcción, todos del Municipio de Zacatecas, por el que resuelven el recurso de revisión que el quejoso hizo valer contra el oficio Sduma/0105/2019, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve y ratifican la negativa de la expedición de la licencia de construcción para la ampliación de un primer nivel del inmueble ubicado en Calle Abasolo número mil doscientos catorce, Centro histórico en Zacatecas, es inconcuso que previo a la promoción del juicio de amparo, debe agotar el principio de definitividad, esto es, el juicio contencioso administrativo referido. Sirve de apoyo de lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia XV.4o. J/6, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL.- Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado". Asimismo, robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." También, se cita la siguiente jurisprudencia: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En esas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se toma la anterior determinación sin soslayar lo expuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, si bien el referido artículo en su párrafo segundo exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Luego, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, este juzgado se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación argumentados por el quejoso Jesús Elfego Sifuentes Pérez, en relación al acto que reclama de las autoridades responsables precisadas en el considerando que antecede. En ese aspecto, se cita el contenido que informa la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No es óbice para llegar a tal conclusión la circunstancia de que las autoridades responsables hayan invocado otra causal de improcedencia, pues aun cuando pudiera actualizarse, de igual modo conducirían a decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que resulta irrelevante para este Juzgado Federal su estudio. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Novena Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos catorce, del Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 345/2019-II, promovido por Jesús Elfego Sifuentes Pérez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ma. de los Ángeles Huerta Vázquez, secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, conforme al oficio CCJ/ST/2226/2019, de la propia fecha, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando ante la licenciada Adriana Salazar Orozco, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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