Jesus Eduardo Espíndola Hernandez

Expediente 1642/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1642/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Jesus Eduardo Espíndola Hernandez
  • Junta Especial Número Treinta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje de Esta Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el quince de diciembre de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin cuaderno incidental. Ahora bien, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con una determinación que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2° agréguese a los autos sin mayor acuerdo, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Puebla, Puebla, tomando en consideración que el quince de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos se advierte que no obra el acuse de recibo que justifique que se hayan entregado los oficios dirigidos a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Puebla, Puebla, al actuario de su adscripción, así como al Fiscal Ejecutivo asistente de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante los cuales se les notificó el proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones dentro del presente asunto, gírense los oficios en comento a los que deberá acompañarse copia de dicho proveído. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad signante remite copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, derivado del juicio laboral 1797/2021 de su índice. En atención al contenido del oficio 507/2022 signado por el Presidente de la Junta antes mencionada, se provee: En esta instancia constitucional la quejosa señala como acto reclamado: - La dilación procesal por falta de DESAHOGO DE PRUEBAS, correspondientes al expediente 1797/2021, por lo que se está incumpliendo con la obligación que tiene la autoridad de proveer la eficaz e inmediata resolución, violentando así mis derechos al no desahogar las audiencias en mención. Sobre este particular, debe precisarse que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se acordaron diversas constancias que la autoridad responsable remitió consistentes en copia certificada del convenio de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós deducida del expediente laboral 1797/2021, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y se desprendió que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, las partes presentaron un convenio ante la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a fin de denunciar el mismo, fijando la citada autoridad fecha y hora para su ratificación. En ese mismo acto, se le requirió al Presidente de la Junta citada que remitiera la ratificación y cumplimentación del convenio de referencia, lo cual en cumplimiento a dicho requerimiento, mediante el oficio de cuenta, remitió copia certificada de la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se llevó a cabo la ratificación de dicho convenio, elevándose a la categoría de laudo debidamente ejecutoriado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial de las constancias remitidas por la Junta responsable de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, con relación a las diversas 62 y 63 de la Ley de Amparo. De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Bajo esa premisa, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: - La dilación procesal por falta de DESAHOGO DE PRUEBAS, correspondientes al expediente 1797/2021, por lo que se está incumpliendo con la obligación que tiene la autoridad de proveer la eficaz e inmediata resolución, violentando así mis derechos al no desahogar las audiencias en mención. Ahora bien, la Junta responsable, remitió copias certificadas derivadas del expediente laboral 1797/2021, del cual se aprecia que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, las partes dentro de ese procedimiento celebraron un convenio ante la Junta señalada como responsable, ratificado el trece de diciembre del año en curso, por lo que dicho convenio se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. A dichas documentales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo expuesto, es evidente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del acto reclamado de forma total e incondicional porque el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial (juicio laboral 1797/2021). Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una actuación procesal que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; pues las partes dentro del juicio de origen llegaron a un convenio por medio del cual dieron por terminada la controversia laboral. Esta nueva determinación sobrevenida en el juicio de origen, genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional y finalmente, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el presente juicio constitucional y la nueva actuación procesal emitida el veintinueve de noviembre y trece de diciembre, ambos de dos mil veintidós dentro del juicio laboral de origen, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien de lo anterior, y como ya se dijo, en el caso particular se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. Como consecuencia del convenio que dio por terminada la controversia laboral, mismo que fue ratificado ante la responsable elevado a cosa juzgada, que constituye una nueva determinación, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la nueva determinación y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida en contra de la omisión reclamada dentro del juicio laboral de origen, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un nuevo acto, que traiga por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de garantías de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. De ahí que se actualiza de manera indudable la hipótesis de sobreseimiento antes mencionada y procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad signante remite copia certificada del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, derivado del juicio laboral 1797/2021 de su índice. En atención al contenido del oficio 507/2022 signado por el Presidente de la Junta antes mencionada, se provee: En esta instancia constitucional la quejosa señala como acto reclamado: - La dilación procesal por falta de DESAHOGO DE PRUEBAS, correspondientes al expediente 1797/2021, por lo que se está incumpliendo con la obligación que tiene la autoridad de proveer la eficaz e inmediata resolución, violentando así mis derechos al no desahogar las audiencias en mención. Sobre este particular, debe precisarse que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, se acordaron diversas constancias que la autoridad responsable remitió consistentes en copia certificada del convenio de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós deducida del expediente laboral 1797/2021, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y se desprendió que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, las partes presentaron un convenio ante la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a fin de denunciar el mismo, fijando la citada autoridad fecha y hora para su ratificación. En ese mismo acto, se le requirió al Presidente de la Junta citada que remitiera la ratificación y cumplimentación del convenio de referencia, lo cual en cumplimiento a dicho requerimiento, mediante el oficio de cuenta, remitió copia certificada de la diligencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que se llevó a cabo la ratificación de dicho convenio, elevándose a la categoría de laudo debidamente ejecutoriado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial de las constancias remitidas por la Junta responsable de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del citado artículo 61, con relación a las diversas 62 y 63 de la Ley de Amparo. De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Bajo esa premisa, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: - La dilación procesal por falta de DESAHOGO DE PRUEBAS, correspondientes al expediente 1797/2021, por lo que se está incumpliendo con la obligación que tiene la autoridad de proveer la eficaz e inmediata resolución, violentando así mis derechos al no desahogar las audiencias en mención. Ahora bien, la Junta responsable, remitió copias certificadas derivadas del expediente laboral 1797/2021, del cual se aprecia que con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, las partes dentro de ese procedimiento celebraron un convenio ante la Junta señalada como responsable, ratificado el trece de diciembre del año en curso, por lo que dicho convenio se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado. A dichas documentales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De lo expuesto, es evidente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica del acto reclamado de forma total e incondicional porque el acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial (juicio laboral 1797/2021). Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una actuación procesal que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; pues las partes dentro del juicio de origen llegaron a un convenio por medio del cual dieron por terminada la controversia laboral. Esta nueva determinación sobrevenida en el juicio de origen, genera una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional y finalmente, existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el presente juicio constitucional y la nueva actuación procesal emitida el veintinueve de noviembre y trece de diciembre, ambos de dos mil veintidós dentro del juicio laboral de origen, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien de lo anterior, y como ya se dijo, en el caso particular se estima que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo. Como consecuencia del convenio que dio por terminada la controversia laboral, mismo que fue ratificado ante la responsable elevado a cosa juzgada, que constituye una nueva determinación, se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la nueva determinación y que no es motivo de análisis en este juicio constitucional. Derivado de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida en contra de la omisión reclamada dentro del juicio laboral de origen, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un nuevo acto, que traiga por resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Consecuentemente, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de garantías de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. De ahí que se actualiza de manera indudable la hipótesis de sobreseimiento antes mencionada y procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En estas condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y tres minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes.

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