Jesús Daniel Barrera Sánchez y Otros.

Expediente 437/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
437/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • Jesús Daniel Barrera Sánchez y Otros.
  • Florentina Sánchez Flores
  • Florentina Sánchez Flores y Otros.
  • Jesús Daniel Barrera Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documentos, toda vez que en autos constan copias certificadas exhibidas por la parte quejosa, que anexó en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril del presente año (fojas 24 y 25); en consecuencia, devuélvase a la citada parte dichas documentales, concediéndole para tal efecto un plazo de quince días naturales, para que comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidas junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  2. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documentos, toda vez que en autos constan copias certificadas exhibidas por la parte quejosa, que anexó en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dieciséis de abril del presente año (fojas 24 y 25); en consecuencia, devuélvase a la citada parte dichas documentales, concediéndole para tal efecto un plazo de quince días naturales, para que comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidas junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Director del Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, por el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 257 y 258), remitió la hoja de egreso y resumen clínico del quejoso ***, en relación a la atención médica que le fue proporcionada. Ahora bien, del contenido de las constancias que integran este juicio de Amparo, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en razón de que cesaron los efectos del acto que reclamó el solicitante del amparo. Viene al caso citar el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgar servicio médico, estudios y trasladar al Hospital Central Militar al quejoso *** en su carácter de derechohabiente. Ahora, se observa que la autoridad 3. Director del Hospital Militar Regional Adscrito a la Séptima Región Militar, en atención al requerimiento que se le realizó en proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 219 a 220), informó que el diez de abril del presente año, ordenó trasladar al quejoso al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, para su contención, estudio y manejo multidisciplinario, por tanto, para acreditar su dicho anexó copia certificada del oficio *** (fojas 231 a 235), asimismo, informó que una vez revisado el Sistema Digital de Sanidad, advirtió que el citado quejoso, cuenta con la calidad de derechohabiente, por haber actualizado su vigencia de derechos. Por otra parte, derivado de lo anterior, se requirió al Director del Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, a fin de que informara si a la fecha el citado impetrante de amparo ha sido dado de alta, permanece hospitalizado o se encuentra recibiendo tratamiento médico en diversa clínica u hospital del Propio Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que dicha autoridad, remitió vía correo electrónico la hoja de egreso y resumen clínico del quejoso***, del que se advierte que en doce de abril de dos mil dieciocho, fue ingresado al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, donde se le realizaron estudios de laboratorio y gabinete, observación de sala, entrevista clínica psiquiátrica, se le proporcionó información y psicoterapia de esclarecimiento, además se le inició un tratamiento psicofarmacológico, con los que al momento de su egreso (tres de mayo de dos mil dieciocho), se alcanzó estabilización de su cuadro clínico. De igual forma, se lee que al momento del egreso se encontraba con adecuado ciclo de sueño-vigilia, sin presencia de sintomatología psicótica, negó presencia de ideas en torno a la muerte o planes de suicidio u homicidio, con adecuada interacción con otras personas en sala y con el equipo de salud, por lo que se decidió en junta del servicio su egreso y manejo ambulatorio en escalón de segundo nivel de atención. En resumen, de las aludidas constancias se advierte que en diez de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el traslado del quejoso, a las instalaciones del Hospital Central Militar, con sede en la Ciudad de México, posteriormente ingresó al mismo el doce de abril siguiente, recibiendo la atención médica correspondiente y finalmente, el tres de mayo del presente año, egresó de dicho Hospital por motivo de mejoría clínica, ordenando programar citas para su continuación médica. Lo expuesto, hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la negativa atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo realizaron el traslado del quejoso al Hospital Central Militar, con sede en ciudad de México, en calidad de derechohabiente, donde le prestaron la atención medica correspondiente y fue dado de alta por mejoría Clínica el tres de mayo del presente año, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque *** en el presente asunto reclamó la violación a la garantía de acceso a la salud, a partir de la negativa de las autoridades responsables de otorgar servicio médico, estudios y trasladarlo al Hospital Central Militar en su carácter de derechohabiente, lo que en el caso se subsanó por los motivos expuesto en líneas que anteceden. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del diez de octubre del año en curso. Finalmente, agréguense a los autos sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, los oficios remitidos por la autoridad responsable 1. Director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por conducto del Subdirector General, con sede en Ciudad de México y por el Jefe de Administración Telegráfica Centro de Telecomunicaciones de México, mediante los cuales, el primero remite diversas constancias y el segundo informa la imposibilidad de entregar el oficio 23816/2018 al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que en relación al primer oficio, se advierte que en proveído de veintiuno del mes y año en curso (fojas 257 y 258), se tuvieron por recibidas las constancias que anexa, y el restante, pues en proveído de esta fecha se tuvo al Director del Hospital informando lo solicitado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 257 y 258). Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Director del Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, por el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 257 y 258), remitió la hoja de egreso y resumen clínico del quejoso ****, en relación a la atención médica que le fue proporcionada. Ahora bien, del contenido de las constancias que integran este juicio de Amparo, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en razón de que cesaron los efectos del acto que reclamó el solicitante del amparo. Viene al caso citar el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la negativa por parte de las autoridades responsables de otorgar servicio médico, estudios y trasladar al Hospital Central Militar al quejoso ***** en su carácter de derechohabiente. Ahora, se observa que la autoridad 3. Director del Hospital Militar Regional Adscrito a la Séptima Región Militar, en atención al requerimiento que se le realizó en proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 219 a 220), informó que el diez de abril del presente año, ordenó trasladar al quejoso al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, para su contención, estudio y manejo multidisciplinario, por tanto, para acreditar su dicho anexó copia certificada del oficio AYTIA.-0938/007271 (fojas 231 a 235), asimismo, informó que una vez revisado el Sistema Digital de Sanidad, advirtió que el citado quejoso, cuenta con la calidad de derechohabiente, por haber actualizado su vigencia de derechos. Por otra parte, derivado de lo anterior, se requirió al Director del Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, a fin de que informara si a la fecha el citado impetrante de amparo ha sido dado de alta, permanece hospitalizado o se encuentra recibiendo tratamiento médico en diversa clínica u hospital del Propio Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que dicha autoridad, remitió vía correo electrónico la hoja de egreso y resumen clínico del quejoso ****, del que se advierte que en doce de abril de dos mil dieciocho, fue ingresado al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México, donde se le realizaron estudios de laboratorio y gabinete, observación de sala, entrevista clínica psiquiátrica, se le proporcionó información y psicoterapia de esclarecimiento, además se le inició un tratamiento psicofarmacológico, con los que al momento de su egreso (tres de mayo de dos mil dieciocho), se alcanzó estabilización de su cuadro clínico. De igual forma, se lee que al momento del egreso se encontraba con adecuado ciclo de sueño-vigilia, sin presencia de sintomatología psicótica, negó presencia de ideas en torno a la muerte o planes de suicidio u homicidio, con adecuada interacción con otras personas en sala y con el equipo de salud, por lo que se decidió en junta del servicio su egreso y manejo ambulatorio en escalón de segundo nivel de atención. En resumen, de las aludidas constancias se advierte que en diez de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el traslado del quejoso, a las instalaciones del Hospital Central Militar, con sede en la Ciudad de México, posteriormente ingresó al mismo el doce de abril siguiente, recibiendo la atención médica correspondiente y finalmente, el tres de mayo del presente año, egresó de dicho Hospital por motivo de mejoría clínica, ordenando programar citas para su continuación médica. Lo expuesto, hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la negativa atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo realizaron el traslado del quejoso al Hospital Central Militar, con sede en ciudad de México, en calidad de derechohabiente, donde le prestaron la atención medica correspondiente y fue dado de alta por mejoría Clínica el tres de mayo del presente año, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque **** en el presente asunto reclamó la violación a la garantía de acceso a la salud, a partir de la negativa de las autoridades responsables de otorgar servicio médico, estudios y trasladarlo al Hospital Central Militar en su carácter de derechohabiente, lo que en el caso se subsanó por los motivos expuesto en líneas que anteceden. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del diez de octubre del año en curso. Finalmente, agréguense a los autos sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, los oficios remitidos por la autoridad responsable 1. Director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por conducto del Subdirector General, con sede en Ciudad de México y por el Jefe de Administración Telegráfica Centro de Telecomunicaciones de México, mediante los cuales, el primero remite diversas constancias y el segundo informa la imposibilidad de entregar el oficio 23816/2018 al Hospital Central Militar, con sede en Ciudad de México. Lo anterior, toda vez que en relación al primer oficio, se advierte que en proveído de veintiuno del mes y año en curso (fojas 257 y 258), se tuvieron por recibidas las constancias que anexa, y el restante, pues en proveído de esta fecha se tuvo al Director del Hospital informando lo solicitado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 257 y 258). Notifíquese."

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