Jesús Cruz Castillo

Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
249/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jesús Cruz Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, remitido por la Juez Séptimo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias remitidas mediante oficio 6647/2023, atento a lo ordenado el dieciséis de marzo del año en curso. De lo anterior la suscrita queda enterada, agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de los menores ******************** y ********************, contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 249/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, a contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de los quejosos, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio pueden ser reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso a estudio, el promovente de amparo señala como acto reclamado la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el toca ********************, por la sala responsable, por medio de la cual modifica el proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Trigésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que dicha ad quem determinó se llamara a juicio a la ********************, ******************** Distribución y ******************** Transmisión. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías puede advertirse que el quejoso es parte actora en el juicio ordinario civil ********************, en contra de ********************, que dicha persona moral emplazada a juicio dio contestación a la demanda, solicitando llamar a juicio a la ********************; mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el juez natural determinó llamar a juicio a la ******************** Distribución y ******************** Transmisión, inconforme con dicha determinación, el quejoso promovió recurso de apelación, el cual por razón de turno correspondió de su conocimiento a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo radicó como toca ********************, y mediante resolución de siete de febrero del año en curso, modificó dicho proveído y determinó se llamara a juicio a la ********************, ******************** Distribución y ******************** Transmisión, lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se advierte que conforme a lo narrado por el solicitante de amparo se colige que en el procedimiento natural aún no se ha dictado sentencia definitiva, y por lo tanto el acto reclamado no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos del peticionario de amparo, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona, de su patrimonio o que afecte en grado predominante o superior sus derechos, esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo genera lo posibilidad de que ello ocurra en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, quien podrá reclamarlo previo el recurso que le conceda la ley ordinaria en vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, de la Ley de Amparo; en virtud de que en el procedimiento de origen de donde emana el acto reclamado, aún no se ha dictado sentencia definitiva, motivo por el cual el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente a junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Asimismo, es aplicable, la jurisprudencia 1ª./J.96/2009, con registro digital 164602, visible a foja 373, del tomo XXXI, correspondiente a mayo de 2010, novena época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO (JUICIOS ORDINARIOS MERCANTILES Y CIVILES). Llamar a un tercero a juicio o litisdenunciación, es poner en conocimiento de una persona ajena la existencia de un litigio, que se estima, podría producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos, en su esfera jurídica. Dicha intervención provocada en el proceso, no puede considerarse forzosa o coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés, es decir, no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia. Así, la litisdenunciación se entiende como una garantía para el interviniente, ya que puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de una sentencia dictada en un juicio que le era ajeno. Por ello, es evidente que el acuerdo que acepta la denuncia del juicio a terceros dentro de los juicios ordinarios del orden civil y mercantil, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación reclamable en amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, pues eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso." Se tiene al promovente señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, al mismo tiempo que solicita se le realicen las notificaciones personales vía electrónica, lo que se privilegiara y acordara líneas más adelante, asimismo, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan debidamente acreditada su personalidad en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; asimismo se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su ocurso de cuenta; no así para recibir valores, mismos que por seguridad de las partes, únicamente serán entregados a quien acredite ser su apoderado o representante legal con facultades suficientes para ello. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones conforme a lo establecido en el artículo 26 fracción IV, de la Ley de amparo, esto es, por vía electrónica a los nombres de usuarios "********************" y "********************"; en consecuencia y toda vez que el ocursante proporciona los nombres de usuarios en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a dichos usuarios la consulta vía internet del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones electrónicas; para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, sin lugar a tener por señalados para efectos de notificación los correos electrónicos que indica, toda vez que dicho medio de comunicación no se encuentra previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se toma nota de ello para poder efectuar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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