Jesús Eduardo Ambriz Ángeles
Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Ambriz Ángeles
- Valeria Ambriz Paredes
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)..."
- Principal
**"... Vista la demanda de amparo presentada por ***; contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones y Titular de la Dirección de Planeación y Supervisión en Carreteras y Aeropuertos de la Dirección antes citada, y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 5, 14, 16, 128 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 374/2022-IV-A. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso concreto, de la lectura integra de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Al hilo de lo expuesto, de una interpretación sistemática es posible afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, entre otros, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; dado que el nombramiento de cargos públicos, como el de guardia nacional, no representa una relación laboral, en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales; sino que, conforme a la constitución federal indicada, tal elemento policiaco tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo, la cual se regirá por sus propias leyes, las cuales en el caso son de índole administrativo y no laboral. En consecuencia, se trata de un acto diverso al propiamente administrativo en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del nombramiento del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, por lo que los nombramientos de los agentes policiales, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la disposición constitucional referida, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Por ende, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo, lo que en este asunto no sucede. De lo anterior, se entiende que los elementos operativos de seguridad pública -policías- tienen a su vez el carácter de agentes depositarios de autoridad y su relación con la administración pública es nominalmente de carácter administrativo, no laboral, y se rige por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, ante los tribunales administrativos. En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos no emergen de una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación administrativa derivada de la prestación de servicios personales para el Estado caracterizada por la calidad específica del referido prestador de servicios -como lo puede ser un policía-; por lo que es evidente que los actos reclamados a quien le atribuye el carácter de autoridad responsable, en realidad no actúa como tal, por lo que los referidos actos no pueden ser materia de una acción de índole constitucional, en interpretación, en sentido contrario, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino en todo caso mediante el ejercicio de una acción administrativa ordinaria, donde el promovente estará en aptitud de hacer valer lo que a su interés convenga en relación con los derechos que dice derivan a su favor con motivo del evento que tuvo en el desempeño de su empleo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada puesto que el acto que se atribuye a la responsable no deriva propiamente de una actuación del ente público como gobernante, en relación con el quejoso como gobernado, sino del vínculo habido entre autoridades dependientes del Estado, en donde un miembro de éste -guardia nacional-, en una relación que ya se ha explicado es de naturaleza administrativa; ello, bajo ese esquema de coordinación que no es competencia de la jurisdicción constitucional mediante el juicio de amparo, sino de la ordinaria en materia administrativa, como también se dijo...."
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