Jesus David Ortiz Tapai
Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Jesus David Ortiz Tapai
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II Toluca, Estado de México; nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el agraviado no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha adquirido firmeza procesal. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de oficio (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto párrafos de dicho Acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
ii)Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte agraviada omitió desahogar los requerimientos insertos en el auto preventivo de diecisiete de marzo de dos mil diecinueve. En esta tesitura, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto en esa determinación y se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente "En merito a lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que: La responsable una vez que cause ejecutoria la presente determinación señale fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación de la ahora quejosa, la cual se deberá llevar a cabo dentro de los plazos legales. Notifique a las partes de dicho auto dentro de los plazos establecidos por la legislación aplicable, es decir, les haga del conocimiento la fecha y hora señaladas para la diligencia. Finalmente, cabe precisar que la realización efectiva de la diligencia de reinstalación no es materia del presente juicio de amparo; es decir, que se tendrá por cumplida la sentencia de amparo con el señalamiento de la fecha de la diligencia de reinstalación y las notificaciones respectivas a las partes, todo ello dentro de los plazos legalmente establecidos. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 al 76, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Guadalupe Arellano Jaime, contra el acto y autoridades mencionados en los considerandos segundo y tercero y por las razones señaladas en el quinto considerando de la presente sentencia." Ahora bien, la concesión fue para el efecto de que la Junta responsable señalara fecha y hora para que se llevara a cabo la reinstalación de la ahora quejosa, la cual se debería llevar a cabo dentro de los plazos legales; asimismo, notificara a las partes el auto correspondiente dentro de los plazos establecidos por la legislación aplicable, es decir, les hiciera del conocimiento la fecha y hora señaladas para la diligencia respectiva. Ahora bien, mediante proveídos de veinte y veintiocho de febrero y ocho de marzo todos de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante los cuales comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo; es decir, informó que se señalaron las trece horas del veintiséis de febrero del de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la reinstalación del quejoso Guadalupe Arellano Jaime, remitiendo para tal efecto copia certificada del proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitido en los autos del juicio laboral J.2/216/2017, así como las constancias de notificación a las parte de dicha determinación. Asimismo, remitió copias certificadas del proveído de veintidós de febrero pasado, así como de la diligencia de reinstalación del quejoso de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, signada por el actuario adscrito a la junta responsable, de la cual se desprende que no se llevó a cabo en sus términos por los motivos expuestos por el fedatario judicial. Posteriormente, la junta responsable informó que en atención a lo solicitado por la parte actora, ahora quejosa, emitió el auto de veintiocho de febrero, en el cual dio por terminada la relación laboral entre la actora y la demandada, en el juicio laboral J.2/216/2017; y que, condenó a la patronal a indemnizar a la actora las prestaciones ahí referidas por lo que, emitió auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma por la cantidad ahí precisada. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable, en el entendido que los efectos del amparo fueron para que la responsable señalara fecha y hora para que se llevara a cabo la reinstalación de la parte quejosa, circunstancia que aconteció el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se desprende que las partes en el presente juicio de amparo no hicieron manifestación alguna en relación a la vista ordenada en proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, esto es, no señalaron las constancias que deben remitirse al Tribunal Colegiado para la substanciación de los recursos de queja interpuestos por Pascual de la Rosa Gumercindo, Leonides Antonio Hernandez y Gabino Martín Huerta Dimas, Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Comisariado de Bienes Comunales del Poblado San Juan Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac, Estado de México (tercero interesado), contra el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (foja 4252) y por Alfredo Jorge García Ávila, representante legal de Promotora y Administradora de Carreteras, sociedad anónima de capital variable (autoridad responsable), contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 4170 a 4172). Por tanto, y a fin de no vulnerar las reglas que rige el presente procedimiento, este juzgador estima oportuno remitir las constancias pertinentes a efecto de que substancien los medios de impugnación antes aludidos; previo desglose de los originales de los escritos de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, así como una copia más de dicho ocurso para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese.
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