Jesús Delgadillo Martínez
Expediente 881/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jesús Delgadillo Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Jesús Delgadillo Martínez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
AVISO: se notifica por medio de lista al quejoso el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en virtud de no haber comparecido ante el local de este juzgado a notificarse personalmente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo....
- Principal
V I S T A la demanda de amparo, promovida por Jesús Delgadillo Martínez, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 881/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente, en la parte conducente, establecen lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». «Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]» De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN». Bajo ese contexto, a consideración de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque la parte quejosa, señala como acto reclamado destacado, la determinación de veintidós de septiembre del año en curso, dictada por el juez señalado como responsable, en el juicio sucesorio a bienes de Ana María Martínez Pedroza (sic), expediente 1598/2017, instado por el aquí quejoso, que no acordó su petición de turnar dicho sumario para el dictado de la sentencia correspondiente, hasta en tanto, se acreditara la identidad del inmueble conforme al avalúo e inventario y título de propiedad exhibidos, así como se probara que Ana María Martínez Pedroza y Ana María Martínez Pedros de Delgadillo, era la misma persona, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Esto es, porque atento a la naturaleza del acto impugnado, éste no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues las sentencias que se emitan es consecuencia lógica de la libertad de criterio en el análisis jurídico de que los jueces gozan, atento a sus atribuciones y facultades que la ley les confiere. Así, el acto reclamado en la presente vía, de momento no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto impugnado descrito en líneas que anteceden, no afecta materialmente derechos sustantivos de la inconforme, esto es, no hay una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, dado que se alega la conculcación de derechos adjetivos; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, pues resulta ser un acto dictado en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS». Por tanto, de lo anteriormente señalado, se colige que el acto combatido no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuye al tribunal responsable, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente. Sin que pasen inadvertidos para este resolutor, los diversos criterios sostenidos por Nuestro Máximo Tribunal, en relación con la acepción de actos de imposible reparación, así como los casos de excepción tratándose de los intraprocesales, virtud a que la nueva Ley de Amparo, en el numeral y fracción examinados (107, fracción V), definió qué debe entenderse por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, y, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la aludida reforma, justificó la vigencia de la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, en la medida que no se oponga a lo proscrito en la nueva Ley de Amparo. Máxime que, en contra de la aludida determinación, procede el recurso de revocación, previsto en los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que, a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. En efecto, los citados dispositivos en la parte conducente establecen lo siguiente: «Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó». «Artículo 1.363. La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente». «Artículo 1.364. Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible». «Artículo 1.365. La resolución que decida la revocación no admite recurso». Por consiguiente, si conforme a dichos numerales es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el aludido recurso, en términos de los citados numerales, pues se insiste que, a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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