Jesús Duarte Fernández
Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Duarte Fernández
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través del cual acusa de recibo el diverso oficio 5441, del índice de este Juzgado, en el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 907/2019, asimismo informa que en auto de veintiuno de octubre pasado se avocó al conocimiento del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, a través de los cuales cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de siete de octubre pasado y devuelve sin diligenciar el despacho 185/2019 del índice de este Juzgado Federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, como del mencionado despacho se aprecia que se envió para que se le notificara el proveído de diecinueve de agosto del año en curso al quejoso Jesús Duarte Fernández, no así para emplazarlo como lo hizo el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, y como de la demanda de amparo se advierte que el mencionado quejoso Duarte Fernández no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin embargo, señala como su domicilio el ubicado en calle -; en consecuencia, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en turno, a fin de que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio precisado con antelación y le notifique dicho auto de diecinueve de agosto del presente año, así mismo le requiera para que en el término de tres días, contados a partir de su debida notificación señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones personales, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la diligencia de mérito. Hecho que sea lo anterior, devuelva a este Juzgado el Despacho de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación.
- Principal
Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente del proveído de diecinueve de agosto del año en curso, en el que se ordenó giró el despacho 185/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, para el efecto de que se notificara al quejoso -dicho auto, mismo que toco conocer al Juez Primero Civil del citado Distrito Judicial de Zamora, sin que a la fecha haya informado si se llevó a cabo la mencionada encomienda; por lo tanto, se requiere al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, informe el estado procesal que guarda su despacho 244, apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se decretan reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de garantías que promueve ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno bajo el número II-907/2019-1. El peticionario de amparo señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- Tienen el carácter de autoridad responsable el Juez Primero, Juez Segundo y Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, así como el Juzgado Primero y Segundo de primera instancia en materia civil del Distrito judicial de Ocotlán, Jalisco. IV.- ACTO RECLAMADO.- El acto reclamado lo hago consistir en lo siguiente: A).- En EL PROBABLE DESALOJO QUE SE PRETENDE HACER Del inmueble del que tengo la posesión virtud a un contrato de comodato ubicado en Ocotlán, Jalisco, en el rancho denominado Loma Larga, como lo acredito con copia cotejada del propio contrato a que aludo." Del análisis integral de la demanda, se aprecia claramente que el acto reclamado consiste en el probable desalojo del bien inmueble que menciona tener en posesión. Acto cuya ejecución se llevaría a cabo en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, lugar donde se encuentra el bien inmueble de referencia. Cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo" ; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama el probable desalojo del bien inmueble ubicado en Ocotlán, Jalisco, del cual menciona tener la posesión, acto que se traduce en una acción de ejecución material. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis contenidas en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, si bien es cierto que tres de las autoridades responsable señaladas tienen su residencia en Zamora, Michoacán, también lo es que señala como responsables órganos jurisdiccionales con asentamiento en Ocotlán, Jalisco, además, el bien inmueble del cual la parte quejosa reclama el probable desalojo se encuentra en Ocotlán, Jalisco; por consiguiente, los efectos concesorios de una posible sentencia amparadora habrán de ejecutarse en dicha localidad, por lo tanto, es inconcuso que los actos reclamados tendrán ejecución material en la jurisdicción territorial que corresponde a un Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Consecuentemente, si el acto reclamado tendrá ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la suscrita estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda de amparo, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Es aplicable sobre el particular por identidad jurídica la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, Cuarta Parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número 44, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por otra parte, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin embargo, señala como su domicilio el ubicado en *****; en consecuencia, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en turno, a fin de que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio precisado con antelación y le notifique al quejoso ***** el presente proveído, así mismo le requiera para que en el término de tres días, contados a partir de su debida notificación señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir notificaciones personales, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la diligencia de mérito. Hecho que sea lo anterior, devuelva a este Juzgado el Despacho de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación. No es óbice a lo anterior que la parte quejosa en el proemio de la demanda haya designado autorizado para recibir notificaciones electrónicas, toda vez que no señaló un usuario correspondiente al portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las notificaciones por ese medio, por lo que queda expedito su derecho para que realice la solicitud en la forma que conforme a la ley proceda. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Se tiene como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que tienen registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, de resultar procedente, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
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