Jesús Cruz Nataren

Expediente 458/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
458/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Jesús Cruz Nataren

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vistos, los oficios signados por el Encargado del Despacho y Subdelegado Técnico, así como, por la Jefa del Área de lo Contencioso y Consultativo, todos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden sus respectivos informes justificados, y anexan copias certificadas. Al efecto se acuerda: De las constancias remitidas, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, de las constancias que obran en autos, se advierte que Jesús Cruz Nataren, reclamó del Delegado, Subdelegado Técnico y de la Jefa del Área de lo Contencioso y Consultivo, todos de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, la omisión de entregarle los documentos que solicitó mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, registrado con el número de promoción 782. Cabe mencionar, que en dicha promoción, el impetrante de amparo solicitó la devolución de la documentación original relativa al acta de asamblea de cuatro de febrero de dos mil once, relativa al Ejido el Triunfo de Madero, municipio de Cintalapa, Chiapas, presentada ante ese órgano registral, el tres de marzo de dos mil once, mediante promoción 4560; así como, para que se le entregara la calificación registral negativa que recayó a esa promoción. Sin embargo, de las copias certificadas que las autoridades responsables anexaron a sus oficios de cuenta, se advierte que mediante oficio D´CHIS/SRAJ/DR-A/135/2019, de quince de abril de dos mil diecinueve, el Jefe del Área de Registro "A", de la Delegación del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, dio contestación a la promoción registrada con el número 782, mismo que fue entregado el dieciséis de abril siguiente, a José Gabriel Mancilla Morales, persona a quien el aquí quejoso, autorizó para recibir documentos, oír y recibir notificaciones. De igual manera, se observa que dicha persona recibió el expediente original formado con motivo de la promoción 4560, de tres de marzo de dos mil once, relativa a la solicitud de inscripción del acta de asamblea de cuatro de febrero de dos mil once, del Ejido el Triunfo de Madero, municipio de Cintalapa, Chiapas; así como, la calificación registral negativa recaída a dicha promoción; con lo que se estima que el acto reclamado a cesado en sus efectos. Lo anterior es así, pues si el acto reclamado lo constituía precisamente la omisión de las autoridades responsables de entregarle los documentos que solicitó mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, registrado con el número de promoción 782; y, de acuerdo a las constancias antes reseñadas se advierte que los documentos solicitados ya fueron entregados al quejoso, por conducto de su autorizado, es evidente entonces, que dichos elemento de prueba ponen de manifiesto que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en forma total e incondicional. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia advertida, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por +++por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 458/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Subdelegado Técnico de la Delegación en Chiapas del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad y Jefe del Área de lo Contencioso y Consultivo, de la Delegación en Chiapas del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS De la demanda de garantías se advierte que se reclama: La omisión para entregarle la calificación registral negativa, así como para devolverle los documentos que solicitó mediante escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, registrado con el número de promoción 782. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Toda vez que de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama violaciones al derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional, por tanto no existe tercero interesado. Apoya a la anterior consideración la tesis del siguiente rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. ES INEXISTENTE CUANDO SE RECLAMA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL. El tercero perjudicado es aquel que tiene interés en que subsista el acto reclamado (artículo 5°, fracción III, inciso c) in fine, de la Ley de Amparo); sin embargo, no basta para ser considerado con dicho carácter, el tener un interés simple derivado de una situación especial frente al acto reclamado, sino que es necesario acreditar contar con la titularidad de un derecho o la afectación a él, cuya existencia dependa de que el acto reclamado subsista. Siendo así, cuando se reclama violación al derecho de petición que consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcuso que no existe motivo para considerar que personas distintas al quejoso puedan tener algún interés en que subsista el acto reclamado, es decir, que estén interesadas en que continúe la omisión de la autoridad de dar respuesta a una determinada promoción formulada por el impetrante y, por consiguiente, legalmente no tienen por qué ser reconocidas como terceras perjudicadas. PRUEBAS Con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que anexó a su escrito de demanda la parte quejosa; las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a José Ismael de los Santos Morales, por así haberlo solicitado la parte quejosa y por estar su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Eduardo Romero Gómez y Martha Rosa de los Santos Morales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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