Jesús Corona Damian

Expediente 1276/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1276/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Jesús Corona Damian

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Corona Damián y Juan Torres Briones, Presidente y Tesorero del Municipio de Cuautla, Morelos, respectivamente, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad (sic). Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento: Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, en relación con las documentales que la acompañan, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de esa ley. Toda vez que reclaman la interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Presidente Municipal de Cuautla, Morelos (aquí quejoso), contra el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, que requirió al Oficial Mayor del Ayuntamiento de esa ciudad, para que remitiera la totalidad de las constancias que integran los expedientes del Presidente y Tesorero Municipales (aquí quejosos), además, se requirió de nueva cuenta a las autoridades aquí quejosas para que en el plazo de tres días dieran cumplimiento a la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, apercibidos el Presidente y Tesorero Municipales (hoy quejosos) con la aplicación de una multa que podría ascender hasta cien veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización; todo ello acaecido en el periodo de ejecución de la citada sentencia definitiva dictada en el expediente administrativo TJA/5ªS/150/17. En tal virtud, la interlocutoria reclamada de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el numeral antes invocado establece, en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, lo que reclaman los quejosos sustancialmente es la interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, que [en lo que interesa] requirió de nueva cuenta a las autoridades aquí quejosas para que en el plazo de tres días dieran cumplimiento a la sentencia definitiva de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, apercibidos con la aplicación de una multa que podría ascender hasta cien veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización; ello en el periodo de ejecución de la citada sentencia definitiva dictada en el expediente administrativo TJA/5ªS/150/17; de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta por lo que ve a dicho acto. Al respecto, resulta oportuno invocar en lo pertinente, la tesis I.3o.C.765 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1345, del tomo XXX, octubre de 2009, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN' DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías.". A mayor abundamiento, debe decirse que en el caso del acto objeto de estudio en este apartado, no se está en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.".. Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudieran resentir los quejosos con la interlocutoria reclamada, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural, en el cual se impuso a las autoridades municipales demandadas y de la cual forman parte los promoventes, la obligación de cumplir con la condena impuesta a favor del actor en el juicio de origen; y en segundo lugar, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por la autoridad responsable, no puede implicar un acto que pueda ocasionar a los promoventes del amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues tal consecuencia está condicionada a que el tribunal responsable decida hacer efectivo o no dicho apercibimiento, lo que según lo manifestado por la parte quejosa en su demanda de amparo hasta este momento no ha acontecido, tanto así que señala el apercibimiento de multa como un acto futuro. Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (normas generales) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Por lo que se reitera, por el momento no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, máxime que conforme al contenido de la demanda si bien ya se requirió el cumplimiento de la sentencia definitiva y se apercibió con la imposición de una multa, lo cierto es que esa multa no se ha impuesto, ni se menciona en la demanda de amparo haberse efectuado algún gravamen en su perjuicio por sí o como autoridades municipales con la diligencia relativa, por lo que por mayoría de razón se puede concluir que los inconformes en su calidad de autoridades municipales no han resentido alguna afectación a sus derechos sustantivos. Orienta las consideraciones anteriores, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, sustentado en la tesis III.4°, III Región, 8 C, publicada en la página 1647, del Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor.". Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento los actos no producen en los quejosos una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta, por cuanto hace a los mismos. Al caso sirve como analogía, se invoca la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L, del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2321, del libro 26, enero de 2016, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley.". Por último, debe quedar precisado que los quejosos fueron vinculados en el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el expediente administrativo TJS/5ªS/150/17, desde el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, tal y como se constata de la página once de la interlocutoria reclamada de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, que textualmente dice: "Como se advierte del expediente principal se generaron las siguientes actuaciones relacionadas al recurso que se resuelve: "1. Mediante acuerdo de. veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, esta Sala vinculó a la autoridad recurrente para el cumplimiento del presente juicio, en razón de las funciones que desempeña al ostentar el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y razonó que al tratarse de un primer requerimiento se le otorgó un término de diez días para dar cumplimiento; ordenando su notificación personal, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le impondría una amonestación. "2. El veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, se llevó a cabo la notificación personal del acuerdo antes referido a la autoridad recurrente. "3. El catorce de marzo del dos mil diecinueve, se tuvo al recurrente en su carácter de autoridad vinculada, presentando de manera extemporánea el recurso de reconsideración que hacía valer en contra del acuerdo de. veinticinco de febrero del dos mil diecinueve; en virtud de haber fenecido el cinco de marzo del mismo año el término de tres días que la ley le otorgaba para interponerlo. "4. Por acuerdo dictado el quince de mayo del dos mil diecinueve, se declaró la contumacia de las autoridades demandadas y vinculadas para dar cumplimiento al fallo emitido por este Tribunal; requiriendo al Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, la totalidad de las constancias que integran el expediente de la autoridad recurrente, entre otras; y se les requirió de nueva cuenta para que en el término de tres días dieran cumplimiento a la sentencia de mérito y lo informaran a esta Sala; apercibidas con la aplicación de una multa que podría oscilar hasta cien veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización, que sería reiterada cuantas veces fuera necesario." En tales condiciones, al resultar improcedente la demanda de amparo por cuanto al acto precisado en párrafos precedentes, de conformidad con los ordinales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Lo aquí acordado se orienta en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en el recurso de queja 213/2018. Esta determinación también se orienta, en lo conducente, en lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en la queja 270/2017, en la cual determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto que desechó la demanda relativa al juicio de amparo 689/2017. Así como en lo resuelto por ese mismo Tribunal Colegiado, en el recurso de queja 374/2017 de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el mismo sentido. Domicilio y autorizados: Toda vez que el domicilio que se señala para los efectos de oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, de conformidad con los artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo y 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por señaladas las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal. También, se tienen por autorizados en términos del dispositivo 12 de la ley antes invocada a los licenciados que señala, esto es con todas las facultades que dicho ordenamiento confiere, en atención a que dichas personas se encuentran registradas su cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a excepción de Angélica Herrera Rodríguez y Francisco Javier Zarco García, a quienes se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, ello, en virtud de que no se encuentran registrados en el Registro citado ut supra, para ser autorizados con amplias facultades en término de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, se tienen autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que cita. Tomando en consideración que la demanda de amparo es promovida por dos quejosos, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Jesús Corona Damián, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sin perjuicio de que pueda ser sustituido con posterioridad por los promoventes. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.

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