Jesús de la Cruz Guerrero
Expediente 1665/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1665/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Jesús de la Cruz Guerrero
Actuaciones
- Principal
************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México; siendo las ONCE HORAS DEL veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por propio derecho, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca; quien actúa asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Acto continuo la secretaria hace relación de las siguientes constancias: Autoridad responsable Notificada Informe justificado Sentido Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México 16/11/2023 Foja 21 Foja 15 a 16 Cierto Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". La Secretaria certifica que está transcurriendo el plazo otorgado a las partes, en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. La Jueza acuerda: no obstante que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado, procédase a resolver el presente sumario, toda vez que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a la parte quejosa. Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con la prueba ofrecida únicamente por la autoridad responsable, a saber: la documental pública consistente en copia certificada del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente laboral ********************. La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza; y, al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo; asimismo por precluido el derecho para ofertar a las demás partes. Luego, se abre la fase de alegatos y la Secretaria certifica: que las partes se abstuvieron de realizarlos; por tanto, se tienen por omisas a las partes en formular sus respectivos alegatos; y, se concluye esta fase procesal. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda.VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por escrito depositado en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; registrado y turnado el treinta siguiente en éste Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad; el quejoso ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda, seguido el juicio con las formalidades de ley, tuvo verificativo la citada audiencia en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de naturaleza omisiva que no precisan ejecución material, y el libelo constitucional fue presentado en el lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. ACTOS RECLAMADOS La abstención por parte de la autoridad responsable para emitir laudo en el juicio laboral número ********************, que de conformidad con el artículo 242 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debió emitir en un término no mayor a quince días, una vez cerrada la instrucción. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje responsable al rendir su informe justificado (foja 15 a 16), por lo que así deberá tenérsele para los efectos legales conducentes. Certeza que además se corrobora con la copia certificada del proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, que remitió la responsable como anexo a su informe con justificación; misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, y de la cual se aprecia que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador para que emitiera el proyecto de resolución, sin que hasta el día de hoy se haya dictado el laudo correspondiente. CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa. QUINTO. Estudio de fondo. Tanto las consideraciones en que se sustenta del acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con la clave 2a./J. 58/2010, en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa manifestó en su demanda que se transgrede lo previsto en el artículo 17 constitucional al violentarse sus derechos de recibir justicia de manera pronta y expedita. Analizado tal planteamiento, lo procedente es conceder la protección constitucional en el presente juicio de amparo indirecto a la parte quejosa ********************, al resultar parcialmente fundados sus conceptos de violación y principalmente en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el presente asunto en materia laboral, quien promueve el amparo es la parte trabajadora. En ese orden de ideas, previamente conviene destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". De la transcripción anterior se advierte que el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que en su acepción más amplia implica la prerrogativa de los particulares a una administración de justicia con la característica de prontitud a favor de los gobernados, a través de los principios siguientes: Justicia pronta: se traducen en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establecen las leyes. Justicia completa: consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le aseguren la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita: estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema de acceso a la justicia, postulado que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se garantiza a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental a los fines siguientes: 1) lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable; 2) que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan; 3) que las condiciones o presupuestos procesales que establezcan encuentres sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución; y, 4) tomar en cuenta entre otras circunstancias la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J.113/2001 publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, materia constitucional de rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da. Por tanto, todo gobernado tiene derecho a que una autoridad judicial le administre justicia dentro del término de ley. Ahora, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México en los numerales 241, 242 y 242 bis, prevén lo siguiente: "Artículo 241. Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos. "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnaran los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal". "Artículo 242 bis. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificara en un término no mayor de 15 días". De la transcripción anterior se obtiene que una vez desahogadas la totalidad de las pruebas y, en su caso, formulados los alegatos se deberán turnar los autos al auxiliar dictaminador para que emita el laudo respectivo a la mayor brevedad posible, el cual una vez que es elaborado será discutido y aprobado en una sesión de pleno que se verificará en un plazo no mayor a quince días. En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley; y, que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, porque con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación al derecho humano no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, porque el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.8/2004 publicada en la página 226 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, febrero de 2004, materia laboral de rubro y texto siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juez de amparo cuando advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o en su paralización total, deberá darse trámite legal a la demanda, para que se determine los efectos contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia; motivo por el cual, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.33/2019 publicada en la página 1643 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, materia común y laboral de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Por ende, los tribunales laborales están obligados a emitir sus laudos dentro del plazo establecido por la ley. Las anteriores consideraciones, aplicadas al caso, sirven de base para establecer que debe concederse el amparo, porque se vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia en agravio de la parte quejosa, porque a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de octubre de dos mil veintitrés) que dio origen al presente juicio de amparo, había transcurrido en exceso el plazo señalado por la ley laboral para emitir el laudo respectivo, porque desde el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se cerró instrucción en el expediente laboral de origen, sin haberse emitido el laudo correspondiente. En efecto, es inconcuso que la autoridad responsable ha excedido el término previsto en el artículo 242 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, en cuanto a que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días. Por tanto, resulta indiscutible que el comportamiento asumido por la autoridad a quien se endilga el reclamo, resulta violatorio del derecho humano de quien accede al amparo, porque al no haberse dictado el laudo respectivo incidió en la esfera jurídica de la parte quejosa de manera irreparable, al aplazarse la resolución del juicio y, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitir resultara favorable a sus intereses, la trasgresión en estudio no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. Sin que sea óbice que la irregularidad del dictado de laudo se deba, en su caso, a las cargas de trabajo excesivas que imperan en ese tribunal, porque de acuerdo con nuestro sistema constitucional, la función jurisdiccional en materia laboral tiene su origen en la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, estableciendo que compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la aplicación de las leyes del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicios por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que les corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. De ahí que se impone a las juntas la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso. Con base en las anteriores consideraciones, es que procede conceder la protección constitucional a la parte quejosa. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (autoridad responsable) actúe en el sentido de respetar el derecho de impartición de justicia pronta y expedita violado, ajustando su actuación al espectro de protección siguiente: 1.- Dicte de inmediato la resolución en forma de laudo en el expediente laboral ********************. 2.- Ordene notificar que dicha determinación a la parte quejosa ********************. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no ha transcurrido el plazo otorgado a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud que la presente sentencia no afecta al quejoso. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable indicada en la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Intégrese a los autos, el oficio de cuenta signado por el representante legal del Director General de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual solicita no se ordené la ejecución de la multa, toda vez que presentaron en tiempo y forma el recurso de queja en contra del auto de trece de octubre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, no ha lugar a proveer lo solicitado, toda vez que se está en espera que el Tribunal Colegiado resuelva el recurso interpuesto antes referido en el entendido que de ser fundado el mismo se dejaría sin efectos la multa impuesta.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia penal de Toluca, Estado de México, a través del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria decretada en el presente amparo y remite copia certificada del expediente electrónico del toca de apelación 267/2023 y no así de la causa de control 265/2023, como lo refiere en el ocurso de cuenta. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con las constancias recibidas y las que obran en autos, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Notifíquese como legalmente corresponda.
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