Jesús Eduardo Adame Robles
Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Adame Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 906/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN 1a. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Acuña y Director del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada el treinta de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **********, que se le instruye por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de la adolescente de identidad reservada con iniciales********** 2a. Se niega la protección constitucional a ***********, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Acuña, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el treinta de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho señalado por la ley como delito de violación equiparada. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos ahí precisados. 2. Trámite. Por auto de esa misma fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Acuña y Director del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. 4.2 Actos reclamados. El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el treinta de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **********, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho señalado por la ley como delito de violación equiparada y la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en la propia audiencia. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados; manifestaciones que resultan suficiente para acreditar su existencia, en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con las documentales que obran agregadas al sumario y dos discos compactos en versión digital (DVD), debidamente certificados, que remitió la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe con justificación, así como en cumplimiento a la suspensión concedida en el cuaderno incidental derivado de este juicio, respectivamente; probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.2 Causa de improcedencia advertida de oficio. Respecto al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretada el treinta de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********, que se le instruye por el delito de violación equiparada, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. 5.3 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. 5.4 Estudio de la causal de improcedencia. En este caso, de las copias certificadas enviadas por la autoridad judicial responsable, así como de los dos discos compactos en versión digital (DVD), debidamente certificados (pruebas que ya fueron valoradas), específicamente de las aportadas en el cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, el cual contiene la audiencia desahogada el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal *********, de su estadística, se advierte lo siguiente: i) Dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en audiencia de treinta de julio de dos mil veintitrés, al aquí quejoso **************. ii) Modificó dicha medida cautelar anteriormente decretada, sustituyéndola por la de resguardo domiciliario y brazalete electrónico, así como la prohibición de acercarse al domicilio de la madre de la víctima. En ese sentido, las anteriores circunstancias son suficientes para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, pues se dejó sin efectos y a su vez fue modificada y/o sustituida la medida cautelar de prisión preventiva justificada que reclamo en este juicio constitucional, por las distintas que fueron descritas en los párrafos que anteceden. Con lo relatado en esos términos, quedó restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio por cuanto hace al acto reclamado señalado en este apartado, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la citada legislación. 6. Estudio de constitucionalidad del acto de vinculación a proceso. 6.1 Conceptos de violación. La parte quejosa no realizó conceptos de violación en cuanto al auto de vinculación a proceso, pues los que formuló fueron para controvertir la medida de prisión preventiva justificada por la que se sobreseyó en el apartado anterior. 6.2 Calificación del planteamiento. Al no exponerse conceptos de violación y no advertir queja que suplir, se procede al estudio de forma de la constitucionalidad del acto reclamado, el cual se estima legal, en atención a lo siguiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6.3 Marco legal del acto reclamado. En el asunto que nos ocupa debe destacarse que en relación con la naturaleza jurídica del acto reclamado, es importante destacar que de la lectura de los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación, si bien, resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 6.4 Premisa de hecho. En el caso, de las documentales que integran la causa penal ******* y el disco compacto en versión digital (DVD), se advierte el auto de vinculación a proceso de treinta de julio de dos mil veintitrés, decretado en contra del quejoso *******************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho señalado por la ley como delito de violación equiparada. 6.4.1 Requisitos de forma. Dichas exigencias formales consisten en que el auto de vinculación a proceso debe dictarse por un Juez de Control a petición del Ministerio Público, a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que la parte imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial; y, en él deben expresarse el delito y/o delitos que se imputan, así como las circunstancias de su ejecución; se haya otorgado la oportunidad para declarar al imputado. Los anteriores requisitos se encuentran debidamente cumplidos, toda vez que el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, el hoy quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial con motivo de una orden de aprehensión decretada en su contra. En la misma fecha, en presencia del Juez de Control, se le formuló imputación en relación con el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, expresándosele el lugar, fecha y forma de ejecución de su conducta, así como los datos de prueba que existían en su contra, además, a solicitud de la defensa, se autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica. El treinta de julio de dos mil veintitrés, al reanudar la audiencia inicial, la autoridad judicial de manera fundada y motivada dictó en su contra auto de vinculación a proceso, señalándole con claridad el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho probable en el que participó, así como los datos de prueba con los que hasta ese momento se justificaba. 6.4.2 Criterio legal aplicable. Se invoca la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, por lo que hace al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada el treinta de julio de dos mi veintitrés, dentro de la causa penal *******, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no formular conceptos de violación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el treinta de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******* y no advertir queja que suplir, pues se cumple con los requisitos legales para su dictado, lo procedente es negar la protección constitucional que se solicita. 8. Notifíquese en términos de ley.9. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Certifico y doy fe.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la tercera interesada ...por sí y en representación de la menor de edad con iniciales A.F.R.L., mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que manifestara nada al respecto. 1.1 Notificación por lista. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este acuerdo a la tercera interesada en comento, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra en vías de emplazamiento a la tercera interesada Susana Reza López por sí y en representación de la menor de edad con iniciales A.F.R.L., lo cual se ordenó realizar por conducto del Actuario Judicial adscrito en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. 2. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE), para su celebración.
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1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente Investigador del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra las Mujeres, adscrita al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés. 1.1 Acuerdo. Téngase a la citada autoridad informando que la parte tercera interesada ***************** por sí y en representación de la menor de edad con iniciales*********, tienen su domicilio en calle Cerro de la *********************. 1.2 Comisión Actuarial. De conformidad con el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en el domicilio señalado y emplace a la parte tercera interesada; entregándole copia del escrito de demanda y auto admisorio. Además, haga de su conocimiento que la audiencia constitucional está programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE).
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