Jesus Claudio Soto Martinez

Expediente 1710/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1710/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Jesus Claudio Soto Martinez
  • Jesus Claudio Soto Martinez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA 1-A.- Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en treinta de octubre de dos mil veinte, se ordenó el archivo el presente asunto como concluido. En tales circunstancias, hágase la devolución del duplicado de la causa penal 18/2014, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria (en ocho tomos) que remitió en cumplimiento a lo requerido en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, dado que este asunto se encuentra concluido por lo que resulta innecesaria la conservación de dicha constancia en la secretaría de este juzgado.

  2. Principal

    MESA 1-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por la Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 144/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso Jesús Claudio Soto Martínez. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro gobierno.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 120/2020, orden 223/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso Jesús Claudio Soto Martínez. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Por otra parte, en atención al estado procesal de los autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En sentencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal concedió el amparo de la Justicia Federal a Jesús Claudio Soto Martínez, contra el acto reclamado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, para el efecto siguiente: ". La autoridad responsable Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, una vez desahogado el careo procesal supletorio entre Guadalupe Prado Durán, con el testigo de cargo Levi Oziel González Reza, cite para la audiencia a que se refiere el artículo 307, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes; y resuelva en sentencia la referida causa penal de su índice dentro del plazo de cinco días y ordene su notificación personal al accionante de amparo." Cabe destacar que al no ser recurrida la sentencia de amparo, por ninguna de las partes, causó ejecutoria mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, y en el mismo proveído se requirió el cumplimiento la autoridad responsable. Luego, mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se recibió el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, a través del cual informó respecto del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, por lo que, a fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera. Misma determinación que se notificó vía exhorto a la parte quejosa el veintidós de octubre del año en curso. En consecuencia, procede realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En ese sentido, con base en los argumentos torales de la ejecutoria de amparo, el juez de instancia debía desahogar el careo procesal supletorio entre Guadalupe Prado Durán, con el testigo de cargo Levi Oziel González Reza; enseguida, señalar fecha y hora para la audiencia a que se refiere el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Penales; finalmente, dictar la sentencia que correspondiera en la causa penal 18/2014. Por lo anterior, si el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, desahogó dicha prueba, señaló fecha y hora de la audiencia a que refiere el 307 del Código Federal de Procedimientos Penales, y dictó la sentencia definitiva, es indudable que dicho juez ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 e la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que este juzgado advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, pues cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. No es óbice a lo anterior que no exista constancia de notificación practicada por la autoridad responsable en relación a la comunicación anterior, ya que con la vista otorgada en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, quedó satisfecha dicha condición, pues a través de la notificación de tal proveído, sin duda, el quejoso tuvo conocimiento del mismo en forma plena, lo que constituye uno de los efectos sustanciales de la ejecutoria de trato. Orienta la consideración anterior, el criterio sustentado en la Jurisprudencia que se identifica en la página número 122, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época bajo el rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. VISTA A LAS PARTES Dése vista a la parte quejosa para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda a fin de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPSGUANAJUATO", con sede en Ocampo, Guanajuato, y notifique el presente proveído al quejoso Jesús Claudio Soto Martínez. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este Juzgado de Distrito. Para la celeridad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita que en caso de ser necesario, se realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente vía exhorto a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA 1-A.- Vista la cuenta, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 102/2020, orden 197/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso Jesús Claudio Soto Martínez. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente.

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