Jesús David Reyes Bedolla
Expediente 391/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús David Reyes Bedolla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, se hace constar que este sumario carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 17370 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 23/2021, cuyo puntos resolutivos son: ". PRIMERO. No existe conflicto competencial. SEGUNDO. Corresponde proveer sobre la demanda de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." Realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, en estricto cumplimiento a la determinación colegiada de referencia, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del presente asunto y, visto el estado de autos, acuerda en los siguientes términos: De la lectura a la demanda presentada electrónicamente por ., en representación de . de conformidad -dice- con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se desprende que los actos de autoridad reclamados se hacen consistir esencialmente en los siguientes: I. De la ".Dirección de la penitenciaria cdmx (sic) --- Subdirección de apoyo técnico de la penitenciaria cdmx (sic) --- Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico, ubicación y determinación del tratamiento de la penitenciaria cdmx (sic) --- Comité técnico de la penitenciaria cdmx (sic) --- Subsecretaría de sistema penitenciario de CDMX --- Director ejecutivo de seguridad penitenciaria de la cdmx (sic) --- Secretaria de gobierno de CDMX --- Jefa de gobierno CDMX.": a. La reubicación fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal) del dormitorio cuatro-zona uno-estancia nueve a otro diverso, lo que pone en riesgo grave e inminente su vida, salud, integridad y dignidad, actualizando actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. b. El traslado fuera de procedimiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro carcelario, lo que pone en riesgo grave su vida, integridad, salud y dignidad, actualizando actos prohibidos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. II. De los ".Jueces de distrito de amparo en materia penal de la CDMX del primero al décimo sexto (sic) --- Jueces de distrito, jueces de distrito con especialidad en materia penal y amparo y jueces de distrito con subespecialidad en materia penal y amparo de edomex, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Campeche, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Yucatán (sic)": a. Discriminación por condición. b. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem. c. Violación al principio pro hominem. Recordemos que, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de la competencia planteada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por razón de materia, este juzgador se avocó al conocimiento de la demanda de amparo únicamente respecto de los actos de autoridad identificados en el numeral I incisos a y b, desechando la demanda al considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y respecto de los actos de los actos de autoridades identificados con el numeral II incisos a), b) y c), no se aceptó la competencia. Siendo precisamente en este último extremo de la demanda que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que corresponde proveer lo conducente a este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al no estar plenamente demostrado que tiene el carácter de autoridad responsable y, de ser el caso, se prevenga al quejoso para que los aclare y, una vez que se cuente con mayores elementos, se determine lo que resulte en cuanto a la competencia. Lo anterior se obtiene de la parte de la ejecutoria cuya literalidad es la siguiente: ". Consecuentemente, aun cuando no existe propiamente un conflicto competencial, con el fin de que se dé trámite a la demanda de amparo por los actos respecto de los cuales se rechazó la competencia, lo procedente es que conozca del juicio de amparo el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. . En esas condiciones, sin perjuicio de que no sea materia del presente conflicto competencial, pero dado el impedimento sobre el cual el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal pretendió justificar su incompetencia, se estima pertinente señalar que, en todo caso, lo procedente es que, en principio, dicho juzgador provea lo conducente respecto los actos por los que la rechazó. Esto es, para que, analice la demanda y, de ser el caso, prevenga al quejoso aclare cuál es el acto que, en específico sin ambigüedades ni generalidades, le reclama; y, posteriormente, con los elementos e información necesarios, analice si verdaderamente le es atribuible algún acto, que en su caso, actualice el supuesto del artículo 38 de la Ley de Amparo, pues es probable que tal señalización haya sido efectuada de manera errónea, en cuyo caso no existiría razón alguna por que se resistiera a conocer de la litis constitucional y proveer lo que en derecho corresponda. No obstante, se insiste, al no estar plenamente demostrado que, efectivamente, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, lo procedente es que sea el que conozca de los actos reclamados en la demanda de amparo, a fin de que una vez que cuente con mayores elementos, determine lo conducente en cuanto a su competencia para conocer de los actos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Esta determinación no impide que el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, analice si realmente tiene o no el carácter de autoridad responsable, y en su caso, provea lo que en derecho proceda respecto de su competencia para conocer de los actos por los que no aceptó la competencia. ." Luego entonces, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado, este juzgador obtiene dos premisas fundamentales: la primera, en este momento el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México no es autoridad responsable, por lo que no existe "impedimento" alguno para proveer lo conducente; y, la segunda, de ser el caso de insistirse en que este órgano no es competente para conocer de la demanda, primero deberá prevenirse al quejoso para contar con mayores elementos. Bajo esa óptica, prevenir al quejoso para que aclare la demanda, significaría obviar un requisito de procedibilidad que debe cumplirse en la presentación de demandas de amparo, propio del principio de instancia de parte agraviada y que se relaciona con una causa de improcedencia notoria y manifiesta, que en el caso prevalece sobre cualquier tipo de prevención que pudiera operar, y respecto del cual no existe pronunciamiento expreso de ese Tribunal Colegiado. Veamos: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que resiente la afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, salvo las excepciones enmarcadas en la propia ley de la materia. Es decir, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye uno personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En ese orden, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la demanda promovida electrónicamente por ., en representación de ., por cuanto hace a los actos señalados, porque no se actualiza el principio de "instancia de parte agraviada". Lo anterior es así, puesto que el promovente no tiene legitimación activa en términos de la Ley de Amparo para instar la acción constitucional en nombre del directo agraviado, cuya esfera jurídica es la que, en todo caso, resentiría una afectación en virtud de aquéllos. La norma es clara en los citados preceptos: la legitimación para promover el amparo está acotada a que sea directamente la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en su artículo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante legal o apoderado, lo que en el caso no se actualiza, pues no ocurre a esta instancia directamente .. Cierto, existe una excepción a todo lo anteriormente expuesto, ¿cuál?, la que se desprende de los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, relativa a cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa Ley, supuesto en el que incluso no se requerirá de firma electrónica. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Precisado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia? La respuesta es No. Lo anterior es así, pues aun cuando pudiera estimarse que . se encuentra imposibilitado para promover el juicio de amparo, esto únicamente por su condición de interno, y que por esa razón . presentó la demanda electrónicamente y sin firma electrónica, los actos reclamados a las autoridades judiciales señaladas como responsables, no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. Se explica: El acto de discriminación por condición que se atribuye a diversas autoridades jurisdiccionales, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales [como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes]. Lo anterior es así, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas (por ejemplo, cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia), hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, lo somete a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean trasladados o cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Apoya lo anterior, por las razones de fondo que se sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Mientras que, la inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem y la violación al principio pro hominem, al margen de que por sí mismos no podrían estimarse como actos reclamados, son situaciones fácticas que, dada la construcción del reclamo, operarían dentro un procedimiento de índole judicial. Por lo que, como se adelantó, los reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la acción constitucional planteada en el extremo analizado. De la parte promovente Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que fue omiso en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, por lo que se llevarán a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto Eapego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.
- Principal
Agréguese el oficio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que comunica que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y lo registró con el número C.C.A. 23/2021-III, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó parcialmente la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que en ese extremo dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
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