Jesús Cruz Cerritos Morín
Expediente 450/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Cruz Cerritos Morín
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco de junio de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso Jesús Cruz Cerritos Morín reconoció el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el dos de junio del año en curso; en ese sentido, se acuerda: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Jesús Cruz Cerrito Morín; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en providencia de veintidós de mayo pasado, para lo cual precisa que el acto que reclama en esta instancia, es el siguiente: "Desde el pasado 20 (veinte) de Enero del 2015 (dos mil quince), fecha en la que ocurrió el Accidente, Mi vehículo Marca: VECTRA, Tipo: CHEVY, Modelo: 2003, Color: Blanco, Numero de Identificación Vehicular (NIV): WOLZC54N331086869 y Placas No GNX-8015, fue remitido al Corralón y/o Pensión, siendo hasta la fecha que el Suscrito Quejoso No he sido legalmente notificado de nada respecto a Mi Situación jurídica dentro de la Averiguación Previa No. 1176/2015, esto a pesar de que el Suscrito Quejoso aporte diversas pruebas para Mi Defensa, mismas que considero que NO fueron valoradas, quebrantando así Mi Garantía de Igualdad Jurídica, en el sentido que solo Mi vehículo se encuentra detenido y sin posibilidad alguna de ser liberado, toda vez que fue de Viva Voz del H. Agente del Ministerio Publico No. V de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato; que la Averiguación Previa se Reservaría, que en su momento me seria notificada dicha determinación, siendo que hasta la fecha no he recibido nada, razón por la cual desconozco la fecha de dicha determinación, por lo que, ante la Inexistencia y/o Acreditación previa de hechos y/o pruebas del cuerpo de delito que se me pretenda imputar, es la razón por la que ocurro a la presente instancia, todo esto para los efectos legales correspondientes." Como puede verse, la parte quejosa reclama diversas actuaciones y omisiones por parte del fiscal responsable acontecidas en la averiguación previa de origen. Precisado lo anterior y a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Precisado el acto antes trascrito, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En el caso concreto, debe decirse que las diversas actuaciones tendientes a la integración de la averiguación previa que reclama la parte quejosa en esta instancia, no le causan daño o perjuicio; lo anterior obedece en función que la investigación de delitos es de orden público. Y es que aun en el supuesto de que tenga calidad de indiciado, la omisión de llamarlo no afectaría su interés jurídico, en virtud de que es una potestad del Ministerio Público ordenar que se reciba su declaración o no; además, con esa calidad puede acudir con los fiscales a solicitar lo que estime pertinente, lo que también puede realizar si tiene calidad de agraviado; tampoco afectaría su interés jurídico si es llamada a declarar como testigo; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo. Cobra puntual aplicación a lo dicho la jurisprudencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible con el número 564, en la foja 448, tomo II, materia Penal, del Apéndice 2000, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." También cobra aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia número 1ª./J. 154/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Mayo de 2006, Novena Época, consultable en la página 49, bajo el texto y rubro siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Dada la vinculación que guarda con los actos aquí reclamados, resulta aplicable la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 351, tomo XX, materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en diciembre de 2004, en que se lee: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por el artículo 61, fracción XIV, así como la diversa XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Cruz Cerritos Morín, por propio derecho, contra actos de la Agencia del Ministerio Público II de esta localidad y otra autoridad; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 450/2015-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante traer a contexto lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I y II del invocado 114, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la ley de la materia como a continuación se verá: La irregularidad advertida surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto el impetrante en su demanda de amparo, en específico en el capítulo atinente al acto reclamado señaló de manera literal: "Reclamo de las Autoridades Responsables la Falta de Igualdad Jurídica dentro de la Averiguación Previa No. 1176/2015, la cual se inició dentro de la Agencia del Ministerio Público No. II de Tramite Común de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, toda vez que desde el día del Accidente la Autoridad inmediata competente (Tránsito Municipal de Celaya, Guanajuato), NO ordenó la remisión de los Vehículos que habíamos participado y/o involucrados en el Accidente, siendo esta su Obligación, al NO haber llegado a un arreglo las partes, siendo desde ese momento que se me señaló como responsable sin pruebas existentes para ello, después, al acudir a presentar Mi Denuncia ante tales hechos, esta fue turnada a la Agencia del Ministerio Público No. VII de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato; Bajo la Averiguación Previa No. 1204/2015 de la Agencia del Ministerio Público No. II de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato; toda vez que la misma había sido interpuesta primero, así que el suscrito Quejoso me presente a dicha Agencia, hable con la Titular de la misma, quien a un inicio me presto la atención correspondiente, pero a medida que fueron pasando los días, la misma se comenzó a portar distante y evasiva, le hice mención ha que iba a solicitarse me dejara a disposición mi vehículo, toda vez que el "cobro" por el corralón y/o pensión iba subiendo, lo cual afectaría Mi Patrimonio Económico, que teniendo el Suscrito Mi Vehículo, no importaría cuanto tiempo se tardara en realizar las Investigaciones correspondientes hasta lograr acreditar quien era el Responsable, petición que me fue negada, resultando importante mencionar que dentro de dicha Averiguación NO le dieron valor jurídico alguno a lo Declarado por el Suscrito y mis Testigos (quienes al momento de rendir su respectiva Declaración, fueron Apercibidos de Ley de forma insistente, al reiterarles que en caso de Mentir ante Autoridad Judicial, se podrían ir a prisión), toda vez que la C: María del Carmen García Manríquez insiste que eran 2 (dos) Jóvenes Menores de Edad quienes iban manejando Mi Vehículo al momento del Accidente, siendo esto Totalmente Falso y NO fue acreditado por la mencionada dentro de la Averiguación en comento; dicha Averiguación fue Turnada a la Agencia del Ministerio Público No. V, quien al igual que la Agencia del Ministerio Público No. II, NO valoro los Testimonios de los Testigos presentados por el Suscrito, mucho menos Valoraron la Documental existente y que obra en Autos de dicha Averiguación, siendo lo más importante dentro de la misma, que todo lo vertido y/o manifestado por la C. María del Carmen García Manríquez, NO ha sido probado y/o acreditado, la razón por la cual acudo a la presente Instancia, es por la Falta de Igualdad Jurídica dentro de la Averiguación en comento, toda vez que Me fue Negada la Devolución de Mi Vehículo y de Autorizarla solo SI Garantizo los "supuestos daños" NO acreditados al otro Vehículo que NUNCA fue detenido NI puesto a disposición, causando con ello un doble Agravio a Mi Patrimonio Económico, por una Parte los Gastos por Arrastre, Pensión y/o Corralón de Mi Vehículo y otro, la Garantía de los supuestos Daños ocasionados a la Conductora y a su Vehículo, quedando el Suscrito quejoso en un Total Estado de Indefensión al No tener poder disponer de Mi Vehículo y/o de tener que Cubrir Gastos elevados ante la Falta de Legalidad por parte de la Autoridad Responsable al no tomar en consideración las Pruebas aportadas por el Suscrito para Acreditar Mi Inculpada dentro de dicho percance, sin ser hasta la fecha notificado sobre resolución alguna dentro de la Averiguación en comento." De la anterior transcripción, puede advertirse que el quejoso medularmente se duele de diversas actuaciones sucedidas en la averiguación previa 1176/2015, del índice de la fiscalía responsable, con motivo de su integración. Sin embargo, por otro lado, en el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado de su demanda de amparo específicamente refiere: "..Solicito la Suspensión Provisional del Acto Reclamado y en su oportunidad, la Definitiva, toda vez que con el presente Juicio de Garantías se busca obtener la Liberación de Mi Vehículo ante la Falta de Elementos para acreditar cualquier Delito que se me imputa dentro de la Averiguación Previa No. 1176/2015." De dicha cita textual, pareciera que el agraviado promueve en el presente juicio, en específico, con motivo del aseguramiento del vehículo de motor decretado en la indagatoria. En suma, de las anteriores transcripciones, el agraviado en el capítulo del acto reclamado es puntual en señalar, como tal diversas actuaciones sucedidas dentro de la averiguación previa 1176/2015; sin embargo, en el apartado correspondiente al capítulo de suspensión, apunta que con el presente juicio de amparo busca obtener la liberación de su vehículo ante la falta de elementos para acreditar cualquier delito con motivo de dicha indagatoria, lo que genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que pretende combatir en específico en esta instancia constitucional. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracciones I y II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con seis copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise cuál es el acto que combate en esta instancia constitucional, es decir, si lo son las diversas actuaciones sucedidas en la averiguación previa 1176/2015; o bien, el aseguramiento de su vehículo de motor, en cuyo caso, deberá indicar la fecha de su emisión, así como la diversa en que tuvo conocimiento del mismo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Patricia Martínez López y/o Alfredo Pérez Noria, en virtud de que obran respectivamente sus cédulas 4410832 y 3238781, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Jesús Bernardo Ramírez Fajardo582/2020
- Jesús Cano Patiño182/2017
- Jesús Carlos Flores Calderón1045/2018
- Jesús Carlos Flores Calderón1028/2018
- Jesús Carlos González Rivera254/2015
- Jesús Carrera García383/2017
- Jesús Cuellar Domínguez y Otros.326/2020
- Jesús Cuéllar Domínguez1060/2019
- Jesús Cuellar domínguez3/2022
- Jesús Eduardo Alanís Mosqueda880/2015
- Jesús Eduardo Cárdenas Pozos697/2017
- Jesús Eduardo Linares Santiago46/2018