Jesus Eduardo Aguillon Hernandez

Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
496/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Jesus Eduardo Aguillon Hernandez
  • JESUS EDUARDO AGUILLON HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte dictado en este expediente; en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Jesus Eduardo y Adolfo Ángel, ambos de apellidos Aguillón Hernández, contra actos de la Fiscalía General del Estado y de otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y remítase el presente expediente al archivo. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el cual causó estado en esta fecha; en consecuencia, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al Diligenciario adscrito a este Juzgado, no le fue posible llevar a cabo la diligencia de ratificación del escrito registrado con el folio 6042, a los quejosos Jesús Eduardo y Adolfo Ángel, ambos de apellidos Aguillón Hernández, por las razones que indica. En consecuencia, toda vez que de la razón de cuenta se desprende que los quejosos no esperaron al diligenciario de la adscripción en el término indicado, a efecto de llevar a cabo la diligencia de ratificación respectiva; asimismo, tampoco informaron el impedimento que tuvieran para ello dentro de las cuarenta y horas otorgadas, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, esto es, se tiene por no presentado el escrito de mérito. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que el término legal de cinco días concedido a los aludidos quejosos Jesús Eduardo y Adolfo Ángel, ambos de apellidos Aguillón Hernández, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de trece de agosto de dos mil veinte, ya transcurrió; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó al aludido promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 496/2020-II 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía Cabe destacar que el apercibimiento que se hace efectivo a la parte quejosa, obedece a que no colmó el requerimiento formulado en proveído de trece de agosto de dos mil veinte, consistente en precisar bajo protesta de decir verdad, el domicilio particular en donde adujeron se presentaron Agentes de la Policía Ministerial del Estado, con la finalidad de ejecutar la orden de captura reclamada. Lo anterior debido a que la Primera Sala del máximo Tribunal de justicia del país ha establecido (en la jurisprudencia invocada en el auto de prevención) que la competencia para conocer del amparo contra una orden de aprehensión o detención, se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso, bajo protesta de decir verdad, asegura que trata de ejecutarse, aun cuando omita señalar que la autoridad ejecutora tiene su residencia en esa misma circunscripción territorial, siempre que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente. Lo antes referido pone de manifiesto que para proveer sobre las demandas de amparo en que se señale como acto reclamado una orden de aprehensión, resulta necesario que la parte promovente precise el domicilio donde aduce haber sido buscada con la finalidad de ejecutar dicho acto (lo cual no aconteció en el caso), para poder definir la competencia que corresponde al asunto, y que constituye un presupuesto procesal necesario para la admisión de las demandas de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al Diligenciario adscrito a este Juzgado, no le fue posible llevar a cabo la diligencia de ratificación del escrito registrado con el folio 6042, a los quejosos Jesús Eduardo y Adolfo Ángel, ambos de apellidos Aguillón Hernández, por las razones que indica. En consecuencia, toda vez que de la razón de cuenta se desprende que los quejosos no esperaron al diligenciario de la adscripción en el término indicado, a efecto de llevar a cabo la diligencia de ratificación respectiva; asimismo, tampoco informaron el impedimento que tuvieran para ello dentro de las cuarenta y horas otorgadas, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, esto es, se tiene por no presentado el escrito de mérito. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que el término legal de cinco días concedido a los aludidos quejosos Jesús Eduardo y Adolfo Ángel, ambos de apellidos Aguillón Hernández, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de trece de agosto de dos mil veinte, ya transcurrió; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó al aludido promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Cabe destacar que el apercibimiento que se hace efectivo a la parte quejosa, obedece a que no colmó el requerimiento formulado en proveído de trece de agosto de dos mil veinte, consistente en precisar bajo protesta de decir verdad, el domicilio particular en donde adujeron se presentaron Agentes de la Policía Ministerial del Estado, con la finalidad de ejecutar la orden de captura reclamada. Lo anterior debido a que la Primera Sala del máximo Tribunal de justicia del país ha establecido (en la jurisprudencia invocada en el auto de prevención) que la competencia para conocer del amparo contra una orden de aprehensión o detención, se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde el quejoso, bajo protesta de decir verdad, asegura que trata de ejecutarse, aun cuando omita señalar que la autoridad ejecutora tiene su residencia en esa misma circunscripción territorial, siempre que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente. Lo antes referido pone de manifiesto que para proveer sobre las demandas de amparo en que se señale como acto reclamado una orden de aprehensión, resulta necesario que la parte promovente precise el domicilio donde aduce haber sido buscada con la finalidad de ejecutar dicho acto (lo cual no aconteció en el caso), para poder definir la competencia que corresponde al asunto, y que constituye un presupuesto procesal necesario para la admisión de las demandas de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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