Jesús Eduardo Torres Laurel

Expediente 1093/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1093/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo Torres Laurel

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Lázaro García Cervantes, autorizado de la parte quejosa y, como lo solicita, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias simples del escrito de expresión de agravios y una vez que el presente expediente se encuentre integrado, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, el original y copia del escrito de agravios, así como el presente juicio, para la substanciación del recurso relativo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes relativo con las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de un año otorgado mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, sin que obre constancia de que el quejoso ******************** se hubiera apersonado al presente juicio; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto y se tiene por no interpuesta la demanda relativa.

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa el auto de treinta y uno de agosto del año en curso: Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Torres Laurel, por conducto de su defensor Rogelio Navarro Peña, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico bajo número 1093/2023-3. Incompetencia Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida en la audiencia de revisión y modificación de medida cautelar desahogada el nueve de agosto de dos mil veintitrés en la que se negó la revocación de la medida de prisión preventiva oficiosa impuesta en la causa penal 380/2022. Asimismo, se obtiene que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California. En virtud de lo anterior, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado tiene ejecución material, pues el hecho de que se haya negado la revocación o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, genera que el quejoso permanezca privado de su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido. Entonces, si -como se indicó- el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, se considera que es en dicho municipio donde tiene ejecución el acto reclamado, ya que los efectos que produce sólo se relacionan con la libertad personal del agraviado y, por ende, el Juez que ejerce jurisdicción en ese lugar es quien resulta ser competente para conocer de la demanda relativa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 178232, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Contradicción de tesis 141/2004-PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 23 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 48/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco." En el mismo sentido se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006160, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Contradicción de tesis 51/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2013. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Tesis de jurisprudencia 14/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce." En ese orden de ideas, como se adelantó, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo se determina que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal conocer de la demanda relativa, al no ejercer jurisdicción en el lugar en donde tiene ejecución el acto que se reclama, pues ello corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a fin de que se turne al Juzgado de Distrito que corresponda y atentamente se solicita se informe la determinación tomada al respecto. Sin que sea el caso emitir pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Fontes Dustan, Nelson López Trevizo, Martín Francisco Rodríguez Silva, Josefina del Pilar Medrano Molina y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Guadalupe Medina Rea y Ernesto Portillo Villalobos, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredite como licenciados en Derecho. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Exhortación para uso de medios electrónicos. Se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas.

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