Jesus Dorantes Gonzalez
Expediente 266/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/03/2023
Partes del expediente
- Jesus Dorantes Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. De la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. De igual forma, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En términos del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezcan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales que exhibió en el presente asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo así podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger los documentos de mérito, en el local que ocupa este recinto judicial, además deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN y REGISTRO DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho; contra actos del Presidente Municipal de Toluca, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 266/2023-VI. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integra de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama esencialmente: Los artículos 3.22, fracción IV, 3.32 fracciones XX y XXVIII, 3.34, 9.94, fracción VII, así como la Sección Segunda. "De estacionómetros en la vía Pública", artículos 6.198, fracción IV, 6.224, 6.225, 6.226, 6.227, 6.228, 6.229 y 6.230, todos del Código Reglamentario Municipal de Toluca, Estado de México; Los artículos 78, fracción XIII, XIV y XXIII, 110, fracciones XXII, XXIII y XXXIII, del Bando Municipal del Ayuntamiento de Toluca del año dos mil veintitrés. Los artículos 99 y 116 del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Los artículos 9, fracción XVII, 16, fracción II, inciso b) y g), 26, fracción XIV, inciso e), de la Ley de Movilidad del Estado de México. Las boletas de multa expedidas en contra del quejoso el diez y doce de enero de dos mil veintitrés, cada una por la cantidad de $481.00 (cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el registro 195745, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechara de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, al analizarse los escritos de demanda y aclaratorio, se concluye que debe desecharse parcialmente, porque se actualizan las causales de improcedencia previstas en la fracciones XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se demostrara. En el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama, entre otros actos, las boletas de multa expedidas en su contra el diez y doce de enero de dos mil veintitrés, cada una por la cantidad de $481.00 (cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional). No obstante, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo no se promovió dentro del plazo contemplado para tal efecto por el artículo 17 de la ley de la materia. El precitado numeral 61, en la fracción que interesa, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo expuesto, es válido afirmar que respecto de las multas reclamadas por el peticionario de amparo, éste tuvo conocimiento de las mismas desde el diez y doce de enero de dos mil veintitrés, pues así lo manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad en su demanda, tal como se advierte de lo que se transcribe a continuación: Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Así, a partir de ese momento, la parte quejosa se encontró en condiciones de combatir las multas reclamadas, y si el ocurso de demanda fue depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintidós de febrero del año en curso, según se advierte del sello receptor que se plasmó, es evidente que se presentó fuera del plazo de quince días que para ello prevé la Ley de Amparo, razón por la cual, lo combatido constituye un acto consentido tácitamente. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J.115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, con registro 163172, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". En el caso, el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente hábil de que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, inició el once de enero de dos mil veintitrés y feneció el treinta del mismo mes y año, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, que excluye los sábados y domingos, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. ENERO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 DÍA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA PRIMERA MULTA (ACTO DE APLICACIÓN) 11 DÍA UNO 12 DÍA DOS 13 DÍA TRES 14 15 16 DÍA CUATRO 17 DÍA CINCO 18 DÍA SEIS 19 DÍA SIETE 20 DÍA OCHO 21 22 23 DÍA NUEVE 24 DÍA DIEZ 25 DÍA ONCE 26 DÍA TRECE 27 DÍA CATORCE 28 29 30 DÍA QUINCE ÚLTIMO DÍA 31 FEBRERO 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DÍA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN. 23 24 25 26 27 28 En ese orden, respecto de los diversos actos combatidos consistentes en Los artículos 3.22, fracción IV, 3.32 fracciones XX y XXVIII, 3.34, 9.94, fracción VII, así como la Sección Segunda. "De estacionómetros en la vía Pública", artículos 6.198, fracción IV, 6.224, 6.225, 6.226, 6.227, 6.228, 6.229 y 6.230, todos del Código Reglamentario Municipal de Toluca, Estado de México; Los artículos 78, fracción XIII, XIV y XXIII, 110, fracciones XXII, XXIII y XXXIII, del Bando Municipal del Ayuntamiento de Toluca del año dos mil veintitrés. Los artículos 99 y 116 del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Los artículos 9, fracción XVII, 16, fracción II, inciso b) y g), 26, fracción XIV, inciso e), de la Ley de Movilidad del Estado de México. Este órgano de control constitucional advierte que si el juicio de amparo es improcedente respecto del primer acto concreto de aplicación (que es la boleta que contiene la multa impuesta al impetrante de amparo el diez de enero del año en curso), resulta inconcuso que aquél sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan entre sí. En efecto, la improcedencia del juicio de amparo en cuanto al primer acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva a los preceptos legales que señala de inconstitucionales el promovente, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne al primer acto de su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio al impetrante de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 145-150, Tercera Parte, página 169, con número de registro 818791, de rubro y texto siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". De igual forma, se precisa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, con número de registro 232028, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 2000, Primera Parte, página 235, con número de registro 191311, de rubro y texto siguiente:, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte, página 98, con número de registro 238189, de rubro y texto siguiente: "LEYES Y ACTOS DE APLICACIÓN, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna, entre otros actos, una disposición legal que se considera que causa perjuicio por su aplicación, y tal acto de aplicación motiva el sobreseimiento del juicio de garantías conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, es de concluir que también resulta improcedente el juicio respecto de los actos relacionados con la expedición de la disposición legal relativa, si se decreta el sobreseimiento del juicio en lo que atañe al acto de su aplicación, tanto porque este acto no se puede analizar sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, como porque tampoco es posible examinar separadamente el ordenamiento al que pertenece el precepto aplicado a la quejosa, si ésta considera que el acto concreto de su aplicación es el que le causa perjuicio y no la simple existencia de la ley, para que pudiera estudiarse en abstracto ese cuerpo legal." Consecuentemente, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Jesús Dorantes González, por propio derecho; contra actos del Presidente Municipal de Toluca, Estado de México y otras autoridades. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roselia López Avelino y Edgar Yahir Valdés Hernández; hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las demás personas que se mencionan en términos restringidos de dicho numeral. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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