Jesús Daniel Gómez Arellano
Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jesús Daniel Gómez Arellano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a través del cual, informa que no se insistió en la competencia declinada a este órgano jurisdiccional, razón por la que, se dio trámite a la demanda de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Notifíquese a las partes por lista.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos de los cuales se advierte que mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, no se aceptó la incompetencia planteada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por lo que se ordenó devolver los autos y sus anexos. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento de la determinación que adoptó el homologo federal; en esa virtud, se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, que de no tener inconveniente se sirva informar, el estado procesal del juicio de amparo indirecto 22/2021, en cuanto a la incompetencia formulada, esto es, si ya no insistió en su planteamiento, o bien, si fue tramitado algún conflicto competencial. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 278/2021, firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 22/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ----------; lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 120/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, vistas las razones expuestas por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con base en las cuales declinó la competencia a favor de este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo de referencia, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se informa atenta y respetuosamente que este órgano de control constitucional no acepta el conocimiento del asunto de que se trata y por ende, se rechaza la competencia planteada. Lo anterior, toda vez que la remisión del expediente en cuestión se basa en esencia, en el hecho de que el quejoso señaló en su demanda que el acto reclamado consistente en la emisión y ejecución de una orden de aprehensión, detención, retención y/o presentación, se trató de ejecutar en su domicilio ubicado en Calle Á---------, Ecatepec de Morelos, Estado de México; por ello, al tener ejecución los actos reclamados dentro de la jurisdicción de este juzgado, la competencia para conocer del juicio de amparo en alusión, corresponde a este órgano jurisdiccional. Sin embargo, como fue anticipado, no se comparte el criterio del homologo federal para declinar la competencia por territorio por los motivos siguientes: Para arribar a esa consideración, debe tomarse en cuenta que del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo contra actos reclamables en la vía indirecta, se presentará ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que los actos reclamados tengan algún modo de ejecución, pero si no requiere de ella, se genera la competencia en el que corresponda al lugar en que se haya presentado la demanda de amparo, todo lo cual obedece a un principio de territorialidad que permea en el sistema jurídico nacional y que tiene el propósito de facilitar a las personas el acceso a la acción constitucional a estudio. En ese sentido, es conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido de tal precepto se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante quien se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de las dos primeras reglas competenciales se aprecia la exigencia de que los actos reclamados tengan ejecución material, a diferencia de la tercera que no lo requiere. De ello se sigue que las normas de competencia reguladas en el precepto invocado establecen una serie de supuestos de competencia que son aplicables de forma sucesiva y que son excluyentes entre sí. Si bien es cierto que la autoridad que dicta u ordena los actos que se reclaman en el juicio de amparo, puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales de un peticionario de protección constitucional, es evidente que el creador de la norma le dio preferencia a la ejecución del acto para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer del medio de control, lo que tiene un sustento racional derivado del sistema nacional de división territorial, bajo el cual, se establecen los límites competenciales para que los juzgadores ejerzan su jurisdicción y que maximiza el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues facilita al demandante del servicio de administración de justicia el acudir ante el órgano bajo cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando, o se hayan ejecutado los actos reclamados que por su cercanía, está en aptitud de actuar con mayor eficacia para resolver los asuntos que se sometan a su consideración, así, el quejoso tiene mayores posibilidades de defensa, pues cuenta con más facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, promover en el juicio e interponer los recursos procedentes. En ese sentido, los actos que requieran de ejecución material en un solo lugar, brindarán competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese sitio. Por su parte, los que requieran de ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares, por lo que resolverá el asunto quien hubiere prevenido en su conocimiento. Ahora bien, aquéllos que carezcan de ejecución material producirán la competencia relativa en el Juez de Distrito ante quien se hubiere promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, en el caso se advierte que el acto aquí reclamado pudiera tener ejecución en más de un Distrito, por lo cual el juez competente es ante quien se presente la demanda, de tal manera las ordenes reclamadas se puede ejecutar en cualquier lugar donde se pueda localizar a la persona, como podría ser su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que las responsables ejerzan jurisdicción, por ello, a consideración de este juzgado, la residencia del amparista es insuficiente para justificar la competencia, puesto que ello equivaldría dejar a su arbitrio determinar dicho aspecto, con el sólo hecho de señalar un domicilio en el lugar donde quiera tramitar el juicio, lo anterior es así, pues el quejoso señaló como responsables al Fiscal General de Justicia del Estado de México y Director de la Policía Ministerial del Estado de México, quienes tienen jurisdicción en todo el Estado de México; además, designó como responsable al Fiscal de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, con sede Lerma Estado de México, quien únicamente podrá ejecutar el acto reclamado dentro de la jurisdicción correspondiente al juzgado remitente. Por ende, atendiendo a la segunda regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es factible advertir que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, pudiera tener ejecución en más de un Distrito, pues las autoridades responsables señaladas como ejecutoras Fiscal General de Justicia del Estado de México y Director de la Policía Ministerial del Estado de México, podrían ejecutar el acto reclamado en cualquier lugar donde localicen al aquí quejoso, sea en su domicilio o en algún otro municipio de la entidad, o bien, el Fiscal de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, con sede Lerma Estado de México, pudiera ejecutarlos dentro de la jurisdicción del órgano remitente. En efecto, el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante quien se presente la demanda, es decir, es posible sostener que el acto reclamado requiere ejecución material y que por el dicho del quejoso pretendió ejecutarse en su domicilio, concretamente en el Municipio de Ecatepec Estado de México, lo cierto es que algunas de las autoridades responsables tienen jurisdicción para actuar en cualquier municipio de la entidad, lo que incluye la residencia del lugar en que se presentó la demanda (Toluca), o bien, exclusivamente en la residencia del órgano jurisdiccional remitente como es el caso del Fiscal de la Fiscalía Especializada en Homicidios del Valle de Toluca, con sede Lerma Estado de México; por tanto, como se indicó, se considera que es competente para conocer de la demanda el juez ante quien se presentó la misma, y ello porque los actos reclamados pueden ejecutarse en cualquier lugar dentro del Estado de México. Se estima aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 12/95, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien interpreta la Ley de Amparo anterior a la reforma de dos de abril de dos mil trece, su contenido es aplicable a la orma vigente al existir identidad con su actual contenido, en términos de su Artículo Sexto Transitorio y que versa: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Aunado a lo anterior, este juzgado estima que hasta este momento el homólogo federal declinante no cuenta con algún elemento verdaderamente objetivo para considerar que el acto reclamado sólo podrá ejecutarse en Ecatepec de Morelos, Estado de México, pues éste requiere ejecución material, con independencia de que el amparista señale que en dicho lugar tiene su domicilio, ya que en ese supuesto la competencia estaría fincando con base en ese dato, siendo que parte de las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras pueden actuar en todo el Estado de México, por ello, se estima que opera la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en que debe conocer del asunto el juzgador que previno de la demanda de amparo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Página 3100, Décima Época, que indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." Por tanto, no se acepta la competencia que se plantea y se ordena devolver el juicio de amparo, con sus anexos al Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, solicitándole atentamente, se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente. A mayor abundamiento, sólo resta decir que similares criterios sostuvieron el Primer y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 27/2019 y recurso de revisión 284/2019, respectivamente, en el que se analizó una cuestión como la aquí planteada con relación a una orden restrictiva de libertad. No resulta inadvertido para este juzgado, el contenido del artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; con relación a que la remisión de los autos de un órgano jurisdiccional a otro deberá realizarse de forma electrónica; sin embargo, el propio numeral establece la posibilidad de que la remisión sea de manera física, si es que así se considera necesario. En el caso, se estima necesario remitir las constancias físicas del expediente, atendiendo a que será el juzgado de Distrito destinatario, el que continuara el conocimiento de la demanda de amparo, aunado a que igualmente fueron remitidas de forma física. En diverso aspecto, se pone a disposición el correo institucional electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando sea con firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional, así también, se precia que el horario de atención vía telefónica es a partir de las nueve a quince horas, de lunes a viernes. Infórmese el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y copia de la presente determinación, en prevención a un conflicto competencial. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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