Jesus Eduardo Silva Vergara

Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
144/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Jesus Eduardo Silva Vergara
  • Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, advierto el proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 100 a 102), por el que declaré cumplida la sentencia dictada en este juicio. Lo cual hice del conocimiento a algunas partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas en caso de omitir hacerlo, tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito recibí dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en el artículo 202 primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, declaro que dicho acuerdo ha causado estado porque el cumplimiento allí declarado fue consentido. En ese contexto, ordeno hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Además, descarto emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causa estado, aunado a que si las responsables o el fiscal adscrito desearan conocer el estado de este juicio, tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, dejo establecido que si las responsables pidieran conocer el estado procesal de este juicio, se les habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo soliciten; lo mismo habrá de suceder con cualquier otra parte que presente escrito para conocer el estado procesal. Asimismo, dejo establecido que ningún documento original debe ponerse a disposición de las partes. Por último, ordeno glosar copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental, para los efectos legales conducentes.

  2. Incidental

    Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, y la copia de cuenta, advierto que con esta fecha ordené el archivo del juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo tanto, en esta fecha también ordeno el archivo del presente incidente de suspensión. Sobre todo porque advierto la inexistencia de billete de depósito o garantía exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, determino que el original del incidente de suspensión es depurable, pues concedí la medida provisional. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, instruyo al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  3. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal de este juicio, observo que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso, al fiscal tercero y al adscrito, mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 94) para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, procedo a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico revisaré si los actos realizados por la principal responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, resalto la sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 42 a 53) en la cual decreté el sobreseimiento por unos actos, y en otra parte otorgué el amparo al quejoso para que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, efectuara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en la causa, donde estableció el incumplimiento de la empresa afianzadora y ordenó la reaprehensión del quejoso con suspensión del procedimiento; 2. Emita un nuevo acuerdo, donde reitere el incumplimiento de la empresa afianzadora al requerimiento de presentar al quejoso, pero luego ordene notificar a este la radicación de la causa y lo requiera en forma personal, comparecer en un plazo de tres días para reanudar el cumplimiento a la obligación de firmar el libro de procesados en libertad bajo caución, con el apercibimiento de ordenar su reaprehensión si omitiera comparecer; 3. Disponga la notificación al quejoso del nuevo acuerdo y del diverso en que fue radicada la causa (emitido desde el once de julio de dos mil dieciséis); y 4. Remita sendos oficios al Fiscal General y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, donde les instruya cancelar la ejecución de la orden de reaprehensión librada el doce de marzo de dos mil dieciocho. Indico al juez responsable, que los efectos de la protección quedarán cumplidos hasta recibir copia certificada del nuevo acuerdo y de las notificaciones efectuadas al quejoso, en el domicilio procesal que tenga señalado o en el domicilio particular -el cual puede encontrar en las actuaciones de la causa-. Por último, a las autoridades ejecutoras, Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, les impongo la obligación de informarme que han cancelado la ejecución de la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. Lo cual deberán comunicar a través de los oficios respectivos, en el mismo plazo de tres días, pero hasta que les requiera el cumplimiento a esta sentencia de protección...". Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 67 a 69) requerí a las referidas autoridades responsables que procedieran al cumplimiento de la protección. Por oficio 1921 (foja 86) el citado juez responsable envió copias certificadas de algunas actuaciones del proceso penal ***, con el propósito de cumplir los términos de la protección. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 94) otorgué una vista de tres días al quejoso, al fiscal tercero y al adscrito a este juzgado, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la principal autoridad obligada. Tanto el quejoso como los fiscales en mención, omitieron presentar escritos durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificados en forma debida. Ahora, las copias que remitió el citado juez responsable (fojas 91 y 92) tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un secretario con facultades legales para autenticar documentos. De modo que puedo utilizarlas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, procedo a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Así, puntualizo que esas copias revelan que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emitió un acuerdo el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar, dictó otro en el que ordenó notificar el auto de once de julio de dos mil dieciséis, al quejoso, y también lo requirió para que en el plazo de tres días reanude el cumplimiento de su obligación, consistente en firmar el libro de procesados en libertad bajo caución, bajo el apercibimiento que de omitir hacerlo, se ordenará su reaprehensión. Asimismo, el citado juez responsable le hace del conocimiento al Fiscal General y Director de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, a fin de que procedan a cancelar la ejecución de la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso (la declarada ilegal). De igual forma, remitió copias certificadas de la notificación realizada al quejoso ***. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaro que la ejecutoria de protección emitida en el presente juicio, fue cumplida por la principal autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, ordeno dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, como al fiscal tercero, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) puntualizo los datos siguientes: a) La sentencia en la que decreté el sobreseimiento y otorgué el amparo, fue dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 42 a 53); b) La principal autoridad responsable obligada, terminó de cumplir la protección constitucional, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fecha cuando se hizo la notificación del quejoso en el proceso de origen (foja 92 vuelta). c) El siete de mayo de dos mil diecinueve, recibí en la oficialía de este juzgado el oficio número 1921 (foja 88) donde la principal autoridad responsable comunicó los últimos actos de cumplimiento realizados; y d) En la presente fecha, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, declaré cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN QUE DICE: De la certificación precedente y el estado procesal de este juicio, observo que ha concluido el plazo de tres días concedido al quejoso, al fiscal tercero y al adscrito, mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 94) para manifestarse respecto de los actos efectuados por la principal autoridad responsable, para cumplir la ejecutoria de protección. Entonces, procedo a determinar si fue cumplida la protección constitucional, en específico revisaré si los actos realizados por la principal responsable obligada, se ajustan a los efectos del amparo otorgado. De entrada, resalto la sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 42 a 53) en la cual decreté el sobreseimiento por unos actos, y en otra parte otorgué el amparo al quejoso para que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, efectuara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en la causa, donde estableció el incumplimiento de la empresa afianzadora y ordenó la reaprehensión del quejoso con suspensión del procedimiento; 2. Emita un nuevo acuerdo, donde reitere el incumplimiento de la empresa afianzadora al requerimiento de presentar al quejoso, pero luego ordene notificar a este la radicación de la causa y lo requiera en forma personal, comparecer en un plazo de tres días para reanudar el cumplimiento a la obligación de firmar el libro de procesados en libertad bajo caución, con el apercibimiento de ordenar su reaprehensión si omitiera comparecer; 3. Disponga la notificación al quejoso del nuevo acuerdo y del diverso en que fue radicada la causa (emitido desde el once de julio de dos mil dieciséis); y 4. Remita sendos oficios al Fiscal General y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, donde les instruya cancelar la ejecución de la orden de reaprehensión librada el doce de marzo de dos mil dieciocho. Indico al juez responsable, que los efectos de la protección quedarán cumplidos hasta recibir copia certificada del nuevo acuerdo y de las notificaciones efectuadas al quejoso, en el domicilio procesal que tenga señalado o en el domicilio particular -el cual puede encontrar en las actuaciones de la causa-. Por último, a las autoridades ejecutoras, Fiscal General y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, les impongo la obligación de informarme que han cancelado la ejecución de la orden de reaprehensión librada contra el quejoso. Lo cual deberán comunicar a través de los oficios respectivos, en el mismo plazo de tres días, pero hasta que les requiera el cumplimiento a esta sentencia de protección...". Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión. Mediante acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 67 a 69) requerí a las referidas autoridades responsables que procedieran al cumplimiento de la protección. Por oficio 1921 (foja 86) el citado juez responsable envió copias certificadas de algunas actuaciones del proceso penal ***, con el propósito de cumplir los términos de la protección. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 94) otorgué una vista de tres días al quejoso, al fiscal tercero y al adscrito a este juzgado, para manifestarse como a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la principal autoridad obligada. Tanto el quejoso como los fiscales en mención, omitieron presentar escritos durante el referido plazo de tres días, aun cuando fueron notificados en forma debida. Ahora, las copias que remitió el citado juez responsable (fojas 91 y 92) tienen pleno valor probatorio como documento público, debido a que fueron certificadas por un secretario con facultades legales para autenticar documentos. De modo que puedo utilizarlas para resolver el cumplimiento a la protección de amparo, dado lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Entonces, procedo a revisar si las actuaciones recibidas en copias certificadas, se ajustan a los efectos de la protección otorgada. Así, puntualizo que esas copias revelan que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emitió un acuerdo el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho y en su lugar, dictó otro en el que ordenó notificar el auto de once de julio de dos mil dieciséis, al quejoso, y también lo requirió para que en el plazo de tres días reanude el cumplimiento de su obligación, consistente en firmar el libro de procesados en libertad bajo caución, bajo el apercibimiento que de omitir hacerlo, se ordenará su reaprehensión. Asimismo, el citado juez responsable le hace del conocimiento al Fiscal General y Director de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, a fin de que procedan a cancelar la ejecución de la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso (la declarada ilegal). De igual forma, remitió copias certificadas de la notificación realizada al quejoso ***. Todo lo cual se ajusta a los efectos de la protección. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaro que la ejecutoria de protección emitida en el presente juicio, fue cumplida por la principal autoridad responsable obligada, sin excesos ni defectos en las actuaciones realizadas. Luego, ordeno dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que esté en aptitud de manifestarse en términos de sus obligaciones legales; y hágase del conocimiento este proveído tanto al quejoso, como al fiscal tercero, para que si lo desean puedan recurrir esta decisión, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) puntualizo los datos siguientes: a) La sentencia en la que decreté el sobreseimiento y otorgué el amparo, fue dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 42 a 53); b) La principal autoridad responsable obligada, terminó de cumplir la protección constitucional, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, fecha cuando se hizo la notificación del quejoso en el proceso de origen (foja 92 vuelta). c) El siete de mayo de dos mil diecinueve, recibí en la oficialía de este juzgado el oficio número 1921 (foja 88) donde la principal autoridad responsable comunicó los últimos actos de cumplimiento realizados; y d) En la presente fecha, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, declaré cumplida la ejecutoria de amparo.

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