Jesús Daniel GarcÍa DomÍnguez
Expediente 462/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 462/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Daniel GarcÍa DomÍnguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto que tuvo por desechada la demanda en este juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse desechado la demanda de amparo, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 20, fracción IV, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". Conforme a lo ordenado en el numeral 34, segundo párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Jesús Daniel García Domínguez, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, fórmese y regístrese bajo el expediente 462/2023-VII-B. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso presentó demanda de amparo contra el acto que reclama a la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dentro del Toca R 22/2023 que declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la sentencia de segunda instancia que fue condenatoria derivada del Toca C 27/2015, del índice de esa Sala responsable, donde se impuso una pena de treinta años de prisión, por el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada. Asimismo, de la demanda de amparo se desprende, que la intensión el quejoso es una traslación del tipo y modificación a la pena que le fue impuesta en su proceso penal de origen, que se le siguió por el delito de extorsión agravada, toda vez que sobre ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió nuevo criterio, en el cual declaró la inconstitucionalidad del artículo 204 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación al acto que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a la Jurisprudencia por contradicción de tesis, Registro 159862, del rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE." Que establece que la traslación del tipo y la adecuación de la pena, constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente, en vía incidental, lo cual no acontece en la especie. Como preámbulo, conviene destacar que el veinticinco de abril de dos mil trece, el Tribunal Oral dentro del juicio 143/2013, encontró al quejoso Jesús Daniel García Domínguez, penalmente responsable en la comisión del delito de extorsión agravada, en términos del artículo 204 Bis, fracciones I y VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para lo cual se le impuso la pena de prisión vitalicia. Posteriormente, el Tribunal de casación modificó la sentencia respecto a la pena impuesta en primera instancia a una pena diversa consistente en treinta años de prisión. También se desprende que el peticionario del amparo, no presentó en la vía incidental ante el juez de ejecución la traslación del tipo. Luego, aun cuando el quejoso aduce que el acto reclamado, transgrede derechos en su perjuicio, ya que al no concederle la traslación del tipo penal -por el cual se le sentenció-, le impide gozar de una adecuada administración de justicia, por no conceder lo solicitado, y además, se pasó por alto lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decretar que la pena de prisión de treinta a setenta años que contempla el Código Penal del Estado, para castigar el delito de extorsión -agravada-, es inconstitucional. Prevalece en el caso que, nuestro Más alto Tribunal de la Nación, ha culminado determinando que el delito de extorsión agravada, concretamente el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que prevé la pena para este delito, viola el principio de proporcionalidad de las penas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a. IX/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2026336, Undécima Época, Materias Penal, Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "EXTORSIÓN AGRAVADA. EL ARTÍCULO 204 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE PREVÉ LA PENA PARA ESTE DELITO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. Hechos: Tres personas fueron sentenciadas por el delito de extorsión agravada, se les impuso la pena mínima de treinta años de prisión que prevé para ese delito el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, resolución que fue confirmada en apelación. En contra de esta sentencia, se promovió amparo directo en el que se planteó la inconstitucionalidad de dicho precepto al violar el artículo 22 constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento desestimó el argumento de inconstitucionalidad y negó el amparo. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la pena de treinta a setenta años de prisión establecida para el delito de extorsión agravada, prevista en el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, no es proporcional con la lógica de niveles ordinales del grupo de delitos al que pertenece y, por ende, transgrede el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional. Justificación: Esta Primera Sala ha precisado que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal. Esto es, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo. Sin embargo, al configurar las leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad de las penas. Por esa razón, las y los jueces constitucionales al examinar la validez de las leyes penales deben analizar que exista proporción suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido. Esta Primera Sala ya ha destacado las bondades de llevar a cabo un método comparativo en términos ordinales con el fin de verificar la proporcionalidad de las penas. Este tipo de examen consiste en realizar un contraste del delito y la pena cuya proporcionalidad se analiza con las penas previstas por el propio legislador para otros delitos encaminados a proteger los mismos bienes jurídicos. Ahora bien, la punibilidad de treinta a setenta años de prisión se establece en el artículo 204 Bis, segundo párrafo, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual se ubica en el Título Décimo Segundo denominado "Delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio". Así, al realizar una comparación con las punibilidades de los delitos regulados en dicho título, se concluye que el delito de extorsión agravada es el que tiene mayor penalidad al contemplar de treinta a setenta años de prisión. Todos los demás delitos y/o sus agravantes cuentan con penas notoriamente inferiores a la impugnada. El delito que tiene la punibilidad más elevada después del delito de extorsión agravada es el de extorsión simple, el cual contempla de cinco a treinta años de prisión. Esto es, una sexta parte en su mínimo y cuarenta años menos de la pena máxima prevista para el delito de extorsión agravada. En ese sentido, se advierte una falta de proporcionalidad entre la punibilidad del delito de extorsión agravada con relación al resto que también persiguen la protección de bienes jurídicos iguales: la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio". No obstante lo anterior, no se soslaya que para el caso de que el juez de ejecución, pueda avocarse a determinar si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo o no en términos del nuevo criterio jurisprudencial, esto es, para que decida si permanece la penalidad aplicada o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable al quejoso. Pues no se soslaya que para ello es requisito indispensable, que el quejoso accione en la vía incidental ante el juez de ejecución de penas para la aplicación de las sanciones que más le favorezcan mediante la promoción del incidente de traslación del tipo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 4/2013 (9a.), sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 159862, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 413, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE. El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Ahora bien, de la interpretación a contrario sensu de tal precepto, se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio, por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y, posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito, o el acto considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las circunstancias para su persecución, aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y, por ende, a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Esto es así, porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay motivos para suponer que, a partir de ese momento, el orden social pueda alterarse con un acto anteriormente considerado como delictivo, es inválido que el poder público insista en exigir la ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporción. Consecuentemente, la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado, que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable". En consecuencia, al no evidenciarse en la especie, que el peticionario del amparo, haya presentado vía incidental la traslación del tipo y la adecuación de la pena ante el juez de ejecución, lo cual constituyen un derecho de todo gobernado, para que éste determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la jurisprudencia recientemente emitida y la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión, esto es, para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable demuestre que el acto reclamado es vulnerador de los derechos humanos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a la Jurisprudencia por contradicción de tesis, Registro 159862, del rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE" Pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otra parte, se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Tomás A. Edison 1510, fraccionamiento Américas, en esta ciudad y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
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