Jesús Eduardo Arellanes Valdivia
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2022
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Arellanes Valdivia
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al seis de septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días tres y cuatro de septiembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se advierte que el actuario judicial hizo constar la imposibilidad para notificar personalmente al quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia el proveído de dieciocho de agosto del año en curso, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, esto es, el ubicado en Calle 53, número 446, entre 74 y 76 de la colonia Obrera, código postal 24117, Ciudad del Carmen, Campeche, ya que fue informado por personas que se encontraban presentes en el inmueble de lado (sic), que la propiedad se encontraba abandonada y deshabitada. Ahora bien, el artículo 27, fracción I, inciso c), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: (.) c) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta se notificará por lista y por lista en una página electrónica pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente. En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente; (.). Del precepto legal transcrito se desprende que si el actuario acude a realizar una notificación personal ordenada en autos y el domicilio en el que debe practicarla se encuentra cerrado, se cerciorará que es el correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda el interesado al órgano jurisdiccional a notificarse y, si no asiste, se notificará por lista conforme a las reglas establecidas en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En tal supuesto el actuario asentará razón circunstanciada en el expediente. En el caso que nos ocupa, el análisis de la razón actuarial de cuenta pone de manifiesto que el actuario hizo constar lo siguiente: 1. Que se constituyó legalmente en el domicilio ubicado en Calle 53, número 446, entre 74 y 76 de la colonia Obrera, código postal 24117, Ciudad del Carmen, Campeche. 2. Que se cercioró que se trataba del domicilio correcto señalado en autos para oír y recibir notificaciones, por así habérselo indicado las nomenclaturas de la calle, entre calles, colonia y código postal, lo que advirtió de las placas metálicas que se encuentran colocadas en las esquinas de las calles buscadas y en relación al número exterior el mismo se encuentra visible en el inmueble. 3. Tocó la puerta de la propiedad por un lapso de quince minutos y voceando "buenos días", sin que persona alguna acudiera a su llamado. 4. Personas que se encontraban presentes en el inmueble de lado (sic) al escuchar sus llamados se asomaron por en ventana y le hicieron saber que esa propiedad se encontraba abandonada y deshabitada, por tanto, les preguntó si sabían dónde se podía localizar o notificar al quejoso buscado o alguno de sus autorizados, manifestándole que no lo sabían. 5. Con la finalidad de cerciorarse que en la Calle 53 entre las Calles 74 y 76, no hubiera alguna otra propiedad que se identificara con el número exterior 446, preguntó con las personas que se encontraban presentes en sus casas y negocios si sabían dónde se localizaba el inmueble con el mencionado número exterior, en su caso, si sabían dónde podía ser localizado y notificado el quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia o alguno de sus autorizados, siendo coincidentes en manifestarle que lo desconocían. De la anterior reseña, se advierte que el actuario judicial no dio cabal cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 27, fracción I, inciso c), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues en lugar de andar indagando sobre la existencia de alguna otra propiedad que se identificara con el número exterior 446, en la Calle 53 entre las Calles 74 y 76, y el lugar donde el quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia o alguno de sus autorizados pudieran ser localizados y notificados, así como levantar una razón de imposibilidad, lo que debió realizar después de haberse cerciorado de estar en el domicilio correcto señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones y que nadie acudió a su llamado pese haber estado tocando la puerta y voceando buenos días por un lapso de quince minutos, es fijar aviso en la puerta del domicilio a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acudiera el interesado a este órgano jurisdiccional a notificarse y, si no asistiere, le notificará por lista conforme a las reglas establecidas en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Sir de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XV.4o.1 K (11a.), del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, diciembre de 2021, Tomo III, página 2261, que dice: "NOTIFICACIÓN POR LISTA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACTUARIO NO ESTÁ OBLIGADO A DAR CUENTA AL JUZGADOR, PREVIAMENTE A REALIZARLA, ANTE LA INASISTENCIA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA PERSONA A QUIEN NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE, CONFORME AL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE LA MATERIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2008). Hechos: La parte quejosa promovió incidente de nulidad de notificaciones contra la realizada por lista de la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, al considerar que el actuario excedió sus facultades, porque ante la imposibilidad de realizarla personalmente, como se ordenó, una vez que encontró el domicilio cerrado y dejó citatorio, si el interesado no acudió a notificarse al órgano jurisdiccional dentro de los dos días hábiles siguientes, debía, previamente a realizar la notificación por lista, dar cuenta al Juez de Distrito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme a los artículos 26 y 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, al ordenarse una notificación personal, no lograda por encontrar cerrado el domicilio y nadie atender al llamado, el actuario debe dejar citatorio al interesado para que acuda al órgano jurisdiccional a notificarse dentro de los dos días hábiles siguientes y, de no presentarse, el actuario debe practicar la notificación por lista, sin que esté obligado a dar cuenta al juzgador, previamente a realizarla. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 27 de la Ley de Amparo prevé las reglas para llevar a cabo las notificaciones personales, y su fracción I, inciso c), establece que si el actuario acude a realizar una notificación personal ordenada en autos y el domicilio en el que debe practicarla se encuentra cerrado, se cerciorará que es el correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda el interesado al órgano jurisdiccional a notificarse y, si no asiste, se notificará por lista conforme a las reglas establecidas en el artículo 29 de la ley de la materia; sin que algún precepto imponga al actuario la obligación de dar cuenta al juzgador, previamente a llevar a cabo la notificación por lista, ya que de la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente se advierte que dicho supuesto se incorporó a la regulación de las notificaciones en el juicio de amparo con el fin de promover la simplificación procesal, por lo que se previó que en caso de que alguna de las partes del juicio no se presentara a oír la notificación personal, ésta se practicaría por lista. Sin que resulte óbice que el citado precepto 27, fracción I, inciso c) establezca: "... pudiendo, el referido órgano, tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal si lo estima pertinente.", toda vez que este fragmento normativo es potestativo, por lo que no resulta obligatorio para el órgano jurisdiccional. Sin que obste a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 20/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.", en la que sostuvo que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, ordenar válidamente que se practique por lista la notificación, al ser inaplicable al caso concreto, ya que en ese criterio se interpretaron los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo abrogada y se determinó que dichas normas no establecían cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante dicha imposibilidad, situación que se opone a la ley vigente, que prevé un procedimiento concreto al cual el fedatario público debe ceñirse. En consecuencia, se instruye al actuario judicial para que al momento de realizar las notificaciones ordenadas, ajuste su actuación a las formalidades establecidas en la Ley de Amparo, dado que su omisión provoca un retardo injustificado en la administración de justicia en perjuicio de los justiciables. Por tanto, se ordena al actuario judicial para que de inmediato notifique personalmente al quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, debiendo observar las formalidades establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, contra actos de la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, radíquese con el número de expediente 594/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La porción normativa del precepto legal transcrito contempla el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, concretamente cuando la improcedencia deriva del hecho de que el acto u omisión que se atribuye a la autoridad distinta de un tribunal, puede ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o procede en su contra juicio, recurso o medio de defensa legal, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los ahí consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Entonces, para acceder al juicio de amparo indirecto a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que: a) Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. b) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. c) Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. d) Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictada por el Director de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, con motivo de la solicitud que realizó registrada con el número de folio EDA/06-0803/2022, mediante la cual, realizó la evaluación y diagnóstico ambiental solicitada por el quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia y determinó ambientalmente no procedente de acuerdo al Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, la actividad de "Palapa de veraneo" del predio ubicado en Carmen Puerto Real Km 28+000, X:646300, Y:2072850, X:646250, Y:207300, X:646200, Y:2072950, X:646150 y Y:2072900, en Ciudad del Carmen, Campeche, por no acreditar la propiedad o tener concesión para poder realizar el trámite. Bajo ese contexto, contra la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictada por el Director de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, mediante la cual, determinó ambientalmente no procedente de acuerdo al Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, la actividad de "Palapa de veraneo" del predio ubicado en Carmen Puerto Real Km 28+000, X:646300, Y:2072850, X:646250, Y:207300, X:646200, Y:2072950, X:646150 y Y:2072900, en Ciudad del Carmen, Campeche, por no acreditar la propiedad o tener concesión para poder realizar el trámite, el quejoso en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotar previamente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 131 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, que dice: "Artículo 131. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de este Reglamento podrán ser recurridas de inconformidad por los interesados en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación." Medio de impugnación que debió interponer por escrito ante el Director de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, en términos del artículo 132 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen. Es así, porque de la lectura integral de los anexos que adjunta el quejoso a su escrito de demanda se advierte que la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictada por el Director de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, se sustentó en el Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen; por tanto, de conformidad con el artículo 131 de dicho ordenamiento legal las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de este Reglamento podrán ser recurridas por los interesados a través del recurso de inconformidad en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Asimismo, porque el Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, la suspensión del acto administrativo prevista en el Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, se encuentra regulada en el artículo 134, a saber: "Artículo 134. Desde que se admite el recurso de inconformidad se suspenderá la ejecución del acuerdo impugnado si así lo solicita el recurrente y otorgue, para garantizar el interés fiscal, fianza o depósito en la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. Esta podrá ser en efectivo, en billete de depósito a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio del Carmen o en garantía prendaria o hipotecaria." Mientras que la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado, se encuentra regulada en los artículos 112, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 147 y 150, a saber: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." El examen comparativo del artículo 134 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, con los numerales 112, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 147 y 150 de la Ley de Amparo, permiten arribar a la conclusión de que el ordenamiento local no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, antes bien, son esencialmente los mismos. Se afirma lo anterior, toda vez que tanto en el recurso de inconformidad como en el juicio de amparo, se concede la medida sin mayor trámite y está condicionada únicamente, a que la solicite el agraviado; tiene por efecto mantener las cosas en el estado que se encuentren, esto es, suspender la ejecución del acuerdo impugnado y, en su caso, requiere del otorgamiento de una garantía para garantizar el interés fiscal. Por tanto, se concluye que contra la resolución de dieciocho de julio de dos mil veintidós, dictada por el Director de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, con motivo de la solicitud que realizó registrada con el número de folio EDA/06-0803/2022, mediante la cual, realizó la evaluación y diagnóstico ambiental solicitada por el quejoso Jesús Eduardo Arellanes Valdivia y determinó ambientalmente no procedente de acuerdo al Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, la actividad de "Palapa de veraneo" del predio ubicado en Carmen Puerto Real Km 28+000, X:646300, Y:2072850, X:646250, Y:207300, X:646200, Y:2072950, X:646150 y Y:2072900, en Ciudad del Carmen, Campeche, por no acreditar la propiedad o tener concesión para poder realizar el trámite, la parte quejosa en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotar previamente el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 131 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen. No se soslaya que el artículo 131 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, que regula el medio de impugnación que procede contra el acto reclamado dispone en su redacción el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que dicho recurso sea optativo para el quejoso, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre ese medio de defensa u el juicio de amparo indirecto, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito de la resolución reclamada. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 148/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 355, Novena Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. No pasa desapercibido que el artículo 134 del Reglamento en Materia de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Municipio de Carmen, establece que para que suspenda la ejecución del acuerdo impugnado el recurrente deberá garantizar el interés fiscal mediante el otorgamiento de fianza o depósito en la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, en su caso, en efectivo, en billete de depósito a favor de la Tesorería del H. Ayuntamiento del Municipio del Carmen o en garantía prendaria o hipotecaria. Y, que la Ley de Amparo no dispone forma específica de otorgar la garantía. No obstante, la exigencia para que se suspenda la ejecución del acuerdo impugnado, no constituye propiamente un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, página 496, Décima Época, que dice: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Arellanes Valdivia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 53, número 446, entre 74 y 76, Colonia Obrera, código postal 24117, de esta ciudad. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Omar Alejandro Valladares Ortega, Jairo Alberto Calcáneo Dorante, Guadalupe Trinidada García Soriano y Yesenia Ramos Hernández, quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda la quejosa no proporciona datos que acrediten que las mencionadas personas se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho.1 Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con el promovente la dirección de correo electrónico lic.arellanes_eduardo@live.com.mx. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso.
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