Jesus Corona Damian

Expediente 986/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
986/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Jesus Corona Damian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Si se tramitó incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso ************, para que compareciera a recoger los ejemplares correspondientes a los edictos ordenados para emplazar a juicio a la tercero interesada ************, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo de veinte días, siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, este juzgado federal decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, siempre y cuando, no obrara en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obraran indicios suficientes que corroboraran su manifestación. Luego, atendiendo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento aludido, por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, y en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La actualización de la causal de improcedencia tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no desahogar el requerimiento que se le formuló, a efecto de estar en posibilidad de emplazar a la tercero interesada Teresa González Castro, por medio de los edictos ordenados en autos, lo cual impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es así, porque la fracción III inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercera interesada, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo si se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108 fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando resulte que éstas fueron infructuosas, ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por medio de edictos, los que serán a costa del promovente del juicio, siempre y cuando, no obre en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obren indicios suficientes que corroboran su manifestación. Luego, en el presente asunto el emplazamiento de la tercero interesada permitiría tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, circunstancia que está condicionada a que la parte quejosa, en principio, compareciera a este juzgado federal a recibir los edictos para la correspondiente publicación, o en su caso, a efecto de manifestar la imposibilidad para pagar los edictos ordenados por auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno; por lo que, el incumplimiento de lo anterior provoca que se impida a la tercero interesada acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado; en tal virtud, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto del procedimiento. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte impetrante, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, aún fuera de audiencia. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la parte quejosa. Es aplicable al presente juicio la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, tomo XXXII, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual modo, resulta ilustrativa por las razones que la informan la tesis II.2º.C99.K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2411, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA.- Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". Por lo anteriormente expuesto, se impone SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que opera de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia jurisprudencial, ya estudiada; por lo tanto, se deja sin efecto la hora y día fijados para la audiencia constitucional, esto es, las TRECE HORAS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; EL QUE EN SÍNTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos; ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso ************, para que compareciera a recoger los ejemplares correspondientes a los edictos ordenados para emplazar a juicio a la tercero interesada ************, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo de veinte días, siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, este juzgado federal decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, siempre y cuando, no obrara en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obraran indicios suficientes que corroboraran su manifestación. Luego, atendiendo a la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento aludido, por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, y en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La actualización de la causal de improcedencia tiene su razón de ser en la contumacia en que incurre la parte quejosa al no desahogar el requerimiento que se le formuló, a efecto de estar en posibilidad de emplazar a la tercero interesada Teresa González Castro, por medio de los edictos ordenados en autos, lo cual impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Es así, porque la fracción III inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercera interesada, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por medio de edictos al tercero interesado, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo si se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108 fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando resulte que éstas fueron infructuosas, ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por medio de edictos, los que serán a costa del promovente del juicio, siempre y cuando, no obre en autos la manifestación expresa de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza y que de las constancias que integran el presente asunto obren indicios suficientes que corroboran su manifestación. Luego, en el presente asunto el emplazamiento de la tercero interesada permitiría tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, circunstancia que está condicionada a que la parte quejosa, en principio, compareciera a este juzgado federal a recibir los edictos para la correspondiente publicación, o en su caso, a efecto de manifestar la imposibilidad para pagar los edictos ordenados por auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno; por lo que, el incumplimiento de lo anterior provoca que se impida a la tercero interesada acudir al juicio de amparo en defensa de sus derechos por la posición jurídica que guarda en relación con el acto reclamado; en tal virtud, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto del procedimiento. Es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte impetrante, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional, aún fuera de audiencia. Por lo que, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de garantías quede al arbitrio de la parte quejosa. Es aplicable al presente juicio la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, tomo XXXII, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." De igual modo, resulta ilustrativa por las razones que la informan la tesis II.2º.C99.K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 2411, tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA.- Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo II y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". Por lo anteriormente expuesto, se impone SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que opera de manera notoria, plena e indudable la causal de improcedencia jurisprudencial, ya estudiada; por lo tanto, se deja sin efecto la hora y día fijados para la audiencia constitucional, esto es, las TRECE HORAS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de agosto de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que, transcurre el término para que el quejoso comparezca a este juzgado a recibir y acreditar haber entregado para su publicación los edictos correspondientes, en términos ordenados por auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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