Jesús Cristo Barraza Miranda

Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
232/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Jesús Cristo Barraza Miranda
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acuda al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos correrán la misma suerte del presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. 1. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, y señala que su nombre correcto es Jesús Cristo Barraza Miranda asimismo, informa que aún no ha recaído acuerdo a la solicitud de copias que realizó el tres de febrero pasado, omisión que precisa como acto reclamado; en consecuencia, se provee lo siguiente: 2. Desechamiento. Visto el escrito aclaratorio de cuenta y la demanda de amparo promovida por Jesús Cristo Barraza Miranda, contra el acto atribuido al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se advierte que el motivo de reclamo es improcedente, lo anterior con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. Del escrito inicial de demanda y su aclaración, se advierte que el promovente, en esencia, hizo consistir el acto que reclama en: La omisión de acordar el escrito presentado ante la Junta responsable el tres de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual el impetrante solicitó copias certificadas de diversas actuaciones del juicio laboral 2265/2012, y por consecuencia la omisión de otorgar dichas copias. Respecto, de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII de la citada legislación, por las razones que a continuación se expondrán: El citado artículo 61, fracción XXIII, consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que produzcan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad ni la propiedad. Luego, como se estableció anteriormente, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de acordar la promoción presentada el tres de febrero pasado en el expediente 2265/2012 del índice de la Junta señalada como autoridad responsable. En el caso, no puede considerarse que el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación o causen afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que sólo incide en cuestiones de carácter procesal. Por su parte, de los numerales 714, 715, 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez recibida una promoción por escrito, la Junta deberá emitir un auto dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. No pasa inadvertido que a la Ley Federal del Trabajo le han surgido algunas modificaciones en las que se reforman, adicionan y derogan algunos artículos, por ejemplo en su capítulo transitorio se desprende lo siguiente: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros de Conciliación Locales no admitirán a trámite solicitudes de audiencia de conciliación o emplazamientos respecto de procedimientos que se estén sustanciando ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo los de ejecución, por lo que se archivarán dichas solicitudes. Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto." Por lo tanto para el caso son aplicables los artículos invocados con anterioridad. En ese contexto el acto en reclamo relativo a la omisión de acordar la solicitud de copias, no deja sin defensa al promovente, ni puede verse de forma autónoma sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo; lo anterior es así, en razón de que el tres de febrero pasado, presentó su escrito, por lo que al tomar en consideración el término legal para que recaiga un acuerdo al mismo -cuarenta y ocho horas-, se colige que a la fecha de presentación de la demanda constitucional -veinticuatro de febrero siguiente- habían transcurrido únicamente dieciséis días naturales, a partir de la fecha en la que la autoridad responsable debió realizar la actuación respectiva -ocho de febrero de dos mil veintidós- Así, queda de manifiesto que el quejoso se duele exclusivamente de una afectación intraprocesal cometida por una autoridad dentro de un juicio laboral, ya que no ha transcurrido un plazo del que se advierta una afectación real al quejoso. Plazo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contempló en cuarenta y cinco días naturales, después de que concluyó el que legalmente debió pronunciarse el acto procesal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, del tenor literal: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2019400, Segunda Sala, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II. Pág. 1643, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proporcionando a la parte quejosa correo electrónico, para establecer el contacto pertinente en caso de que este juzgado lo crea necesario. 5. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. Notifíquese electrónicamente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de marzo de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Prevención de demanda. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente incurre en diversas irregularidades, toda vez que en el proemio y cuerpo de la demanda se ostenta como Jesús Cristo Miranda Barraza, sin embargo al calce de su firma aparece el nombre de Jesús Cristo Barraza Miranda; en el mismo sentido, no manifiesta si recayó acuerdo a su escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I y IV, en relación con en las diversas 114, fracción I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad su nombre correcto. Informe si recayó acuerdo a la solicitud de copias que realizó a la junta responsable mediante escrito presentado el tres de febrero de la anualidad que transcurre, y en caso contrario, precise si desea señalar dicha omisión como acto combatido. Asimismo, deberá presentar dos copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes del juicio. Apercíbase al promovente que de incumplir con el requerimiento impuesto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; en el entiendo que dicha irregularidad deberá ser subsanada directamente por el propio quejoso, de lo contrario no se tendrá por aclarada. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "vidazf20", para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones por la referida vía. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 5. Autorizados. En el caso de que el promovente sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 6. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena al secretario que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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