Jesus Covarrubias Valdovinos
Expediente 2255/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/10/2018
Partes del expediente
- Jesus Covarrubias Valdovinos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a once de octubre de dos mil dieciocho. Se recibe resolución. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 287/2017, y remite testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 219/2018, del índice del Tribunal oficiante, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a PUNTO 360, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE." II. Anotaciones. Agréguese a los autos, hágase saber la circunstancia anterior a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste; y acúsese recibo correspondiente. III. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la aplicación de una tasa que no se encontraba vigente al momento del pago del tributo cuestión de la litis, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición que prevea una tasa bimestral de 1.2 al millar, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica que se encontraba vigente al momento de realizar el pago de los recibos oficiales reclamados, que en este caso resulta ser la de 0.12 (cero punto doce), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 9/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual derivó de la contradicción de tesis 439/2011, cuyo contenido y epígrafe son del tenor siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria". La protección constitucional, se debe ceñir únicamente respecto los actos reclamados contenidos en los recibos oficiales números 4882450, 4882451, 4882452, 4882453, 4882454, 4882455, 4882456, 4882457, 4882458, 4882459, 4882460, 4882461, 4882462, 4882463, 4882464, 4882465, 4882466, 4882467, 4882468, 4882469, 4882470, 4882471 y 4882472, que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre los bienes inmuebles (del bimestre uno al bimestre seis del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete); a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos no edificados que se encontraba vigente, previo a la modificación que se hizo por decreto 613-LXI-17. Asociado a lo precedente, debe señalarse la tasa bimestral al millar que se encontraba vigente en ese momento era la de .12, también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos no edificados, que se encontraba vigente, antes de ser modificada por decreto 613-LXI-17; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 22, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, Jalisco, vigente en dos mil diecisiete, para los predios urbanos no edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, por la declaratoria de inconstitucionalidad del pago no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencia pagada indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Tienen aplicación, por analogía las jurisprudencias 2a./J. 13/2008 y 2a./J. 221/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cuales señalan: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada.". (Criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página quinientos noventa y dos). "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS). La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página dos cientos cuatro. ) En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de los pagos del tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica la aplicación de la tasa mayor al no encontrar en ese momento fundamente legal alguno, lo cual se colma con la devolución del excedente de la cantidad pagada por concepto de los pagos del tributo declarados inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, diciembre de dos mil diez, página quinientos veintiséis, cuyo texto y rubro son los siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución. [.]" Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que si es susceptible de dar cumplimiento en tres días, en virtud de lo estipulado en párrafos que anteceden. IV. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. V. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, la que se determina de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. VI. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal de Guadalajara, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido de Gustavo Adolfo Pulido Peña, Secretario quien da fe.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. ... tomando en consideración que en las constancias que integran el presente incidente, se deduce que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en tanto, se concedió la suspensión definitiva. Luego por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del punto vigésimo del acuerdo general señalado en el párrafo que antecede, éste es destruible en el plazo de seis meses; mismo que comenzará a transcurrir, en ambos casos, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, exhibe copias certificadas de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro del juicio de origen; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades informantes en vías de cumplimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe: Acredite que giró y entrego el exhorto ordenado el veintiocho de agosto pasado, a su lugar de origen. Informe si la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tijuana Baja California Norte, devolvió el exhorto que le fue remitido, o bien, acredite que lo requirió por el tratamiento dado al mismo. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho (folio 287), se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho (folios 235 a 246), por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: El Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, dentro de los cinco días siguientes a que cause ejecutoria la presente sentencia, acredite que notificó el aludido memorando, haciendo uso inclusive del servicio de mensajería acelerada, o bien, de la comunicación a través de medios electrónicos, como el correo electrónico, que genere la certeza de la notificación señalada. Además, como el acto administrativo final que pretende la parte quejosa, le sea emitido, corresponde a una serie de procedimientos entre autoridades que debe ser colmado, deberá notificarle de manera personal, en su caso, los que se emitan y sean referentes a la necesaria intervención que deba tener la parte quejosa para colmar los requisitos estrictamente indispensables para la culminación del derecho de petición ejercido, hasta la formal expedición e inscripción del título de concesión multialudido, para así restituir a la solicitante de protección constitucional en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable emitió los títulos 08JAL139500/12EPDA18 y 08JAL112470/12EPDA18; notificándolos a la aparte quejosa el veinticinco de julio de dos mil dieciocho. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Solicitud de copias. Visto el contenido del escrito de cuenta, signado por Antonio Méndez Herrera, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, solicita copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el presente juicio de amparo. Acuerdo que recae. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, las copias certificadas de lo que indica, autorizando para recibirlas a la persona que autoriza, previa toma de razón y recibo que otorgue en autos. Notifíquese personalmente.
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