Jesús Díaz Ocampo

Expediente 417/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
417/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • Jesús Díaz Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 417/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de julio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Delegado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de diez y auto de trece, ambos de julio de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada RAMIRO SALGADO MORALES y ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DEL POBLADO, HACIENDA TEMILPA, MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, MORELOS, A TRAVÉS DE LOS INTEGRANTES DEL COMISARIADO EJIDAL, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución y acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe. auto y resolución que en lo conducente dicen: Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 417/2018-III, promovido por JESÚS DÍAZ OCAMPO, constante de ciento once fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el diez de julio de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer el presente juicio de amparo; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 417/2018-III del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 294/2018-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, en contra actos de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos; y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho (f.2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se precisan: "III. Nombre de las Autoridades Responsables. A) C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito N°. 49, con sede en el Municipio de Cuautla, Morelos; con domicilio conocido y en su carácter de Autoridad Ordenadora. B) C. Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Cuernavaca, Morelos; con domicilio conocido, en su carácter de Autoridad Ejecutora. IV. Actos Reclamados A) De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito N°. 49, en su calidad de ordenadora, reclamo LA INDEBIDA IBOBSERVANCIA RESPECTO al cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de Mayo del dos mil catorce, emitida dentro del expediente número 568/2013, de la acción de Prescripción Adquisitiva, respecto de la Parcela Ejidal marcada con el Número 72 Z-1 P-1, con una Superficie de 0-89-23.16 Hectáreas, que se encuentra ubicada en el Plano Interno del Ejido denominado "Hacienda de Temilpa"; perteneciente al Ejido de Tlaltizapán, Estado de Morelos; lo anterior señalado al resolutivo segundo de la sentencia mencionada. Le recamo, además, a ésta Autoridad, las consecuencias de hecho y de derecho que del acto antes citado emanen, mismas que en forma enumerativa, no limitativa, hago consistir en: la omisión en la expedición del Certificado correspondiente a mi favor. B). Del Delegado del Registro Agrario Nacional con sede en Cuernavaca, Morelos, en su calidad de ejecutora, reclamo el haber sido omiso en dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo, de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, referente a la expedición del Certificado a favor del quejoso, en su calidad de posesionario, respecto de una parcela de riego ejidal de la que soy legitimo posesionario, la cual tiene una superficie de 0-89-23.16 hectáreas, misma que de describe ampliamente en el capítulo de hechos de esta demanda; expidiendo de manera errónea un nuevo certificado parcelario en favor de RAMIRO SALGADO MORALES, sin prever que dicha parcela ejidal fue declarada a favor del suscrito, mediante sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Agrario en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, situación que afecta grave y continuamente al quejoso en el ejercicio de mis derechos para hacerlos valer en el ejido al que pertenezco en mi calidad de posesionario; reclamándole a la autoridad responsable, la omisión en seguir el procedimiento adecuado para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional agrario, es decir, lo ordenado por el Tribunal Agrario. Le reclamo, además, a esta autoridad, las consecuencias de hecho y de derecho que, de los anteriores actos emanen, las que, en forma enumerativa y no limitativa, hago consistir, esencialmente, en las órdenes o acuerdos que se hayan girado o estén por girarse a sus inferiores jerárquicos, a fin de que en cumplimiento o ejecución a la resolución que benefició al tercero perjudicado, se me prive de contar con mi Certificado parcelario en mi carácter de posesionario de la parcela ejidal antes mencionada, que identificaré en el capítulo de hechos de esta demanda, por haber sido expedido indebidamente en favor del Tercero Perjudicado." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 23 a 28), registró la demanda bajo el número 417/2018-III, y la admitió; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; ordenó y logró el emplazamiento del tercero interesado Ramiro Salgado Morales (f. 59) y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (f. 41 a 43), se reconoció como tercera interesada a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado Hacienda Temilpa, municipio de Tlaltizapán, Morelos, quien posteriormente fue emplazada el dieciséis de abril de la presente anualidad (f. 88). Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional dio inicio el cuatro de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del acta que obra a foja 94 del expediente. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho (f.95), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 417/2018-III, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 294/2018-II; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de cuatro de junio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Legislación aplicable y competencia. Esta resolución, de acuerdo a la fecha de la presentación de la demanda, se dictará bajo los lineamientos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en términos del artículo tercero transitorio de la citada Ley. En el entendido de que la cumplimentación o trámite de ejecución de una probable sentencia concesoria de amparo, se regirá por las disposiciones que establece la legislación citada. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA", pues se reclama un acto que tiene ejecución en Tlaltizapán de Zapata, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. Como cuestión previa, se establece que las tesis de jurisprudencia y criterios aislados que se invocan en esta sentencia, son aplicables de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, dado que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga con la nueva ley. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar el acto reclamado que se desprende de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, a fin de lograr una congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, de conformidad con las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI y XIX, Abril de 2000 y 2004, consultables en las páginas 32 y 255, de rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama:  El defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013. Acto reclamado a las siguientes autoridades: 1. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos. 2. Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos (f. 37 a 40,) al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Acto respecto del cual la parte quejosa omitió ofrecer prueba en contrario para desvirtuar la negativa de la mencionada autoridad. En ese sentido, como la negativa informada por la magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, no fue desvirtuada por el peticionario de amparo, ni de autos se advierte constancia con la que se evidencie la existencia de tal acto reclamado; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la jurisprudencia 284 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional (f. 62 a 64) al rendir su informe justificado en ausencia del Delegado del Registro Agrario Nacional en Morelos, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las documentales allegadas al juicio por parte de la magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio agrario 568/2013, con las que se formó un tomo de pruebas, así como las adjuntadas a su informe por parte del subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional, las que se agregaron al juicio en que se actúa (f. 65 a 72); documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es importante citar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias antes citadas y remitidas por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, siendo por su importancia, los siguientes: 1. En auto de trece de noviembre de dos mil trece, fue admitida a trámite la demanda presentada por Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, en la cual demandó la prescripción adquisitiva respecto de una parcela ejidal a Ramiro Salgado Morales, juicio que se registró con el número de expediente 568/2013 (f.1 a 16 del tomo de pruebas). 2. Previo desahogo de las pruebas ofrecidas, el veintiocho de mayo de dos mil catorce (f. 69 a 76), se dictó la sentencia la cual se resolvió conforme los siguientes puntos: "RESUELVE: PRIMERO.- En atención a los argumentos vertidos en los considerandos de esta sentencia, se declara que ha procedido a favor del actor JESÚS DÍAZ OCAMPO, la prescripción positiva de los derechos de uso, goce y disfrute sobre la parcela 72 Z-1 P-1, con superficie, medidas y colindancias señaladas en los considerandos de este fallo, ubicada en el ejido "HACIENDA DE TEMILPA", Municipio de TLALTIZAPAN, Estado de Morelos, por haberse reunido todos y cada uno de los requisitos previstos por el artículo 48 de la Ley Agraria; en consecuencia se cancela el certificado parcelario número 000000027275, que ampara la parcela antes citada, expedido a favor de a VICENTE SALGADO CALDERÓN. SEGUNDO.- Una vez que cause estado esta resolución, con fundamento en el artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, remítase copia certificada de este fallo a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, para su inscripción y realice las anotaciones marginales que correspondan, y cancele el certificado parcelario número 000000027275, que ampara la parcela 72 Z-1 P-1, expedido a favor de VICENTE SALGADO CALDERÓN, y se expida el certificado correspondiente a favor del actor JESÚS DÍAZ OCAMPO, en su calidad de posesionario de dicha parcela, ubicada en el poblado "HACIENDA DE TAMILPA", Municipio de TLALTIZAPAN, Estado de Morelos. [.]" 3. Mediante auto de quince de julio de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia; ordenó girar oficio al Registro Agrario Nacional para dar cumplimiento al resolutivo segundo y ordenó el archivo del expediente (f. 82). 4. En cumplimiento a la resolución del Tribunal Agrario, el delegado del Registro Agrario Nacional, expidió el certificado parcelario a favor de Ramiro Salgado Morales (f. 21 del juicio de amparo). Este es el acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En esa línea de pensamiento, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, del artículo 61 y el diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior, los criterios de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 2a./J. 9/98. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, Febrero de 1998. Página: 210. Materia Común). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia III.2o.C. J/22. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia Común. Página: 1579). Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó el defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013, por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional. Mediante correo electrónico recibido el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, fue enviado el certificado parcelario 000001012845 a la cuenta de correo electrónico oficial juan.figuero.cornejo@correo.cjf.gob.mx (f. 101 y 102 del juicio de amparo). Del referido certificado parcelario se advierte que éste se encuentra expedido a nombre de Díaz Ocampo Jesús; lo anterior en cumplimiento a la resolución de veintiocho de mayo de dos mil catorce. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, del ordenamiento legal invocado en segundo término. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013, por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional, tal y como se advierte de las constancias antes señaladas. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en un inicio fue expedido el certificado 000001005752 a nombre de Salgado Morales Ramiro, también es cierto que este ha quedado sin efectos jurídicos trascendentes, ya que en su lugar ha sido expedido el diverso 000001012845 a nombre de Díaz Ocampo Jesús; por tanto, es dable afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado. En este orden de ideas, es de concluirse que la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, es decir la expedición del certificado parcelario 000001005752 a nombre de Salgado Morales Ramiro, y esto da lugar a una nueva situación jurídica la que corresponde al cumplimiento de la sentencia del juicio agrario 568/2013, al emitirse el certificado parcelario 000001012845 a nombre del quejoso Díaz Ocampo Jesús; lo que se insiste, constituye una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, ello al haber quedado sin efectos el primer certificado parcelario en comento, expidiendo uno nuevo a nombre del promovente, tal y como se ordenó en la sentencia del Juicio Agrario antes citado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, visible a página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 77 ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, impidiendo tal circunstancia el estudio y análisis de los conceptos de violación hechos valer. Siendo aplicable la jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, en relación con los alegatos formulados por el quejoso (f. 48 a 49 y 90 a 91), resta señalar que estos no forman parte de la litis, por lo que no existe obligación de dar respuesta a ellos; sustenta tal consideración, la jurisprudencia 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". SEPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Díaz Ocampo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del licenciado Juan Carlos Figueroa Cornejo, secretario que autoriza, hoy diez de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 417/2018-III, promovido por JESÚS DÍAZ OCAMPO, constante de ciento once fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el diez de julio de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer el presente juicio de amparo; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 417/2018-III del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 294/2018-II del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, en contra actos de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos; y otra autoridad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho (f.2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se precisan: "III. Nombre de las Autoridades Responsables. A) C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito N°. 49, con sede en el Municipio de Cuautla, Morelos; con domicilio conocido y en su carácter de Autoridad Ordenadora. B) C. Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Cuernavaca, Morelos; con domicilio conocido, en su carácter de Autoridad Ejecutora. IV. Actos Reclamados A) De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito N°. 49, en su calidad de ordenadora, reclamo LA INDEBIDA IBOBSERVANCIA RESPECTO al cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de Mayo del dos mil catorce, emitida dentro del expediente número 568/2013, de la acción de Prescripción Adquisitiva, respecto de la Parcela Ejidal marcada con el Número 72 Z-1 P-1, con una Superficie de 0-89-23.16 Hectáreas, que se encuentra ubicada en el Plano Interno del Ejido denominado "Hacienda de Temilpa"; perteneciente al Ejido de Tlaltizapán, Estado de Morelos; lo anterior señalado al resolutivo segundo de la sentencia mencionada. Le recamo, además, a ésta Autoridad, las consecuencias de hecho y de derecho que del acto antes citado emanen, mismas que en forma enumerativa, no limitativa, hago consistir en: la omisión en la expedición del Certificado correspondiente a mi favor. B). Del Delegado del Registro Agrario Nacional con sede en Cuernavaca, Morelos, en su calidad de ejecutora, reclamo el haber sido omiso en dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo segundo, de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, referente a la expedición del Certificado a favor del quejoso, en su calidad de posesionario, respecto de una parcela de riego ejidal de la que soy legitimo posesionario, la cual tiene una superficie de 0-89-23.16 hectáreas, misma que de describe ampliamente en el capítulo de hechos de esta demanda; expidiendo de manera errónea un nuevo certificado parcelario en favor de RAMIRO SALGADO MORALES, sin prever que dicha parcela ejidal fue declarada a favor del suscrito, mediante sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Agrario en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, situación que afecta grave y continuamente al quejoso en el ejercicio de mis derechos para hacerlos valer en el ejido al que pertenezco en mi calidad de posesionario; reclamándole a la autoridad responsable, la omisión en seguir el procedimiento adecuado para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional agrario, es decir, lo ordenado por el Tribunal Agrario. Le reclamo, además, a esta autoridad, las consecuencias de hecho y de derecho que, de los anteriores actos emanen, las que, en forma enumerativa y no limitativa, hago consistir, esencialmente, en las órdenes o acuerdos que se hayan girado o estén por girarse a sus inferiores jerárquicos, a fin de que en cumplimiento o ejecución a la resolución que benefició al tercero perjudicado, se me prive de contar con mi Certificado parcelario en mi carácter de posesionario de la parcela ejidal antes mencionada, que identificaré en el capítulo de hechos de esta demanda, por haber sido expedido indebidamente en favor del Tercero Perjudicado." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (f. 23 a 28), registró la demanda bajo el número 417/2018-III, y la admitió; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; ordenó y logró el emplazamiento del tercero interesado Ramiro Salgado Morales (f. 59) y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (f. 41 a 43), se reconoció como tercera interesada a la Asamblea General de Ejidatarios del poblado Hacienda Temilpa, municipio de Tlaltizapán, Morelos, quien posteriormente fue emplazada el dieciséis de abril de la presente anualidad (f. 88). Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional dio inicio el cuatro de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del acta que obra a foja 94 del expediente. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho (f.95), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 417/2018-III, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 294/2018-II; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de cuatro de junio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Legislación aplicable y competencia. Esta resolución, de acuerdo a la fecha de la presentación de la demanda, se dictará bajo los lineamientos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en términos del artículo tercero transitorio de la citada Ley. En el entendido de que la cumplimentación o trámite de ejecución de una probable sentencia concesoria de amparo, se regirá por las disposiciones que establece la legislación citada. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA", pues se reclama un acto que tiene ejecución en Tlaltizapán de Zapata, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. Como cuestión previa, se establece que las tesis de jurisprudencia y criterios aislados que se invocan en esta sentencia, son aplicables de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, dado que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga con la nueva ley. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar el acto reclamado que se desprende de la lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, a fin de lograr una congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, de conformidad con las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI y XIX, Abril de 2000 y 2004, consultables en las páginas 32 y 255, de rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De un análisis integral de la demanda de amparo y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que la parte quejosa reclama:  El defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013. Acto reclamado a las siguientes autoridades: 1. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos. 2. Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos (f. 37 a 40,) al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Acto respecto del cual la parte quejosa omitió ofrecer prueba en contrario para desvirtuar la negativa de la mencionada autoridad. En ese sentido, como la negativa informada por la magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, no fue desvirtuada por el peticionario de amparo, ni de autos se advierte constancia con la que se evidencie la existencia de tal acto reclamado; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la jurisprudencia 284 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional (f. 62 a 64) al rendir su informe justificado en ausencia del Delegado del Registro Agrario Nacional en Morelos, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las documentales allegadas al juicio por parte de la magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio agrario 568/2013, con las que se formó un tomo de pruebas, así como las adjuntadas a su informe por parte del subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional, las que se agregaron al juicio en que se actúa (f. 65 a 72); documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es importante citar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias antes citadas y remitidas por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, residente en Cuautla, Morelos, siendo por su importancia, los siguientes: 1. En auto de trece de noviembre de dos mil trece, fue admitida a trámite la demanda presentada por Jesús Díaz Ocampo, por propio derecho, en la cual demandó la prescripción adquisitiva respecto de una parcela ejidal a Ramiro Salgado Morales, juicio que se registró con el número de expediente 568/2013 (f.1 a 16 del tomo de pruebas). 2. Previo desahogo de las pruebas ofrecidas, el veintiocho de mayo de dos mil catorce (f. 69 a 76), se dictó la sentencia la cual se resolvió conforme los siguientes puntos: "RESUELVE: PRIMERO.- En atención a los argumentos vertidos en los considerandos de esta sentencia, se declara que ha procedido a favor del actor JESÚS DÍAZ OCAMPO, la prescripción positiva de los derechos de uso, goce y disfrute sobre la parcela 72 Z-1 P-1, con superficie, medidas y colindancias señaladas en los considerandos de este fallo, ubicada en el ejido "HACIENDA DE TEMILPA", Municipio de TLALTIZAPAN, Estado de Morelos, por haberse reunido todos y cada uno de los requisitos previstos por el artículo 48 de la Ley Agraria; en consecuencia se cancela el certificado parcelario número 000000027275, que ampara la parcela antes citada, expedido a favor de a VICENTE SALGADO CALDERÓN. SEGUNDO.- Una vez que cause estado esta resolución, con fundamento en el artículo 152 fracción I de la Ley Agraria, remítase copia certificada de este fallo a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, para su inscripción y realice las anotaciones marginales que correspondan, y cancele el certificado parcelario número 000000027275, que ampara la parcela 72 Z-1 P-1, expedido a favor de VICENTE SALGADO CALDERÓN, y se expida el certificado correspondiente a favor del actor JESÚS DÍAZ OCAMPO, en su calidad de posesionario de dicha parcela, ubicada en el poblado "HACIENDA DE TAMILPA", Municipio de TLALTIZAPAN, Estado de Morelos. [.]" 3. Mediante auto de quince de julio de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia; ordenó girar oficio al Registro Agrario Nacional para dar cumplimiento al resolutivo segundo y ordenó el archivo del expediente (f. 82). 4. En cumplimiento a la resolución del Tribunal Agrario, el delegado del Registro Agrario Nacional, expidió el certificado parcelario a favor de Ramiro Salgado Morales (f. 21 del juicio de amparo). Este es el acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En esa línea de pensamiento, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XXI, del artículo 61 y el diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior, los criterios de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia 2a./J. 9/98. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo VII, Febrero de 1998. Página: 210. Materia Común). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia III.2o.C. J/22. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Materia Común. Página: 1579). Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo, la parte quejosa reclamó el defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013, por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional. Mediante correo electrónico recibido el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, fue enviado el certificado parcelario 000001012845 a la cuenta de correo electrónico oficial juan.figuero.cornejo@correo.cjf.gob.mx (f. 101 y 102 del juicio de amparo). Del referido certificado parcelario se advierte que éste se encuentra expedido a nombre de Díaz Ocampo Jesús; lo anterior en cumplimiento a la resolución de veintiocho de mayo de dos mil catorce. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, del ordenamiento legal invocado en segundo término. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el defecto en el cumplimiento de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitida en el juicio agrario 568/2013, por parte del Delegado del Registro Agrario Nacional, tal y como se advierte de las constancias antes señaladas. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en un inicio fue expedido el certificado 000001005752 a nombre de Salgado Morales Ramiro, también es cierto que este ha quedado sin efectos jurídicos trascendentes, ya que en su lugar ha sido expedido el diverso 000001012845 a nombre de Díaz Ocampo Jesús; por tanto, es dable afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado. En este orden de ideas, es de concluirse que la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, es decir la expedición del certificado parcelario 000001005752 a nombre de Salgado Morales Ramiro, y esto da lugar a una nueva situación jurídica la que corresponde al cumplimiento de la sentencia del juicio agrario 568/2013, al emitirse el certificado parcelario 000001012845 a nombre del quejoso Díaz Ocampo Jesús; lo que se insiste, constituye una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, ello al haber quedado sin efectos el primer certificado parcelario en comento, expidiendo uno nuevo a nombre del promovente, tal y como se ordenó en la sentencia del Juicio Agrario antes citado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, visible a página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 77 ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, impidiendo tal circunstancia el estudio y análisis de los conceptos de violación hechos valer. Siendo aplicable la jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, en relación con los alegatos formulados por el quejoso (f. 48 a 49 y 90 a 91), resta señalar que estos no forman parte de la litis, por lo que no existe obligación de dar respuesta a ellos; sustenta tal consideración, la jurisprudencia 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". SEPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Díaz Ocampo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el maestro José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del licenciado Juan Carlos Figueroa Cornejo, secretario que autoriza, hoy diez de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Jadilson Alonso Navarro está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que da fe.ISA*

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