Jesus Corona Damian
Expediente 501/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesus Corona Damian
- JESUS CORONA DAMIAN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado Eliseo Menor Rivera, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, designa autorizados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos sin hacer mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 501/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, a la parte tercero interesada Eliseo Menor Rivera, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN LINEAS QUE ANTECEDEN, SE ORDENA NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO ELISEO MENOR RIVERA, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA QUE DETERMINO RESOLVER LO SIGUIENTE: "...RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, contra el acto precisado en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 501/2019-V, promovido por JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido al día siguiente en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos que hizo consistir en el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad TJA/1aS/27/2016, por el que se desechó de plano el recurso de reconsideración interpuesto por aquéllos contra el diverso de veintiuno de febrero del mismo año, por el que se les impuso multa equivalente a diez veces el valor diario de la unidad de medida de actualización y se les apercibió que en caso de no cumplir con el pago a que condenó la sentencia emitida en el juicio natural, se les impondría una diversa multa por el doble de la cantidad impuesta. SEGUNDO. Prevención de la demanda. Por auto de quince de abril de dos mil diecinueve se registró la demanda con número de expediente 501/2019-V; además, se previno a los quejosos a fin de que aclararan si promovían la demanda por propio derecho o bien con la personalidad que ostentan en el juicio de origen, es decir, como representantes de alguna entidad pública municipal; desahogando la prevención mediante escrito presentado el nueve de mayo del año en curso, en la que señalaron promover por propio derecho. TERCERO. Admisión de la demanda. En proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de garantías; solicitándose el informe justificado a la autoridad responsable; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y emplazó a la parte tercero interesada; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa: lo anterior en virtud de que el acto reclamado, fue dictado por una autoridad residente en el lugar del juicio en el que sus efectos y consecuencias son susceptibles de ejecutarse en dicho sitio. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación; lo que se corrobora mediante la fotocopia certificada del expediente TJA/1aS/27/2016; a la que se le concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2, por contar con la certificación correspondiente asentada por la autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por tanto, procede el estudio del fondo del asunto. Resultan inoperantes en una parte, y en otra, infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, como se analizará a continuación los que como se verá se verificarán conforme al principio de estricto derecho al no actualizarse hipótesis alguna de suplencia de la queja y para una mejor comprensión del asunto, es necesario tener presente los siguientes antecedentes: 1. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, resolvió el juicio de nulidad TJA/1aS/27/2016, en el que condenó a las autoridades demandadas Ayuntamiento, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Director Operativo y Secretario de Seguridad Pública, todos del Municipio de Cuautla, Morelos, al pago de prestaciones reclamadas por la parte actora Eliseo Menor Rivera. 2. El dieciocho de agosto de dos mil dieciocho causó ejecutoria la resolución en cita y el magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, requirió a las autoridades demandadas su cumplimiento dentro del término de diez días; además, determinó requerir a la Tesorería del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto del Presidente Municipal, como autoridades vinculadas en el acatamiento de la sentencia, apercibiéndolas genéricamente con la aplicación de lo previsto en los artículos 11, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, respectivamente. 4. Por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho el Secretario en Funciones de Magistrado, requirió el cumplimiento de la sentencia a las responsables vinculadas a ello, apercibiéndolas de la imposición de multa por diez veces el valor de la unidad de medida y actualización; 5. Por auto de cinco de noviembre del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento descrito; además, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia a las responsables vinculadas a ello, apercibiéndolas de la imposición de multa equivalente a veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización. 6. Por auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho de noviembre del mismo año, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable hizo efectivo el apercibimiento descrito; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia a las responsables vinculadas a ello, apercibiéndolas de la imposición de multa equivalente a treinta veces el valor de la unidad de medida y actualización. 7. En auto de siete de enero del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable determinó que, ante la sustitución de los titulares de quienes ostentaban los cargos de autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la sentencia del juicio de origen, por la conclusión del periodo constitucional, dejaba sin efectos el apercibimiento de multa citado en el párrafo anterior; no obstante, requirió a quienes en esa fecha ocupaban dichos cargos, el cumplimiento de la sentencia apercibiéndolas de la imposición de multa equivalente a diez veces el valor de la unidad de medida y actualización; auto que se notificó a través de oficio el dieciséis de enero de dos mil diecinueve; 8. El requerimiento de cumplimiento de la sentencia, se reiteró a todas las autoridades vinculadas a ello, con idéntico apercibimiento, a través de resolución de cinco de febrero de dos mil diecinueve, que se notificó a través de oficio el quince de ese mes y año; 9. Mediante escrito presentado ante la responsable el diecinueve de febrero del presente año, se apersonaron al juicio natural los hoy quejosos, JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, con el carácter de Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuautla, Morelos, interponiendo recurso de reconsideración contra el auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, mismo que por auto de veintiuno del mismo mes y año, fue desechado por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al considerarlo notoriamente improcedente. 10. En diverso auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable hizo efectivo el apercibimento decretado e impuso a las autoridades demandadas, así como al Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuautla, Morelos, JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, respectivamente, multa por el equivalente a diez veces el valor de la unidad de medida y actualización; además, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia a las responsables vinculadas a ello, apercibiéndolas de la imposición de multa equivalente a veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización; auto que se notificó a través de oficio el siete de marzo de dos mil diecinueve; 11. Mediante escrito presentado ante la responsable el once de marzo del presente año, el delegado Procesal de JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, con el carácter de Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuautla, Morelos, interpuso recurso de reconsideración contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve citado en el párrafo anterior; el cual, por diverso auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, fue desechado por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al considerarlo notoriamente improcedente, siendo el acto que se combate a través del presente juicio. Dicho lo anterior, se arriba a la conclusión de que los conceptos de violación son en una parte inoperantes y en otra, infundados, aduciendo la parte quejosa la trasgresión de los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, de acuerdo a los argumentos siguientes: 1. Que no fueron parte demandada en el juicio de nulidad de origen, y que sin perjuicio de ésto no es posible humanamente satisfacer lo requerido por el Tribunal responsable. Lo anterior es inoperante, en principio porque refleja argumentos que atañen no a las consideraciones de la responsable relativas al desechamiento del recurso de reconsideración, sino a los motivos por los que se impuso a los quejosos la multa combatida a través de dicho medio de impugnación, que al no ser el acto combatido torna inoperantes las consideraciones que tiendan a combatirlas; sin mencionar que además, los quejosos se abstienen de exponer con argumentos concretos por qué estiman que la responsable debió admitir el recurso en virtud de ser ilegal el acuerdo combatido a través del mismo en el procedimiento administrativo de origen. 2. Que las causas de desechamento notorio al limitar el derecho humano a una tutela judicial efectiva, deben estar fijadas en la Ley y no aplicarse al arbitrio de la responsable y que en el caso la responsable desechó su recurso sin que para ello encuentre fundamento. Que aun y cuando se trata de actos emitidos en ejecución y se busca el cumplimiento de la sentencia del juicio natural, existe la obligación de la responsable de fundar y motivar la determinación de desechamiento del recurso de reconsideración lo cual, dice, no realizó y carece de motivos y fundamentos; además, que resuelve de forma dogmática y de forma incompleta y sin exhaustividad. Es infundado lo anterior. Ello, porque contrario a lo que sostienen, la responsable sí se apoyó para emitir el acto combatido en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa, conforme al cual el Magistrado de la Sala podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento: "Artículo 107. El Magistrado de la Sala podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento.". En tales condiciones, la disposición legal invocada por la responsable en el acto reclamado prevé la potestad ejercida para desechar por notoriamente improcedente el recurso de reconsideración, cuando a su juicio se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento. Entonces, no asiste razón a los quejosos en lo referente a que la resolución combatida no se encuentre apoyada en una disposición legal que prevea la facultad para desechar de plano el citado recurso. Además, la responsable motivó su resolución pues adujo que se había requerido a los aquí quejosos, con el carácter de autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia del juicio de origen; que fueron debidamente notificados y que a pesar de ello se abstuvieron de cumplir con lo que se les requirió, con lo que inclusive se les había otorgado debida audiencia; razón por la que estimó que existió negligencia de parte que aquéllas que se encontraban vinculadas a ese deber de cumplir con la condena; de ahí lo notoriamente improcedente del recurso de reconsideración. Consecuentemente, el acto reclamado sí contiene los motivos y fundamentos en los que se apoyó la responsable para su emisión, con independencia de lo correcto o no de éstos; razón suficiente para estimar que no es acertado que careciera de fundamentación y motivación o bien que fuera emitido de forma dogmática y carente de exhaustividad, siendo por ende, infundados los conceptos de violación hechos valer en ese sentido. 3. Aducen también los quejosos que aunque la responsable invoca que se puede desechar el recurso de reconsideración cuando se interpone con la finalidad de retardar el procedimiento, esto no tiene razón de ser porque el procedimiento en el juicio natural ha concluido, de ahí que no puede existir retraso de algo ya concluido. Es infundado lo anterior, porque el referido artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al referir que el Magistrado de la Sala podrá desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento, no hace distinción entre el procedimiento previo al dictado de la sentencia o al de ejecución; por ende, ante la ausencia de tal diferencia del legislador, debe interpretarse que no es permitido al juzgador marcar tal distingo y por ende, abstenerse de desechar los recursos de reconsideración por el sólo hecho de que el acto se emitió en la etapa de ejecución de la sentencia en el juicio natural. Consecuentemente, si la disposición en relación con el aspecto que se examina no es restrictiva al señalar si se refiere al procedimiento anterior o posterior a la sentencia, entonces opera el principio general de derecho que reza: "donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir", recogido en la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 197386, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 36/97, Página: 147, con el rubro: "SILENCIO QUE SE GUARDA EN RELACIÓN CON HECHOS QUE PERJUDICAN. PARA IDENTIFICARSE COMO UN ACTO JURÍDICO PROCESAL OMISIVO, SE REQUIERE QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY."; a más que como se indicó, la responsable precisamente se sustentó en el hecho de no retardar la etapa ejecutiva del procedimiento; aspecto que fue destacado en el apartado que antecede. Por tanto, es infundado el concepto de violación referido. 4. Aunado a lo anterior, refiere la parte quejosa que la causa de notoria improcedencia del recurso de reconsideración, en su caso, debió desprenderse de lo planteado en el propio ocurso por el que se planteó, lo cual no se actualizó en el caso. En cuanto a este punto, la responsable sí atendió a las razones esbozadas en el recurso de reconsideración; tan es así que se pronunció expresamente sobre los argumentos expuestos por los recurrentes, pues dio respuesta al argumento relativo a la falta de fundamentación y motivación de la resolución que les impuso multa, determinando las razones por las que estimó que sí contenía tales elementos en particular; por cuanto a que no se había fundado el por qué se había multado con diez unidades de medida de actualización y no se imponía otra sanción, tal como amonestación o en su caso una multa menor; no obstante el Magistrado de la Sala responsable dijo en el acuerdo combatido, que no había sido arbitrario su proceder, porque quedaba al prudente arbitrio del juzgador imponerle la medida de apremio que consideró que el caso ameritaba de acuerdo a la conducta procesal de los sancionados y a fin de que no permitir su contumacia. En tal virtud, contrario a lo alegado se estima que el desechamiento del recurso de reconsideración obedeció a las razones expuestas al promoverse, de las que se ocupó la responsable, de ahí lo infundado de este argumento. Sostienen igualmente los quejosos, que para estimar que el recurso de reconsideración era notoriamente improcedente, debían darse las condiciones previstas en el artículo 37, fracciones IV, VIII, IX y X, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que son ajenas a la finalidad de retrasar el procedimiento, como son la extemporaneidad, tratarse de actos consentidos, actos que no sean de competencia del tribunal responsable y que en el caso no se surtieron. Es infundado lo anterior, ya que si bien al impugnar actos de la responsable en el juicio de nulidad, pudieran concurrir las razones que se señalan en la disposición que indican los quejosos para considerar notoriamente improcedente el recurso de reconsideración, lo cierto es que en el caso la responsable atendió a una causa expresamente señalada en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, basada en que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento, que por sí sola es suficiente para apoyar el desechamiento de dicho recurso sin la concurrencia necesaria de diversa causa. Se arriba a la anterior consideración, al observar que el aludido dispositivo expresamente consigna la potestad ejercida por la responsable al valorar la procedencia del medio ordinario de defensa de que se trata, no existiendo argumento ni precepto alguno hecho valer que condicione su vigencia a la actualización de hipótesis normativa diversa; motivo por el cual, como ya se indicó se estimó fundamentado en el acto emitido por la responsable en los términos en que lo hizo; precepto legal cuya vigencia al caso ya se analizó ante el concepto que al respecto formularon en su contra. Por lo tanto, es igualmente infundado el argumento anterior. 5. Sostienen también que la resolución combatida por la cual la responsable se niega a sustanciar el recurso de reconsideración al considerarlo notoriamente improcedente, es inconvencional al negar el derecho humano de acceso a la justicia y a un recurso judicial sencillo y rápido. Lo anterior es infundado. Es así, porque la responsable sustentó su determinación en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que contiene la facultad del Magistrado de la Sala para desechar de plano aquellos recursos notoriamente improcedentes o que se interpongan con la finalidad de retardar el procedimiento; el cual no se combate en el presente juicio de amparo; por lo tanto al no observar por parte del suscrito aún en ejercicio del control de constitucionalidad concentrado vicio alguno de inconstitucionalidad que destacar, debe regir como sustento a lo resuelto al no ser factible su inaplicación; de ahí que sea infundado que el proceder de la responsable trasgrede el derecho humano de acceso a la justicia, pues al amparo de esa norma declaró inadmisible un recurso que se le planteó. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2017668, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A. J/18 (10a.), Página: 2438, con el rubro: "DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.". Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Consecuentemente, el hecho de que, el orden jurídico interno (materializado en el caso en el artículo 107 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos), prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes (y se fijen límites cuando se planteen de manera maliciosa con la finalidad de retardar el procedimiento de ejecución) no constituye, en sí misma una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005917, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.), Página: 325, del rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por lo demás, la autoridad responsable más allá de desechar el recurso lo falló de plano, no obstante que el Magistrado del Tribunal responsable hubiera empleado la expresión ".por las razones expuestas, esta Primera Sala, considera procedente el desechamiento del medio de impugnación intentado.", pues lo cierto es que, con independencia de lo correcto o incorrecto de los motivos empleados, como se mencionó en párrafos precedente, en la resolución combatida la responsable hizo pronunciamiento de fondo respecto de la materia planteada por los recurrentes en tal medio de defensa, con lo que no se les privó del derecho de acceso a la justicia. Atento todo lo anterior, al ser en una parte inoperantes y en otra, infundados los conceptos de violación hechos valer sin que se actualice causa para suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia de la unión. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS CORONA DAMÍAN y JUAN TORRES BRIONES, contra el acto precisado en el resultando primero y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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