Jesús Eduardo Rodríguez González y Otros.

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo Rodríguez González y Otros.
  • Jesús Eduardo Rodríguez González

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Jesús Eduardo Rodríguez González, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en el auto aclaratorio que precede; por tanto, se acuerda: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Jesús Eduardo Rodríguez González, el carácter de representante legal del menor con iniciales L.R.R. pues así lo demuestra con la exhibición de la copia certificada del acta de nacimiento de este último, identificada con el número electrónico 110200012201900001443. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, se advierte que de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. En el presente caso, lo que la parte quejosa combate a través de esta vía constitucional es el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del dentro del juicio 868/2020-F, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, en el que se reservó hasta la audiencia de reanudación del juicio, previo agotamiento de la fase previa de conciliación, acordar sobre la solicitud de convivencia, en calidad de vacaciones, entre el quejoso y su menor hijo. El artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dispone que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables. Así, en términos del citado numeral, en el juicio de origen (donde la parte quejosa es parte accionante), era procedente el recurso de revocación contra el auto que aquí se reclama; pues se trata de un proveído que no está previsto como apelable ni resuelve un incidente, en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; de ahí que puede ser revocado por el juez que lo dictó. En este orden de ideas, resulta evidente que el acto que se tilda de inconstitucional debe ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a través del cual es factible lograr su modificación, revocación o anulación. Además, no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa; no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen. En ese contexto, la quejosa está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de revocación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto reclamado procede revocación de conformidad con el artículo 232 del aludido Código, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la determinación reclamada. No pasa inadvertido que los artículos 893 y 894 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, señalan en forma precisa las determinaciones en contra de las cuales procede el recurso de revocación y de apelación; y que entre las recurribles vía revocación no se encuentra la determinación que constituye el acto reclamado. Sin embargo, los artículos 893 y 894 del mismo ordenamiento legal, hacen mención de las determinaciones que pueden ser impugnados a través del recurso de revocación o apelación, pero se refieren de forma expresa a las resoluciones adoptadas dentro de la propia audiencia oral, sin contemplar las diversas determinaciones dictadas fuera de tales audiencias. Luego, la procedencia de los recursos previstos en los artículos 892 y 893 del código analizado, aplican exclusivamente a las resoluciones dictadas dentro de las audiencias en los juicios orales; y por exclusión, los autos y decretos dictados fuera de las audiencias, se encuentran regulados por la regla general procedencia del recurso de revocación-, emanada del numeral 232 del aludido código procesal, cuyas disposiciones deben interpretarse en forma sistemática. Máxime que, el propio artículo 801 de dicho código, prevé que en todo lo no previsto en ese libro -Libro Sexto de los Juicios Orales-, regirán las disposiciones contenidas en los Libros Primero y Segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; en tanto que dentro del libro primero del citado código se encuentra el "TÍTULO SEXTO Recursos CAPÍTULO I Revocación", lo cual hace factible la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 232 del citado ordenamiento legal. Tampoco escapa de este estudio, que de la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, 1a./J. 77/2013 (10a.), registro digital: 2004677, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; se desprende que atendiendo al interés del menor de edad, es posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto, como cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, en el caso de ejecutarse la resolución impugnada; sin embargo, en el presente caso, no se advierte ese riesgo de vulnerabilidad en perjuicio de la menor, esto es, que se le deba evitar de inmediato un perjuicio a ésta. Ello en virtud de que lo reclamado por la parte quejosa es la reserva de decretar una convivencia únicamente durante la temporada vacacional; de ahí que el acto reclamado no representa para el menor involucrado, o al menos eso no está probado en autos, un riesgo de vulnerabilidad, que deba suspenderse de inmediato. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Jesús Eduardo Rodríguez González, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en el auto aclaratorio que precede; por tanto, se acuerda: RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Jesús Eduardo Rodríguez González, el carácter de representante legal del menor con iniciales L.R.R. pues así lo demuestra con la exhibición de la copia certificada del acta de nacimiento de este último, identificada con el número electrónico 110200012201900001443. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, se advierte que de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. En el presente caso, lo que la parte quejosa combate a través de esta vía constitucional es el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del dentro del juicio 868/2020-F, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, en el que se reservó hasta la audiencia de reanudación del juicio, previo agotamiento de la fase previa de conciliación, acordar sobre la solicitud de convivencia, en calidad de vacaciones, entre el quejoso y su menor hijo. El artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dispone que el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables. Así, en términos del citado numeral, en el juicio de origen (donde la parte quejosa es parte accionante), era procedente el recurso de revocación contra el auto que aquí se reclama; pues se trata de un proveído que no está previsto como apelable ni resuelve un incidente, en términos del artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; de ahí que puede ser revocado por el juez que lo dictó. En este orden de ideas, resulta evidente que el acto que se tilda de inconstitucional debe ser impugnado mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, a través del cual es factible lograr su modificación, revocación o anulación. Además, no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no se trata de un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa; no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen. En ese contexto, la quejosa está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de revocación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto reclamado procede revocación de conformidad con el artículo 232 del aludido Código, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la determinación reclamada. No pasa inadvertido que los artículos 893 y 894 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, señalan en forma precisa las determinaciones en contra de las cuales procede el recurso de revocación y de apelación; y que entre las recurribles vía revocación no se encuentra la determinación que constituye el acto reclamado. Sin embargo, los artículos 893 y 894 del mismo ordenamiento legal, hacen mención de las determinaciones que pueden ser impugnados a través del recurso de revocación o apelación, pero se refieren de forma expresa a las resoluciones adoptadas dentro de la propia audiencia oral, sin contemplar las diversas determinaciones dictadas fuera de tales audiencias. Luego, la procedencia de los recursos previstos en los artículos 892 y 893 del código analizado, aplican exclusivamente a las resoluciones dictadas dentro de las audiencias en los juicios orales; y por exclusión, los autos y decretos dictados fuera de las audiencias, se encuentran regulados por la regla general procedencia del recurso de revocación-, emanada del numeral 232 del aludido código procesal, cuyas disposiciones deben interpretarse en forma sistemática. Máxime que, el propio artículo 801 de dicho código, prevé que en todo lo no previsto en ese libro -Libro Sexto de los Juicios Orales-, regirán las disposiciones contenidas en los Libros Primero y Segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; en tanto que dentro del libro primero del citado código se encuentra el "TÍTULO SEXTO Recursos CAPÍTULO I Revocación", lo cual hace factible la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 232 del citado ordenamiento legal. Tampoco escapa de este estudio, que de la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, 1a./J. 77/2013 (10a.), registro digital: 2004677, del rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO."; se desprende que atendiendo al interés del menor de edad, es posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto, como cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, en el caso de ejecutarse la resolución impugnada; sin embargo, en el presente caso, no se advierte ese riesgo de vulnerabilidad en perjuicio de la menor, esto es, que se le deba evitar de inmediato un perjuicio a ésta. Ello en virtud de que lo reclamado por la parte quejosa es la reserva de decretar una convivencia únicamente durante la temporada vacacional; de ahí que el acto reclamado no representa para el menor involucrado, o al menos eso no está probado en autos, un riesgo de vulnerabilidad, que deba suspenderse de inmediato. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Vista la demanda de amparo firmada por Jesús Eduardo Rodríguez González, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 555/2021-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo, señala que el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. IRREGULARIDAD RELACIONADA CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA EL PROMOVENTE. De los artículos 6° y 11° de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo solo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y dicha persona puede promover el juicio hacer por sí misma, por su representante legal o su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. Además, cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para que le sea admitida en el procedimiento constitucional debe acreditarlo fehacientemente con las constancias respectivas. En el caso, la demanda de amparo está promovida por Jesús Eduardo Rodríguez González por propio derecho y en representación de su mejor hijo con iniciales L.R.R., sin embargo, no exhibió documento alguno para acreditar que cuenta con la representación legal del menor. Por ello, debe requerirse a la promovente para que acredite de manera fehaciente la personalidad con la que aquí se ostenta. REQUERIMIENTO. En mérito de lo anterior, se requiere al promovente para que dentro un plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído: ÚNICO. Jesús Eduardo Rodríguez González, acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, en caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Reyes Durán López y Guillermo Ochoa Vargas, pues demuestran estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, ya que tienen registradas sus cédulas profesionales, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del ordinal en cita a Gustavo Figueroa De La Cruz y Luis Fernando Durán Torres, pues con independencia de que no tienen el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dichas personas acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Además, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, la siguiente dirección de correo electrónico praxisamparo@hotmail.com. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice la notificación personal del presente auto, así como las subsecuentes que resulten durante la tramitación del juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias del presente acuerdo y de todas y cada una de las actuaciones posteriores que se vayan generando, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual deberá entregarse al momento de su notificación. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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