Jesús Cruz Espinoza
Expediente 1669/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jesús Cruz Espinoza
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la intervención ministerial 331/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, la cual se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda, en atención a que en proveído de diez del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, rindiendo su informe justificado, adjuntando además copia certificada del auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 1659/2022. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión de la junta responsable de emitir el acuerdo de admisión de pruebas dentro del juicio laboral 1659/2022, sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la responsable, se observa que desde el ocho de mayo de dos mil veintitrés, proveyó respecto a las pruebas de referencia; por lo tanto, se advierte que resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, para una mejor comprensión del asunto, toda vez que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario, por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento del juicio biinstancial, resulta necesario analizar el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 75 de la propia ley, los cuales establecen: "Articulo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ..." "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" y, "Articulo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. ...". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1, fracción I, y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que se reclamen por la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora, del análisis de las documentales públicas que en copia certificada allegó la autoridad responsable, a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte que desde el ocho de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, emitió el acuerdo en el cual proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral de origen. De lo anterior, se desprende que ese auto se emitió con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa, generado por el hecho de que no se había acordado el escrito de que se viene hablando, desapareció el ocho de mayo de dos mil veintitrés, pues en esa fecha proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 1659/2022, se reitera, con anterioridad a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Circunstancia que implica por lógica consecuencia, que para cuando se promovió este juicio de amparo no existía ese acto reclamado, surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto del señalado acto reclamado atribuido a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por ser inexistente. Es aplicable, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En esas condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto admisorio, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 23 y 24 del Acuerdo en comento, el expediente principal deberá conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.JCIR
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con terminación 1099-2023, remitido vía electrónica por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por conducto del Director Jurídico de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo mediante el diverso remitido el seis de junio del año en curso. En ese contexto, dígasele al ocursante que si bien realizó la anotación correspondiente para que no le sea aplicado al quejoso el impuesto sobre enajenación de tabacos labrados en el Sistema Integral de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas; también deberá de realizar la devolución a la empresa quejosa Comercial Treviño de Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la contribución que realizó -bajo ese concepto- a partir del uno de enero de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita las constancias con las cuales acredite haber realizado la devolución correspondiente al aquí quejoso o, en su caso, las gestiones que se encuentra realizando a fin de lograr el mismo; toda vez que ello resulta necesario para que este juzgado esté en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular. ...Notifíquese. ...
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