Jesús Domingo Contreras Ayala
Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/09/2023
Partes del expediente
- Jesús Domingo Contreras Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, a través del cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
--AVISO-- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEIDO DE 28 DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES A LA PARTE QUEJOSA..San Andrés Cholula, Puebla, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado Procesal Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de quince días hábiles que se otorgó al garante para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto de la respuesta y notificación de la misma que realizó la autoridad responsable: Oficio SGDU-DGRPC-0530/2023 de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del cual, dio contestación a su escrito presentado el seis de abril de dos mil veintitrés y que le fuera remitido mediante volante 905. Notificación de veinte de abril de dos mil veintitrés. Y en su caso, formulara los conceptos de violación correspondientes; sin que lo hubiese hecho. Efectivo Apercibimiento En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, por ende, se resolverá el presente juicio de amparo, conforme a las autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación planteados primigeniamente. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, rindiendo su informe justificado y por acuerdo de doce de junio pasado, remitió copia certificada de diversas constancias. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-, pues se trata de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, bajo la literalidad: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que el quejoso ********************, reclama de la autoridad responsable el acto que enseguida se enuncia: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la omisión de pronunciarse sobre el escrito que presentó el cinco de abril de dos mil veintitrés y remitido a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mediante volante 905. Cesación de los efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Expuesto lo anterior, debe decirse que si bien el quejoso reclama: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la omisión de pronunciarse sobre el escrito que presentó el cinco de abril de dos mil veintitrés y remitido a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mediante volante 905. Sin embargo, de las constancias de autos se aprecia que ya se contestó dicha petición. Se afirma la postura anunciada, porque mediante oficio SGDU-DGRPC-0530/2023 de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contestó la petición del justiciable en los siguientes términos: Para el ingreso del trámite de constancia de registro de programa interno de Protección Civil, deberá ajustarse al procedimiento previsto en la ficha informativa, correspondiente al trámite mencionado -requisitos, modalidad, formatos, plazos, criterios de trámite, centros de atención, domicilios,, horarios, costos y fundamentos jurídicos-. Programa que se encuentra disponible en el Registro Municipal de Trámites y Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que contiene el catálogo de trámite y servicios administrados por la autoridad de mejora regulatoria municipal. Lo anterior, conforme a los artículos 24, 25 y 31 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Puebla. Por tal motivo, se pone a su disposición para su devolución la documentación que adjuntó al ocurso de mérito. Y para ello, deberá presentarse personalmente en la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con horarios de 09:00 a 15:00 horas. Determinación que se notificó el veinte de abril de dos mil veintitrés. De ahí que, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; dicho de otra manera, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado dado que la autoridad responsable ya se pronunció sobre la dilación planteada por el quejoso. Razón por la cual, debe entenderse que el acto reclamado ya no está surtiendo efectos. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó al garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Estado Procesal Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de quince días hábiles que se otorgó al garante para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto de la respuesta y notificación de la misma que realizó la autoridad responsable: Oficio SGDU-DGRPC-0530/2023 de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del cual, dio contestación a su escrito presentado el seis de abril de dos mil veintitrés y que le fuera remitido mediante volante 905. Notificación de veinte de abril de dos mil veintitrés. Y en su caso, formulara los conceptos de violación correspondientes; sin que lo hubiese hecho. Efectivo Apercibimiento En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y, por ende, se resolverá el presente juicio de amparo, conforme a las autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación planteados primigeniamente. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de mayo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, rindiendo su informe justificado y por acuerdo de doce de junio pasado, remitió copia certificada de diversas constancias. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-, pues se trata de copias certificadas expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, bajo la literalidad: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que el quejoso ********************, reclama de la autoridad responsable el acto que enseguida se enuncia: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la omisión de pronunciarse sobre el escrito que presentó el cinco de abril de dos mil veintitrés y remitido a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mediante volante 905. Cesación de los efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Expuesto lo anterior, debe decirse que si bien el quejoso reclama: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la omisión de pronunciarse sobre el escrito que presentó el cinco de abril de dos mil veintitrés y remitido a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mediante volante 905. Sin embargo, de las constancias de autos se aprecia que ya se contestó dicha petición. Se afirma la postura anunciada, porque mediante oficio SGDU-DGRPC-0530/2023 de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Director de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contestó la petición del justiciable en los siguientes términos: Para el ingreso del trámite de constancia de registro de programa interno de Protección Civil, deberá ajustarse al procedimiento previsto en la ficha informativa, correspondiente al trámite mencionado -requisitos, modalidad, formatos, plazos, criterios de trámite, centros de atención, domicilios,, horarios, costos y fundamentos jurídicos-. Programa que se encuentra disponible en el Registro Municipal de Trámites y Servicios del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que contiene el catálogo de trámite y servicios administrados por la autoridad de mejora regulatoria municipal. Lo anterior, conforme a los artículos 24, 25 y 31 del Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Puebla. Por tal motivo, se pone a su disposición para su devolución la documentación que adjuntó al ocurso de mérito. Y para ello, deberá presentarse personalmente en la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con horarios de 09:00 a 15:00 horas. Determinación que se notificó el veinte de abril de dos mil veintitrés. De ahí que, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; dicho de otra manera, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado dado que la autoridad responsable ya se pronunció sobre la dilación planteada por el quejoso. Razón por la cual, debe entenderse que el acto reclamado ya no está surtiendo efectos. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó al garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días que se otorgó al quejoso ********************, mediante proveído de treinta de junio del año en curso, para ampliar su demanda de amparo. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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