Jesús Daniel Romore Sánchez
Expediente 804/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2021
Partes del expediente
- Jesús Daniel Romore Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de dieicocho de junio de dos mil veintiuno, en que en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que el directamente agraviado ****, no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por *****; toda vez que transcurrió el plazo de tres días otorgado al agraviado para que diera cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho. II. Se tiene por no presentada demanda de amparo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte promovente el auto de dieciocho de junio del año en curso, el cual en lo conducente dice: Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que el directamente agraviado no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor; toda vez que transcurrió el plazo de tres días otorgado al agraviado para que diera cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente expediente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y una vez que cause estado la presente determinación, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
se ordena que la determinación de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten se le practiquen a Jesús Daniel Romero Sánchez, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, fenecido el plazo que señala el auto mencionado en el párrafo anterior, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: el escrito promovido por Rosario Guadalupe Sánchez Vázquez en favor de Jesús Daniel Romero Sánchez, contra actos del agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Narcomenudeo, y Jefe de Grupo, de la Policía Ministerial, Zona Tijuana, ambos con sede en esta ciudad. Consecuentemente, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 804/2020-II, se reserva pedir los informes de ley y señalar fecha para la celebración de las respectivas audiencias, así como de proveer respecto de los diversos actos no previstos en el artículo 22 constitucional que también se reclaman, hasta en tanto sea ratificada la demanda por parte de la directamente agraviada. Se comisiona a la actuaria de este órgano jurisdiccional, a fin de que se traslade a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Narcomenudeo, de esta ciudad, con el objeto de notificar al directamente agraviado Jesús Daniel Romero Sánchez el contenido íntegro del presente proveído y le requiera para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor y dé fe de la integridad física del directamente agraviado y de las condiciones en que se encuentra en el lugar en que está recluido. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cesen inmediatamente, los actos consistentes en malos tratos e incomunicación, que se dice sufre Jesús Daniel Romero Sánchez, así como cualquier otra conducta proscrita por el artículo 22 constitucional pues de consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso del goce del derecho fundamental peticionado; esto es esto es, para que cesen dichos actos de incomunicación y los prohibidos por el dispositivo Constitucional de referencia. Ahora, en el caso de que la privación de la libertad del quejoso fuera del procedimiento judicial sea con motivo de una detención por caso urgente decretada por el ministerio público, el efecto será para que aquel sea puesto en INMEDIATA LIBERTAD o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente, en términos del artículo 165 de la ley de la materia. Asimismo, para el caso de que la detención del directamente agraviado haya sido con motivo de la comisión de un delito y no se esté en el caso de detención por cuestión urgente, el efecto de la suspensión de plano aquí decretada, será para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, aquel sea puesto en libertad o consignado ante el Juez Penal competente, según corresponda; quedando el directo agraviado a disposición de este Juzgado Federal, en el lugar en el que se encuentra detenido, por lo que respecta a su integridad física, salvo que por razones de salud o por cualquier otra causa necesaria y legal la autoridad responsable disponga otro lugar, en cuyo caso, de inmediato, deberán comunicarlo a este juzgado, a fin de dictar las medidas procedentes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Por tanto, en relación con la suspensión de plano de dicho acto, a fin de garantizar la integridad física de Jesús Daniel Romero Sánchez, la seguridad de sus visitantes y del propio personal que se encuentre en las instalaciones del lugar en el que se encuentra, la autoridad responsable debe establecer las condiciones que permitan que quienes se ostenten como defensores particulares del directamente quejoso o bien, personas de su confianza se entrevisten con éste, con el propósito de garantizar el derecho que el artículo 20 Constitucional otorga a su favor, tanto en la investigación como en el procedimiento penal; aunado a que de esta forma se garantiza también el derecho a una defensa adecuada, y permite el ejercicio profesional de los abogados, así como de familiares del agraviado, aplicando para la fijación de los horarios respectivos la buena fe y el sentido común, y actuando de manera razonable ante situaciones extraordinarias, sin que lo anterior implique transgredir la normatividad, que regule el ingreso a las instalaciones del lugar donde se encuentra el aquí quejoso, ni las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a la medida cautelar de que se trata, pero sí un imperativo para que la autoridad responsable respete los derechos fundamentales del agraviado Jesús Daniel Romero Sánchez. En ese sentido, prevéngase a la autoridades responsables, para que otorguen las facilidades necesarias a la Actuaria de este Juzgado, y así dé cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, vigente al momento de su imposición, en términos de los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 41, Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con independencia de dar vista al fiscal federal correspondiente para los efectos de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir por obstaculizar la función de la fedataria citada.
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