Jesús Eduardo Moreno Rico

Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
15/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
  • Jesús Eduardo Moreno Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 15/2023-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración del presente cuaderno incidental, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 15/2023-I, promovido por la parte quejosa********************, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Investigación Uno, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Federal,******************** promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNO. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DOS. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 3. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. MATAMOROS, TAMAULIPAS. 4. INSPECTOR DE LA POLICÍA INVESTIGADORA. MATAMOROS, TAMAULIPAS. ACTOS RECLAMADOS: "La infundada y anticonstitucional orden de comparecencia, presentación o aprehensión que se haya girado en mi contra por las autoridad que se ha señalado como Ordenadoras y de donde emana el acto reclamado, que pretende realizar la autoridad responsable señalada como ordenadora, por conducto de la autoridad ejecutoria". SEGUNDO. En auto de doce de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 15/2023-I; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Uno (foja 13); Agentes del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación 2 (foja 14); y, Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado (foja 18), todas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. La parte quejosa******************** no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." TERCERO. La Agente Policía Investigador, encargada del Distrito Matamoros (foja 16), al rendir su informe justificado, manifestó que en la Inspección General a su cargo, encontró un registro de una orden de aprehensión girada en contra del quejoso********************; motivo por el cual, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte agraviada para que en el término de quince días legalmente computados, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto de la citada orden presumiblemente librada por el Juez de Ejecución de Sanciones, de esta localidad, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021. Por escrito recibido en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa pretendió ampliar su demanda de garantías respecto al acto y autoridad responsable descrita en el párrafo que antecede; sin embargo, su promoción resultó extemporánea, por las razones que se expusieron en dicha determinación, lo que motivó que se desechara la ampliación de la demanda intentada. Pues bien, este órgano de control constitucional no se ocupará del estudio de los conceptos de violación aducidos en la demanda respecto de los actos de ejecución reclamados de la Agente Policía Investigador, encargada del Distrito Matamoros, al derivar de la orden de una autoridad que no fue llamada oportunamente al juicio de garantías que nos ocupa; ello, porque opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por las razones que en seguida se exponen. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la Ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes. (.)" Para estar en condiciones de sustentar la afirmación de improcedencia de este juicio, es menester precisar que conforme a la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es parte la autoridad o autoridades responsables, cuyo carácter recae en quienes dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que quienes realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. De lo antes expuesto, es evidente que si el quejoso reclama de la Agente Policía Investigador, encargada del Distrito Matamoros, una ejecución de una orden de captura librada en su contra, derivada del ordenamiento de diversa autoridad que no fue llamada oportunamente al juicio de garantías que nos ocupa, no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto de ejecución. Lo anterior es así, ya que las autoridades, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, pues de lo contrario, las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de garantías en defensa de sus actos, e inclusive para alegar causas de improcedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69 del Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo, no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la actual Ley de Amparo, les revista el carácter de responsables, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. De ahí que, cuando el juzgador advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable, a efecto de no incurrir en violaciones al procedimiento, debe prevenir a la parte quejosa para que haga la regularización correspondiente. Sirve de sustento, la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, Materia Común, Novena Época, bajo el siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.", ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, cuando se reclama en el juicio de garantías un acto que emitió o ejecutó una autoridad y ésta no es llamada, como autoridad responsable, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el juzgador estaría impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aún cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados y el impetrante de garantías no la designa con tal carácter, lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En la especie, según se vio, del análisis integral de la demanda y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclama de la Agente Policía Investigador, encargada del Distrito Matamoros, la ejecución de la orden de captura girada en su contra. Dicha autoridad, en su informe justificado, manifestó que en la Inspección General a su cargo, encontró un registro de una orden de aprehensión girada en contra del quejoso********************, presumiblemente por el Juez de Ejecución de Sanciones, de esta localidad, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021; lo cual se traduce en que esta última autoridad tiene el carácter de ordenadora. En el caso, como ya se dijo, este Juzgado de Distrito, en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dio vista a la parte agraviada para que en el término de quince días legalmente computados, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto de la citada orden presumiblemente librada por el Juez de Ejecución de Sanciones, de esta localidad, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021. Por escrito recibido en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa pretendió ampliar su demanda de garantías respecto al acto y autoridad responsable descrita en el párrafo que antecede; sin embargo, su promoción resultó extemporánea, por las razones que se expusieron en dicha determinación, lo que motivó que se desechara la ampliación de la demanda intentada. Es por ello, que ante la omisión de señalar oportunamente al Juez de Ejecución de Sanciones, de esta localidad, como autoridad responsable en el presente juicio, no obstante que se le previno en ese sentido en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Es así, en razón de que no es posible analizar en esta instancia constitucional un acto ordenado por una autoridad que no tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de la legalidad de su actuación, originada por la omisión de la parte quejosa de llamarla oportunamente al presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, Materia Común, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento legal, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Es de señalarse que ante el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, localizada en la página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por********************. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Jesús Eduardo Moreno Rico, a través del cual, en relación a la vista que se le dio en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, pretende ampliar su demanda de garantías respecto de la orden de reaprehensión girada en su contra el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones de esta localidad. En tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, aplicado a contario sensu, se desecha la ampliación de demanda pretendida por la parte agraviada, en virtud de que su promoción resulta extemporánea, al no haberse realizado dentro del término de quince días que tenía para hacerlo. En efecto, el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la ley que nos ocupa, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las normas transcritas, se advierte que el amparo es improcedente contra resoluciones o actos que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquéllos contra los que no se haya promovido dentro del plazo -por regla general- de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que (a) surta efectos conforme a la ley del acto, (b) la notificación al quejoso o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o (c) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, exceptuando de dicho plazo cuando se reclamen: a. Una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición, en este caso, el plazo es de treinta días; b. Sentencia definitiva en proceso penal que imponga pena de prisión, que será hasta ocho años; c. Tratándose de núcleos de población ejidal o comunal de siete años, a partir de que la autoridad responsable notifique aquellos actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios; y, d. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el numeral 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas nacionales. Cabe destacar que, tratándose de la causal de improcedencia de extemporaneidad a que se refiere el precepto 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, las anteriores excepciones son las únicas aplicables por estar contempladas de manera expresa en la ley reglamentaria, las que por ese motivo deben ser estudiadas y en su caso actualizadas directamente; sin que pueda aplicarse por analogía o por mayoría de razón un supuesto similar. Lo anterior, en el entendido de que, para consentir un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que éste exista, agravie a la parte quejosa y haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del plazo legal la acción constitucional, se conforme con el mismo, o lo hubiese admitido por manifestaciones de voluntad. En torno a la aplicación del plazo previsto en el primer párrafo del numeral 17 antes transcrito, es importante destacar que aunque el acto reclamado en la ampliación de demanda de garantías que nos ocupa, afecta la libertad personal del inculpado aquí quejoso -aunque no por sí mismo-, lo cierto es, que se trata de un acto emitido dentro del procedimiento penal, pues se está en presencia de una orden de reaprehensión girada en su contra el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021, del índice del Juez de Ejecución de Sanciones de esta localidad. Además, sobre el tema existe criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que da respuesta integral, el que resulta de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En efecto, a través de la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a), el Máximo Tribunal del País, determinó que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal, dictados en el proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece, como es el caso, del acto reclamado, es el genérico de quince días, previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De ahí que, aun cuando el acto reclamado pudiera implicar un ataque a la libertad personal del inconforme, lo cierto es, que el mismo se dictó dentro de un procedimiento penal, en fecha posterior a la reforma de la Ley de Amparo, de tres de abril de dos mil trece, por lo que, como se anticipó, indudablemente se ubica en el supuesto que establece la jurisprudencia transcrita y, por ende, el plazo con que contaba la parte quejosa para promover la demanda de amparo era el genérico de quince días. Bajo esa premisa, el cómputo de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, en el caso que nos ocupa, engasta en la hipótesis establecida en el inciso b), preindicado, esto es, a partir del día siguiente de la notificación al quejoso o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento. Se dice lo anterior, en virtud de que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de garantías, específicamente, en relación a la vista que este Juzgado de Distrito le dio en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno. En dicho acuerdo este Tribunal Federal lo requirió para que dentro del término de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto de la orden de reaprehensión presumiblemente librada por el Juez de Ejecución de Sanciones de esta localidad, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la carpeta penal CP/115/2021. Dicho auto le fue notificado al licenciado Gualberto Santiago Hernández, en su carácter de autorizado por el propio agraviado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Por ende, el cómputo de los quince días con que contaba la parte quejosa para ampliar su demanda de garantías, inició al día siguiente al que surtió efectos la notificación del acuerdo en el que se tuvo por recibido el informe justificado; esto es, el veintitrés de enero de dos mil veintitrés De ahí que, el cómputo con el que contaba la parte agraviada para ampliar su demanda de garantías le transcurrió el veintitrés de enero de dos mil veintitrés y le feneció el diez de febrero de esta misma anualidad, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro y cinco de febrero, todos del año en curso, por corresponder a sábados y domingos. Así las cosas, si el escrito de ampliación de la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, según el sello de recepción que se estampó en la parte superior izquierda del mismo, debe decirse que la ampliación de la demanda que se promueve resulta extemporánea, por haber transcurrido el término de quince días con el que contaba para realizarlo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número P./J. 8/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 368/2016, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 10, Materia Común, Décima Época, con número de registro digital 2016652, cuyo rubro y texto, establecen: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que dentro del término de quince días compareciera a manifestar si era su deseo ampliar la demanda de garantías en los término de esa determinación, de lo cual fue notificada el diecinueve de enero del año actual; sin embargo, dicha agraviada no ha comparecido a este asunto a desahogar la vista otorgada y no ha fenecido el plazo para que lo haga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y ocho minutos del día diez de marzo del dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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