Jesús Eduardo Rodríguez Albarrán

Expediente 323/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
323/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo Rodríguez Albarrán

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de veintitrés de octubre de este año suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio 5947/2021 dirigido al agente del Ministerio Público del tercer turno de la mesa 4 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que fue informado por la coordinadora de los agentes del Ministerio Público de dicha dependencia, que se encontraba mal dirigido; por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones, se ordena la reexpedición del mismo, al Agente del Ministerio Público del Primer Turno de la Central 4 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se instruye al Oficial Judicial A, para que realice el cambio de la autoridad en comento en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional no recurrieron la sentencia de treinta de octubre del año pasado, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en virtud de que mediante sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo (artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo). Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo; háganse constar las leyendas de valor que corresponda en la carátula del expediente principal. Se hace la precisión que una vez que obre en autos las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de uno de los cursantes, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita, para notificar personalmente la sentencia dictada en este juicio de amparo a la parte quejosa. En consecuencia, notifíquese dicha resolución por lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese. En cumplimiento al proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, que a la letra dice: Vistos, los autos, para resolver el juicio de amparo 323/2020-III, promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado al día siguiente a este juzgado de distrito, Samaria Albarrán Guerrero en representación de Jesús Eduardo Rodríguez Albarrán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se citan: AUTORIDAD RESPONSABLE: "[.] Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Mesa 4 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México [.]". ACTO RECLAMADO: "La incomunicación de la que es víctima el quejoso, toda vez que hasta este momento no se me ha permitido tener comunicación alguna con su persona y se han negado a darme cualquier tipo de informe." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Previo desahogo de la prevención formulada, en auto de diez de abril de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos que se están ejecutando dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consiste en la incomunicación de la parte quejosa. TERCERO. Certeza de actos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en su denominación correcta, consistente en la incomunicación de la parte quejosa; lo anterior, en razón que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para ello. CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, debe decirse que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el informe justificado del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en su denominación correcta, recibidas en este juzgado el nueve de octubre de dos mil veinte, se aprecia que han cesado los efectos del acto reclamado. Prueba documental consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación ***** y *****, prueba a la que se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se precisa que dicha documental es tomada en consideración al emitir la presente sentencia en razón que acredita la causa de sobreseimiento que se estudia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1279, Registro 2000902, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." En el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la parte quejosa reclamó la incomunicación y el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia Central Cuatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que el diez de abril de dos mil veinte, a las doce horas con cincuenta y dos minutos, realizó la diligencia de informar los derechos que en calidad de imputado le asisten al quejoso y en esa misma data a las trece horas le realizó una entrevista; diligencias en las cuales se advierte que estuvo presente, en calidad de defensor particular, el promovente del amparo Samaria Albarrán Guerrero, por lo que se patentiza que la incomunicación de la que se duele la parte quejosa cesó en sus efectos, en la medida que el promovente del amparo prestó asesoría jurídica desde el diez de abril de la anualidad cursante, y con ello el acto reclamado dejó de existir, esto es, el acto reclamado quedó subsanado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así pues, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, del tenor siguiente. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación jurídica anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****. Notifíquese personalmente.

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