Jesús Eladio Lopez Leyva
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Eladio Lopez Leyva
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo 71/2022-1A, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta por ********************por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta por ********************consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Eladio López Leyva, contra actos de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 71/2022-1A. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y, 114, fracción I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la impetrante de garantías para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído y, con copias suficientes del escrito aclaratorio, cumpla con lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; lo anterior, implica que el ocursante del amparo debe: Deberá precisar si fueron condenadas todas y cada una de las autoridades demandadas Presidente Municipal, Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal todos del Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa: y Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el juicio de nulidad número 194/2015-II, del índice de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Asimismo, precise si se condenó alguna autoridad demandada en específico en el juicio de nulidad 194/2015-II; y deberá indicar si la señala como autoridad responsable (y no como tercero interesada). Además, indique cuál o cuáles fueron las prestaciones a las que fueron condenadas cada una de esas autoridades. Lo anterior, porque de la lectura íntegra de su demanda de amparo, se advierte como causa de pedir, que se cumpla con la sentencia dictada en el citado procedimiento contencioso administrativo, por tanto, como es claro que las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, no pueden coaccionar a las autoridades demandadas condenadas, a cumplir sus fallos, lo procedente es el juicio de amparo indirecto. En efecto, el Máximo Tribunal del país ha resuelto a través de jurisprudencia firme que en caso de que las autoridades federales o locales que fueron demandadas y condenadas en un juicio de índole judicial o jurisdiccional, no cumplan voluntariamente con la sentencia, tal omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo indirecto, pues con ello se afecta la esfera legal del particular, al impedirle obtener la prestación que demandó en el juicio en el que se dictó sentencia a su favor; por tanto, se insiste, como la causa de pedir en la presente demanda de amparo es la de obtener lo condenado en la sentencia de nulidad antes referida, luego entonces, tendrán que ser las autoridades allí demandadas, las responsables en el presente juicio de amparo Lo así dicho tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En la inteligencia de que, de no cubrir la prevención de que se trata en el plazo y términos indicados, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Benito Juárez número 554 Oriente, Colonia Centro de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Chystrian Paúl Herrera Gastelum y Enrique Román Cruz Gastelum, y únicamente para imponerse de autos a José Joaquín Morín Ramos, en razón de que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Asimismo, con relación a la solicitud que realiza la parte quejosa en el sentido de que se autorice el uso de medios electrónicos para la consulta del presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, permítase la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso de cámara fotográfica, celular o lector óptico, para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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