Jesús de la Cruz Pérez

Expediente 1896/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1896/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Jesús de la Cruz Pérez

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales.

  2. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que el auto mencionado en líneas precedentes HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    MESA 9.-Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado y se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el juicio de amparo 350/2022-IV, promovido por Jesús de la Cruz Pérez y/o Jesús Pérez de la Cruz, contra actos del Juez de Control de la Región de Paraíso, Tabasco, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 17, 19, 35 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, toda vez que la superioridad, en el impedimento 18/2022, declaró legal el impedimento planteado por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, ordenando devolver los autos al juzgado de origen para que los remitiera a la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, y los turne al juzgado que corresponda. En virtud de lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1896/2022-9. TRAMITACIÓN Por otra parte, toda vez que en el juicio de amparo 350/2022-IV, del índice del citado juzgado federal, fue admitida la demanda que nos ocupa, y en virtud que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto; se convalidan todas y cada una de las actuaciones del juez declinante, consecuentemente, prosígase con la tramitación del presente asunto. SOBRESEIMIENTO De un análisis realizado a la demanda de amparo que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: La orden privativa de la libertad emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, en la carpeta administrativa 30/2022, por el hecho que la ley señala como delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la menor de iniciales reservadas A.R.D.C. representada por Elena Sánchez Hernández. El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa 30/2022, en el que se difirió la audiencia de prueba anticipada, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco; y, en su lugar se fijaron las nueve horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Ahora, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. En efecto, la citada fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;[.]" Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que forman la carpeta administrativa 30/2022, se desprende que mediante oficio FGE-DGPI-UPI-059/2022, de veintisiete de enero de dos mil veintidós, a las veintiún horas con once minutos, el quejoso Jesús de la Cruz Pérez y/o Jesús Pérez de la Cruz, fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, quedando en el Centro de Reinserción Social de Comalcalco, Tabasco, por el delito de pederastia. Luego, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, el juez de la causa citó a las partes para que participaran en la audiencia inicial, la cual fue fijada para las doce horas con treinta minutos de esa misma data. Por lo que, allegada la hora de la audiencia, el Fiscal del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso contra el quejoso, solicitando también la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, a lo que el Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, a petición del fiscal fijó las doce horas con treinta minutos del uno de febrero de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia en su fase de vinculación a proceso e impuso a Jesús de la Cruz Pérez y/o Jesús Pérez de la Cruz, la medida cautelar contenida en el artículo 155, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la prisión preventiva oficiosa, la cual tendrá vigencia por todo el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, a menos que ese exceso se deba a actos de defensa del imputado o su defensa. Por lo que, el uno de febrero de dos mil veintidós, se vinculó a proceso a Jesús de la Cruz Pérez y/o Jesús Pérez de la Cruz, por el delito de pederastia, previsto y sancionado por el artículo 328, del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la menor de iniciales reservadas A.R.D.C. representada por Elena Sánchez Hernández. En tres de agosto del año en curso, el acusado Jesús de la Cruz Pérez y/o Jesús Pérez de la Cruz, estuvo de acuerdo y aceptó su participación en los hechos narrados por el fiscal, aceptó el procedimiento abreviado, reconociendo las consecuencias legales y renunció al juicio oral. Seguida la secuela, el cinco de agosto del año actual, se dictó sentencia en contra del quejoso, al haber solicitado el procedimiento abreviado, en la cual, en lo que aquí interesa, se declaró al aquí quejoso legalmente responsable de la comisión del delito de pederastia, imponiéndole once años de prisión y multa de $89,620.00 (ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos con 00/100 moneda nacional). Por lo tanto, la salida alterna al procedimiento, consistente en el procedimiento abreviado, es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. Al respecto, es importante destacar que uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre e informado del imputado de someter la solución de la controversia penal a este tipo de mecanismos, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Consideraciones que son igualmente aplicables respecto de la orden de aprehensión, puesto que el acceder a la suscripción del acuerdo reparatorio, es una conducta que por sí sola entraña el consentimiento del motivo que originó en primer lugar la solicitud y posterior libramiento de la orden de captura, o por lo menos su no cuestionamiento. Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 33/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, registro digital 2014495, de rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en: El auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa 30/2022, en el que se difirió la audiencia de prueba anticipada, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco; y, en su lugar se fijaron las nueve horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. Existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" [.] En efecto, para la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, se debe entender por actos consumados de un modo irreparable aquéllos que una vez emitidos o ejecutados hacen imposible física y materialmente su restitución por haberse realizado sus efectos en forma total. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas; por tal motivo, al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar la procedencia del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad de que, al obtener una sentencia favorable, el gobernado pueda ser restituido en el derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, tal y como lo ordena el artículo 77 de la ley, habida cuenta de que si no está al alcance de los medios jurídicos dicha restitución, el juicio resulta improcedente. Ilustra lo anterior la tesis I. 3o. A. 150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 325, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya transcripción es la siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Así las cosas, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material de volver las cosas a su estado anterior, de tal forma que las violaciones que producen al agraviado ya no podrán ser reparadas a través del juicio de amparo; situación esta última que da motivo a la improcedencia de la acción constitucional, pues de otorgarse la protección de la Justicia de la Unión, la sentencia carecería de efectos prácticos y materiales para su cumplimiento. Así, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto, por el sólo transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Para demostrar la causa de improcedencia en estudio, debe decirse que el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa 30/2022, en el que se difirió la audiencia de prueba anticipada, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata del Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco; y, en su lugar se fijaron las nueve horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, ya se materializó y hasta se dictó sentencia el cinco de agosto del año actual, en la que, se declaró al aquí quejoso legalmente responsable de la comisión del delito de pederastia, imponiéndole once años de prisión y multa de $89,620.00 (ochenta y nueve mil seiscientos veinte pesos con 00/100 moneda nacional) Bajo ese contexto, el presente juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto reclamado se consumó de un modo irreparable, dado que resultaría materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado y no es factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consumándose de manera irreparable. En consecuencia, se actualizan con ello las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XVI, de la Ley de Amparo aplicable, al haber consentido el acto reclamado en las condiciones antes relatadas y haberse consumado de modo irreparable; razón por la que procede sobreseer, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Magnioli Montalvo, y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ténganse por recibidos los cuadernos incidentales del juicio 350/2022-IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, identifíquense bajo el número 1896/2022-9, de este índice, los cuales obran por cuerda separada de este juicio. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a las partes.

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