Jesús Eduardo Puente Pinzon
Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Puente Pinzon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de septiembre de este año, donde se sobreseyó el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se advierte que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el presente juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las once horas del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 745/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló, que el tercero interesado invocó diversa causal de improcedencia y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 745/2023, promovido por *****, contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El doce de abril de la presente anualidad, ante la Sala responsable, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de ésta por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión. Previa declaratoria de incompetencia por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para conocer del asunto, así como del homólogo Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la demanda se recibió en este órgano jurisdiccional, y previa aclaración se admitió el once de julio pasado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se tuvo por rendido el informe justificado de la Sala responsable; se señaló parte tercera interesada y se emplazó. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no intervino; se dio vista con el informe rendido por la responsable, la sucesión tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, **** de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de *****, tramitado ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. El acto reclamado es la sentencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictada en los tocas de apelación **** del índice de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de desahogar diversas pruebas periciales en materia de caligrafía y grafoscopía ofrecidas y admitidas para ambas partes, incluyendo la pericial del tercero en discordia, así como para proveer lo inherente al señalamiento de fecha para el desahogo de la junta de peritos prevista en el ordinal 350 del código adjetivo aplicable, en el juicio ordinario civil **** del índice del Juzgado Cuarto Familiar de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, ***** aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que remitió en su apoyo, las que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, el acto reclamado no es de imposible reparación, por tratarse de una resolución que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, ***** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.] Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora bien, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta forma el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo vigente. En el caso, se reclama la sentencia en segunda instancia, que ordenó la reposición del procedimiento, para el efecto de desahogar diversas pruebas periciales en materia de caligrafía y grafoscopía ofrecidas y admitidas en el procedimiento, así como a proveer lo inherente a la junta de peritos relativo al desahogo de las mismas, lo que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la tramitación de tal proceso. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc -y que son algunos ejemplos de aquellos que pueden afectarse en forma irreparable-. Así, el reclamo únicamente tiene efectos inherentes a la prosecución judicial estableciendo los términos en que deberá seguirse la etapa probatoria, esto es, solo tiene el efecto de seguir la marcha del proceso con el desahogo de diversas pruebas periciales en materia de caligrafía y grafoscopía, sin decidirlo o constituir derechos entre las partes. Lo anterior revela que los aspectos materia de la resolución reclamada son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, que los derechos sustantivos del accionante, quedan excluidos de su alcance. Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, página 13, en materia común, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Así como, por analogía, la jurisprudencia en materia común, VI.2o.C. J/24 (10a.), de la Décima Época, con registro: 2015061, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE EN RECLAMACIÓN, A EFECTO DE PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL RESPECTIVA EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor desde el 1 de enero de 2005, establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento; por tanto, la admisión o el desechamiento de pruebas debe impugnarse por medio de dicho recurso, al tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento ya que, de no hacerse así, la violación procesal respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva, por no haberse preparado la acción constitucional, en términos de los artículos 161 de la Ley de Amparo abrogada y 171 de la vigente." Máxime que la sentencia reclamada, no contiene una condena en costas o alguna carga adicional en contra del quejoso, por lo que en este aspecto, tampoco se le genera una afectación sustantiva. Así, después de analizar el acto reclamado y sus constancias procesales, deviene que no hay una situación excepcional que importe un cambio a la naturaleza meramente adjetiva que tiene la reposición del procedimiento, cuyo objeto se ciñe a recabar e integrar la totalidad del caudal probatorio, para en su momento fallar. Orienta lo anterior el criterio de jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1180, que dispone: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Además, cabe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente emita el Juez primigenio contando, con la totalidad de las probanzas, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que prevé la ley. También se cita, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, cuyo es: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo anterior, en virtud de la naturaleza intraprocesal de la sentencia reclamada, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 745/2023, promovido por ****, contra actos de la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de J..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; vista las constancias que remite en apoyo a su informe justificado el Juzgado responsable, el suscrito acuerda: Dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmense los cuadernos auxiliares VII y VIII, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; vistas las constancias que remite la Sala responsable, el suscrito acuerda: Dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Fórmense los cuadernos auxiliares 1 al V1, e infórmese a la parte quejosa que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora, de las constancias allegadas, se advierte que no obran los documentos base de la acción, así como los ofrecidos como pruebas en el asunto natural, en consecuencia, se requiere a la Sala responsable para que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, remita copia certificada, subsistiendo el apercibimiento con que se le conminó. Por lo anterior no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere su celebración y se fijan las se fijan las ONCE HORAS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativ, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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