Jesús Donovan Flores Guerrero

Expediente 580/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
580/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Donovan Flores Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 2, del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al promovente para atender el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno y, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Armando Aguilar Rosas apoderado legal de Jesús Donovan Flores Guerrero, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Atento a lo anterior, se procede a hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno para los efectos legales conducentes. Notifíquese de manera electrónica al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 580/2020-VI, promovido por José Armando Aguilar Rosas apoderado legal de Jesús Donovan Flores Guerrero, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, y remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A. 12/2020, en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno; se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Se declara que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Donovan Flores Guerrero, le corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. En estas condiciones, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Jesús Donovan Flores Guerrero, a través de su apoderado José Armando Aguilar Rosas, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Toda vez que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) El C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2) La SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (S.T.P.S.). 3) El SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 4) El SECRETARIO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 5) El CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 6) El DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 7) A la SECRETARÍA DE SALUD. 8) La SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SE.GOB.). 9) La JUNTA ESPECIAL DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 10) La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 11) El CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. 12) La CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN conocida como CÁMARA DE DIPUTADOS. 13) La CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA. IV.- ACTO RECLAMADO. Reclamo las omisiones de la autoridad responsable consistentes en las siguientes: A) El Ilegal cierre de establecimientos, negocios o locales comerciales destinados a impartir justicia laboral de manera física, y a pesar de realizar actividades esenciales permitidas durante la suspensión de actividades con motivo de la enfermedad grave covid-19 y permitidas por el consejo general de salubridad consistentes en la impartición física y electrónica de justicia laboral, audiencias laborales; práctica de inspecciones extraordinarias y ordinarias de seguridad e higiene para verificar el cumplimiento de la totalidad las normas oficiales mexicanas en materia de trabajo, seguridad, salud e higiene de trabajo para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus sars-cov2 (covid-19 - coronavirus), lo cual violenta el derecho humano fundamental al trabajo y a la libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la constitución federal. B) La ilegal paralización física de la justicia laboral a pesar de realizar actividades esenciales permitidas durante la suspensión de actividades con motivo de la enfermedad grave Covid-19 y permitidas por el Consejo General de Salubridad consistentes en la impartición física y electrónica de justicia laboral, audiencias laborales; práctica de inspecciones extraordinarias y ordinarias de seguridad e higiene para verificar el cumplimiento de la totalidad las normas oficiales mexicanas en materia de trabajo, seguridad, salud e higiene de trabajo para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus sars-cov2 (covid-19 - coronavirus) , lo cual violenta el derecho humano fundamental al trabajo y a la libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la constitución federal. C) EL COMUNICADO QUE SE COMBATE: Es el dictado por la autoridad señalada como responsable el pasado 28 de mayo del 2020, bajo el Boletín Laboral, Año XXXVII Ciudad de México, Núm. 56. B) EL ACUERDO QUE SE COMBATE: Es el dictado por la autoridad señalada como responsable el pasado 30 de marzo del 2020, bajo el Diario Oficial de la Federación. C) El ACUERDO QUE SE COMBATE: Es el dictado por la autoridad señalada como responsable el pasado 14 de mayo del 2020, bajo el Diario Oficial de la Federación. D) La omisión de declarar que la justicia es de carácter esencial física y virtualmente, lo cual ha originado la ilegal paralización material y física de la justicia en materia de trabajo. E) La paralización de la justicia de manera física por parte de las autoridades señaladas, de atender y celebrar la audiencia de ley a celebrarse el cinco de junio del año dos mil veinte a las once horas, para realizar la audiencia de ley, y en caso afirmativo, se lleve a cabo la audiencia de manera electrónica (juicio en línea) a fin de salvaguardar la salud, pues el grado de hambre es parte del grado de salud para garantizar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, así como a la vida e integridad de la salud de la parte TRABAJADORA para subsistir ante la paralización física de la justicia. F) La omisión de declarar que la justicia es de carácter esencial. G) La ilegal paralización de la justicia de manera física y electrónica, pues si bien se emitió la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, esto es ilegal e indebido, toda vez que se omitió precisar en qué intervino la mano del hombre para la ilegal paralización de la justicia. H) La ilegal paralización de la justicia hasta que un semáforo para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, sea de un determinado color. I) La omisión de establecer el procedimiento de justicia electrónica (justicia en línea) respecto a los procedimientos en materia de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, vigente, lo cual genera paralización en la impartición de justicia, y deja en estado de indefensión e inseguridad jurídica a la parte trabajadora hoy quejosa. Toda vez que es evidente que no pudieron haber realizado todas al mismo tiempo los actos que les reclama; es decir, no especifica en qué medida cada una de las autoridades que señala participaron en las omisiones que reclama, lo que impide que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado, al no tener certeza sobre el acto que se les atribuye y, por consiguiente, impide que este juzgado fije la litis en el juicio; en consecuencia, deberá precisar, de las autoridades responsables que señala, cuál es el acto que en concreto les atribuye a cada una de ellas; es decir, en qué medida tuvo o tendrá participación cada una en acto u omisión de los que reclama, por tanto, deberá indicar de manera específica, clara y por separado los actos reclamados de cada una de las autoridades responsables, lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de rendir sus respectivos informes justificados sobre el o los actos que se les impute, omitiendo insertar calificativos, antecedentes y/o argumentos en vía conceptos de violación que demeriten su claridad y fijación de la litis constitucional, por consiguiente, contribuir a que este juzgador fije la litis en el juicio. Lo anterior, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías. b) Deberá señalar la fecha de conocimiento de cada uno de los actos reclamados, deberá abundar en el señalamiento de los antecedentes de los actos reclamados, narrándolos bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica, suscinta, clara y precisa; esto es, deberá narrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. c) Toda vez que el promovente en el capítulo de autoridades responsables señala como autoridades responsables a la "SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL", "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN", "SECRETARÍA DE SALUD", SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN", "JUNTA ESPECIAL DE LA FEDERAL DE CONCIALICIÓN Y ARBITRAJE, sin indicar a qué autoridad en concreto se refiere de dichas instituciones, deberá precisar a qué autoridades pretende señalar; por tanto, deberá indicar la denominación correcta completa y actual de dichas autoridades, pues en los términos en que la señala, éste juzgado no está en aptitud de emplazarlas a juicio. Resulta aplicable por analogía a las anteriores consideraciones, la Tesis número XX.57K, que es del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." (Número de Registro 202,853, Tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como por similitud la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, bajo rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." (No. Registro: 239,099 Jurisprudencia Materia(s): Común: Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación 18 Tercera Parte Tesis: Página: 159 Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 4, página 116. Informe 1970, Segunda Parte, Segunda Sala, página 25. Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 8, página 16.) d) Toda vez que el manifiesta que el dieciséis de junio de dos mil veinte, se presentó en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a solicitar información respecto de la audiencia que estaba señalada para el veinticinco de marzo de dos mil veinte, dentro del juicio 1096/2019, y que el personal adscrito a dicha Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje, le informó que no estaban laborando. Atento a lo anterior, deberá señalar si para este día ya se encuentra laborando la citada Junta. e) Como antecedentes deberá informar el estado procesal que actualmente guarda el juicio 1096/2019, de la Junta Especial Número Dieciséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y si se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia. Lo anterior, deberá desahogar con la advertencia de que en caso de que este juzgado encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con mala intención o con el único propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de justicia, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, para que, en su caso, proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Apercibido que en caso de no desahogar los anteriores incisos, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por el promovente del amparo, no así por la persona que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya a la anterior determinación las jurisprudencias de rubros siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII. Jurisprudencia 1a./J. 37/2011, junio de dos mil once, Página: 68, Materia: Común). "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), Libro 9, agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210). Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por último, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el que admite el conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, registrándolo con el número C.C.A. 12/2020. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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