Jesus Corona Damian

Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
814/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Jesus Corona Damian

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo promovida y que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida Jesús Corona Damián, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al respecto se provee: 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. 2).- Desechamiento. Se procede a examinar el escrito de demanda y desahogo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo: El citado artículo impone la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia con número de registro 180663, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, por medio del cual se admite la demanda y se concede la suspensión provisional, en el expediente TJA/2aS/143/2020 de la estadística de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En efecto, respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVlll de la Ley de Amparo, por falta de acatamiento del principio de definitividad. Así es, los artículos 98 y 104 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, establecen que en la vía contenciosa administrativa del Estado de Morelos existen tres recursos, el de queja, reconsideración y excitativa, que el recurso de reconsideración es procedente contra providencias o acuerdos que dicte la propia sala, el cual será sustanciado conforme lo dispuesto en los artículo 105, 106 y 107 de la mencionada ley, asimismo según lo dispuesto en el numeral 108, contra las resoluciones que se dicten en el recurso de reconsideración, no procederá recurso alguno. Además, la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, establece en el artículo 115 en lo que interesa, que contra los autos que concedan la suspensión y fijen fianzas, es procedente el recurso de reconsideración, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, mientras que la parte quejosa, lo que pretende impugnar en el presente juicio es la garantía que se le requirió para que surtiera sus efectos dicha medida cautelar, por lo que la parte amparista tenía que agotar dicho recurso previo al ejercicio de la acción constitucional. Esto es, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, por medio del cual se concede la suspensión provisional para que no se haga efectivo el crédito fiscal y requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días deposite la cantidad de $4,646.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la cantidad liquida del crédito fiscal número MEJ20191648, dictado en el expediente TJA/2aS/143/2020 de la estadística de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, resulta procedente el recurso de reconsideración ante la autoridad responsable, por lo que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo. De allí que al no haber agotado dicho medio de defensa, y al no actualizarse alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado que, en lo que interesa, fue transcrito por la quejosa, se aprecia que no agotó el principio de definitividad, previo a la promoción del presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. 3). Domicilio de parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Edgar Sierra Guerrero; en virtud de que Oscar Díaz Ayala, Irbin Barreto Rivera, Oscar Valle Cid, Juan Ángel Abarca Aburto y Jorge Vargas Muñoz, no acreditan que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado ya que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tanto, se les tiene autorizada para oír y recibir notificaciones. 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 6).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

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