Jesús Eduardo Vigil Sánchez
Expediente 599/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Vigil Sánchez
- Rodrigo Ayala Grimaud y Otros.
- Rodrigo Ayala Grimaud
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 599/2018, promovido por Jesús Eduardo Vigil Sánchez, defensor particular de ********************, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado por este tribunal el veintiocho de noviembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en consideración que en el presente juicio de garantías se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, que carece de relevancia documental y que en el mismo no fueron exhibidos documentos originales, se concluye que es susceptible de destrucción. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto décimo primero del acuerdo en comento, procédase a la destrucción de este expediente. Por otra parte, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. ......
- Incidental
Monterrey, Nuevo León, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del incidente de suspensión 599/2018-VIII, el oficio mediante el cual, la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, informa que dentro de la carpeta judicial 11123/2018, el veintidós de los corrientes se llevó a cabo una audiencia, en la que se formuló imputación y dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso +++++++++++++, por hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin imponer medida cautelar alguna, y estableciendo como plazo de cierre de investigación complementaria el de tres meses, el cual fenecerá el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. ....
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 599/2018-VIII, el oficio mediante el cual la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, informa la gestiones que se llevaron a cabo dentro de la carpeta judicial 11123/2018. Respecto de las pruebas documentales que allega la citada autoridad judicial, con fundamento en el artículo 119 de la ley en la materia, se tienen por anunciadas. Ahora bien, de dichas documentales se desprende que el veintidós de noviembre del año actual se desahogó una audiencia dentro de la carpeta judicial número 11123/2018, la cual es llevada en contra del aquí quejoso, por hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, en la que decretó auto de vinculación a proceso en contra de +++++, prescindiendo de imponer medidas cautelares en contra del citado agraviado, y estableciendo como plazo de cierre de investigación complementaria tres meses, el cual fenecerá el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. En consecuencia, a fin de resolver acerca de las consecuencias de lo anterior, es menester tener en cuenta que la parte quejosa en su demanda de garantías reclamó de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: "...el auto de fecha 15 de Octubre del año 2018, dictado dentro de la carpeta judicial 11123/2018 seguida en contra de mi representado el +++ por supuestos hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, auto en virtud del cual se ordena y fija fecha de 06 de Noviembre del año 2018 para el desahogo de AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN...". Ahora bien, del oficio citado en los párrafos que anteceden, se desprende que el Juez responsable, en fecha veintidós de noviembre de la presente anualidad, llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación que se encontraba programada en la carpeta judicial número 11123/2018, la cual es instruida en contra de ++, en la que dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por hechos constitutivos del delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin imponer medida cautelar alguna, y estableciendo como plazo de cierre de investigación complementaria tres meses, el cual fenece el día veintidós de febrero del año próximo. Certeza que fue corroborada con la constancia que el Juez responsable adjuntó a su oficio, consistente en copia del disco de video digital que contiene la celebración de la citada diligencia. ....... Con lo anteriormente relatado queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del quejoso ++++++, toda vez que, en el particular se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que emanados de un procedimiento judicial que en virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Resulta conveniente citar la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I... XVI. XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como se obtiene de la anterior trascripción, en específico, del primer párrafo de la fracción en comento, la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando al emanar el acto reclamado de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, surge una nueva situación jurídica que hace que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo no puedan analizarse, sin afectar, precisamente, esa nueva situación jurídica. La regla general o interpretación literal, hace referencia a que las violaciones reclamadas hayan quedado irreparablemente consumadas con el cambio de situación jurídica. Empero, también existen casos en los que el cambio de situación jurídica, si bien no produce que las violaciones reclamadas queden irreparablemente consumadas, lo cierto es que las mismas igualmente devienen de imposible análisis en el juicio de amparo, puesto que de hacerlo indudablemente se vería afectada esa nueva situación jurídica que ahora rige en el procedimiento. Así pues, de acuerdo a una interpretación amplia y conforme a cada caso concreto, puede concluirse que realmente la existencia de dicha causal se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, que dejó al acto reclamado en una secuela procesal anterior, lo cual hace improcedente el juicio de amparo de que se trata, aunque no necesariamente en todos los casos queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. En efecto, de la constancia que anexó la potestad judicial responsable en su comunicación 56761/2018, a la que se le confiere valor probatorio pleno, conforme lo disponen los artículos 129, 197 y 202, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a este juicio atento a lo establecido por el diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se desprende que el día veintidós de noviembre del año que transcurre, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación que se encontraba prevista en la carpeta judicial 11123/2018, la cual se instruye a Rodrigo Ayala Grimaud, en la cual una vez escuchadas las manifestaciones de las partes en la propia fecha dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por hechos constitutivos del ilícito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin imponer medida cautelar alguna, y estableciendo como plazo de cierre de investigación complementaria el de tres meses, el cual fenecerá el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Consecuentemente, se pone de manifiesto que ocurrió un cambio de situación jurídica, por virtud del auto de vinculación a proceso que se decretó contra del aquí quejoso, lo cual hace que ya no puedan analizarse mediante el presente juicio de amparo, las violaciones reclamadas que estimó se cometieron en su contra, por la determinación que dictó el Juez responsable, esto es, la citación que en su momento se emitió en la carpeta judicial que se le instruye, a efecto de que se le formulara imputación por parte de la representación social. Ello es así, ya que la materia de análisis del acto reclamado habría sido si la autoridad responsable vulneró o no los derechos fundamentales del quejoso, al fijarle una fecha para que se presentara a efecto de que se le formulara imputación, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a comunicarlo de manera inmediata, a fin de que surtiera los efectos legales dentro del juicio de amparo 517/2018-VIII (del índice de este Tribunal). De ahí que, se sostiene que las posibles violaciones que dicho acto pudiera haber ocasionado al agraviado, ya no son analizables por haber ocurrido un cambio en la situación jurídica de este último, quien por virtud del auto de vinculación a proceso dejó de ser investigado por los hechos respecto de los cuales se hizo la solicitud correspondiente, en la carpeta de investigación, para ser imputado en el procedimiento penal de origen, por estar ahora formalmente vinculado al mismo. Por consiguiente, no podría válidamente analizarse ese acto por virtud del cual, se le citaba en su calidad de investigado para que se iniciaran los actos del procedimiento tendentes a la resolución de su situación jurídica, pues es evidente que al haber ocurrido esto último, es decir, el dictado del auto de vinculación a proceso, legalmente ya no puede emitirse pronunciamiento alguno en cuanto a la constitucionalidad de aquella citación para la formulación de imputación, sin afectar el nuevo acto por el cual ocurrió un cambio de fase o estadío procesal, como lo fue el auto de término constitucional que al vincular a proceso al hoy quejoso, tuvo como consecuencia el inicio formal de un procedimiento penal en su contra. Ahora bien, cabe destacar que en términos Código Procesal Penal del Estado, la formulación de la imputación es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. De modo que, al tenor de la legislación aplicable, se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, esto es, que de no comparecer se procedería a comunicarlo de manera inmediata, a fin de que surtiera los efectos legales dentro del juicio de amparo 517/2018-VIII (del índice de este Tribunal) -acto reclamado en este juicio, es decir, la citación con el apercibimiento correspondiente- mismo que su materialización sí conlleva una afectación a la libertad, pues sujeta al imputado a los efectos del procedimiento penal con la finalidad de que se desahoguen las diligencias que se estimen pertinentes. De manera que las consecuencias que provocan este tipo de actos son que se sujete al quejoso a la jurisdicción de un órgano jurisdiccional en materia penal para la tramitación del proceso correspondiente seguido en su contra, lo que de suyo hace que dichos actos afecten la libertad del peticionario de garantía, es decir, se trata de un acto privativo de libertad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión. Además, refirió el Alto Tribunal, a partir de ese instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal. Asimismo, agregó que ello implica que el derecho a la libertad del citado pueda verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecusión del procedimiento que requieren de su ineludible presencia, estimando así la Superioridad que un acto como el que nos ocupa, al restringir temporalmente la libertad personal, afecta derechos sustantivos y debe ser considerado de imposible reparación. Bajo ese contexto, se pone de relieve que el Máximo Tribunal del País, ya ha definido la afectación temporal a la libertad del gobernado, cuando se emite un auto por virtud del cual se le cita para la formulación de imputación, con apercibimiento de orden de aprehensión. Afectación que se cataloga como temporal, ya que esa determinación de la autoridad y su consecuente afectación a la libertad del gobernado, no tiene efectos definitivos atendiendo primordialmente a su objeto, el cual es, como se dijo ya, que la representación social le comunique la investigación llevada en su contra con la intención de que se inicie un proceso judicial por virtud de uno o más hechos determinados. Por ende, es claro que cuando esa formulación de la imputación tiene verificativo, se escucha al investigado, en su caso se imponen medidas cautelares, y finalmente dentro del término constitucional se resuelve la situación jurídica de aquel, decretándose auto de vinculación a proceso, como ocurrió en el caso concreto, entonces la afectación temporal a su libertad personal producida por virtud del acto reclamado, ya no tiene su origen en aquella determinación de la autoridad, sino se ocasiona por virtud del auto de vinculación a proceso. Ante ese panorama, precisamente el Alto Tribunal estimó esa afectación a la libertad personal como de carácter temporal, atendiendo a su objeto, y la duración procesal hasta que se emita diverso acto que entonces ya sea que imponga una medida cautelar o hasta que se determine la situación jurídica de la inculpada y, en el caso, al ser una vinculación a proceso, se tiene como consecuencia el cambio en la fase del procedimiento y el inicio del proceso formal contra el ahora inculpado. Por todo lo antes expuesto, se ha venido señalando que el acto reclamado en este juicio ya no resulta analizable mediante el control constitucional en esta vía, pues en la controversia de origen, con el dictado del auto de vinculación a proceso, ha ocurrido un cambio de situación jurídica por haberse sustituido el procedimiento a otra etapa, lo cual impide dicho estudio sin que se afecte el nuevo acto; conclusión ésta la cual se sustenta en que cada etapa del procedimiento penal se rige por normas jurídicas autónomas, las que deben examinarse en forma separada, cuando son reclamadas en vía de amparo. ........En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la existencia de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del numeral 61 de la citada ley reglamentaria, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. En consideración a lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, misma que está programada para las nueve horas con cuatro minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. ......
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 599/2018-VIII, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, mediante el cual, en atención al proveído dictado el catorce de los corrientes, remite los incidentes de suspensión relativos al juicio de amparo 566/2018-IV de su índice, por tanto, identifíquense como corresponde al presente juicio constitucional, en la inteligencia que los mismos se encuentran debidamente resueltos. ......
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