Jesús Christian Oliver Delhumeau Islas
Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jesús Christian Oliver Delhumeau Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
I. Vista de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada por este Juzgado y por auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la misma ordenándose su archivo. II. Devolución de anexos Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obre la copia certificada constante de un tomo de pruebas que la autoridad responsable Coordinadora de Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, remitió como complemento a su informe con justificación; así como al Juez Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, un disco óptico, por lo que devuélvansele a las citadas entidades, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remiten, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. ACUERDO 12-02-2021 ...Vistos los autos del presente juicio, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión, en términos de los artículos 77 y 196 de la ley de la materia. En sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el trece de noviembre de dos mil veinte, los actos reclamados quedaron precisados bajo los siguientes términos: ".En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: De la coordinadora de agentes de Ministerios Públicos adscritos a la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal de la Fiscalía General del Estado de Durango; y de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos en agravio de Niñas, Niños y Adolescentes: 1.- Omisión de ingresar, recabar e incorporar a la carpeta de investigación ****datos de prueba que fueran solicitados y aportados mediante escritos de veintiocho y veintinueve de mayo del año en curso.- 2.- Omisión de resolver sobre lo solicitado en dichos escritos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- 3.- Omisión de darle intervención a sus defensores en el desahogo de las declaraciones de los testigos ***.- 4.- Omisión de expedirle copia certificada de la carpeta de investigación CDI/FGE/R1/DGO/06596/20.- Del Tribunal de Control y Juicio Oral y del Juez Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango: El auto de vinculación a proceso decretado contra el quejoso el uno de junio de dos mil veinte, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de retención de una niña, previsto y sancionado por el artículo 164 del Código Penal para el Estado de Durango, en agravio de la menor víctima *** y la ofendida ****..." En la referida sentencia, por un lado, se sobreseyó en el juicio por cuanto a los actos reclamados precisados en los puntos 1, 2, 3 y 4, ya que se consideró que dichos actos al constituir actos de molestia, no afectan derechos sustantivos; en otro, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso decretado contra el quejoso, dado que se consideró lo siguiente: "Pues bien, según se advierte de lo expuesto por el resolutor de origen, en relación con lo argumentado por la defensa en el sentido de que el convenio celebrado entre el imputado y la ofendida donde se establece el horario de convivencia con la menor víctima, no tiene valor, dado que no medió autorización judicial y para ello invocó la tesis de jurisprudencia de rubro "CONTRATO ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL" que dio origen a la contradicción de tesis 13/91, el juez responsable señaló que esa tesis seguramente se refería a otro Estado, ya que los legisladores en Durango, al darse cuenta de esos motivos son siempre tomados en cuenta por los hombres que abusan de su fuerza sobre las mujeres y que para igualar esos poderes de ambos, se dijo: "si no regresas al menor, si no tienes el consentimiento del otro progenitor, de su madre, cometerás un delito"; sin embargo, el juez responsable no señaló en qué precepto y en qué legislación se estipula esa premisa; además, tampoco precisó si la tesis en mención le obligaba o no, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en razón de que se advierte que fue emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Por otro lado, el defensor expuso en sus alegatos de defensa que se está ante una excluyente del delito, ya que la conducta del imputado obedeció a un estado de necesidad justificante, para salvaguardar un bien jurídico mayor ante el peligro en que se encontraba la menor, que no hubo dolo en su conducta, que incluso el propio imputado, solicitó una medida de protección a favor de ella en la diversa carpeta de investigación 1119/2020, que se instaura contra el abuelo materno de la víctima por un posible abuso sexual; que además, en el dictamen que rindió un médico forense en esa carpeta, se estableció que el flujo vaginal no debe considerarse como un signo relevante de abuso sexual, pero sí debe ser una alerta y justificar un planteo de posibilidad.- Por esas razones, la defensa solicitó al juez responsable realizara un juicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, es decir, la reprochabilidad sobre la conducta desplegada, con la finalidad de justificar por el estado de necesidad, ya que el bien jurídico que se trató de proteger es de mayor valor, como lo es el interés superior de la menor, además de que la propia ley a nivel internacional faculta la retención justificada de los menores; empero, sobre esa propuesta el juez responsable nada manifestó; ni en relación con la medida de protección que adujo la defensa había solicitado a favor de la menor, sólo se concretó a señalar que la conducta del imputado no estaba justificada, sin precisar si procedía o no realizar el juicio de tipicidad propuesto por el defensor.- Asimismo, en la propia audiencia, el defensor solicito al juez responsable, que analizara los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, para que se diera cuenta que fue un estado de necesidad justificada lo motivó al imputado retener a la menor, situación que el juez responsable tampoco ponderó, ya que nada dijo al respecto, esto es, si se actualizaba o no algún supuesto de excepción para consultar los registro de la carpeta de investigación.- De igual manera, en relación con lo alegado por la defensa en el sentido de que el imputado actuó de la manera en que lo hizo para proteger un bien jurídico mayor, como lo es el interés superior de la menor, el juez responsable tampoco hizo pronunciamiento alguno al respecto, es decir, omitió pronunciarse bajo esa perspectiva, lo que se estima necesario a fin de que la responsable esté en posibilidad de decidir si las circunstancias que orillaron al quejoso para generar la conducta que se le atribuye, es decir, si la retención de la menor fue o no por una causa justificada y si existe o no una excluyente de responsabilidad; sin embargo, solamente se concretó a manifestar que se reúnen los elementos del delito de retención de la menor, incluyendo el dolo, porque no hubo consentimiento por parte de la denunciante para que no se la regresara; empero sin realizar un análisis del entorno familiar que gira sobre la menor víctima, derivado de cada uno de los datos de prueba que se aportaron al proceso, para así poder determinar si en el caso se trató de proteger un bien jurídico mayor como lo es el interés superior de la menor, ya que dicho principio implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo.- Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: (se transcribe).- Luego, al no atender tales aspectos, la autoridad emisora del acto reclamado incumple con la obligación contenida en el artículo 16 constitucional de motivar la resolución" La sentencia causó ejecutoria el once de diciembre de dos mil veinte. A fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable remitió el oficio 1937/2020 de quince de diciembre de dos mil veinte, al que anexó el disco versátil digital que contiene el audio y video de la audiencia celebrada en la misma fecha, de la que se desprende que por una parte, dejó sin efecto la resolución de uno de julio de dos mil veinte, en la que se había vinculado a proceso al aquí quejoso y en otra, dictó nueva resolución de auto de vinculación a proceso en su contra. Posteriormente, la autoridad responsable remitió el oficio 0002/2021 de cinco de enero de este año, al que anexó copia certificada de la transcripción de la nueva resolución de vinculación a proceso, el cual, por acuerdo del día siguiente, se reservó acordar en atención a que mediante Circular CAP/3/2020 la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En dicha sesión, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno; por ello, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo anterior implica que se suspenden los plazos y términos procesales. Así, por acuerdo del pasado veintisiete de enero, se ordenó agregar el citado oficio y anexo. Ahora bien, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, cuya omisión generó la protección constitucional, la autoridad responsable debía realizar lo siguiente: 1.- Señalar en qué precepto y en qué legislación se estipula la premisa "si no regresas al menor, si no tienes el consentimiento del otro progenitor, de su madre, cometerás un delito" 2.- Precisar si la tesis de rubro "CONTRATO ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL" -que dio origen a la contradicción de tesis 13/91 y que el juez responsable señaló que esa tesis seguramente se refería a otro Estado- le obligaba o no, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en razón de que dicho criterio fue emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.- Explicar si procedía o no realizar el juicio de tipicidad propuesto por la defensa, a fin de determinar si la conducta desplegada por el quejoso, esto es, retener a la menor, estaba justificada; para ello, debía realizar un análisis del entorno familiar que gira sobre la menor víctima, derivado de cada uno de los datos de prueba que se aportaron al proceso, para así poder determinar si en el caso se trató de proteger un bien jurídico mayor como lo es el interés superior de la menor y si existe o no una excluyente de responsabilidad. 4.- Pronunciarse en relación con la medida de protección que adujo la defensa había solicitado a favor de la menor. 5.- Ponderar si se actualizaba o no algún supuesto de excepción para consultar los registro de la carpeta de investigación como lo solicitó la defensa. En relación con el primer punto, el juez responsable señaló que la premisa "si no regresas al menor, si no tienes el consentimiento del otro progenitor, de su madre, cometerás un delito" la hizo de la paráfrasis del texto que contiene el primer párrafo del artículo 164 del Código Penal vigente en el Estado de Durango, ya que infirió que esa es la esencia de lo que provoca la conducta de quien retiene a un menor sin el consentimiento del otro progenitor, ya que ese hecho no se considera como delito en todos los Estados de la República Mexicana, pero sí en esta entidad federativa. Respecto al segundo lineamiento, la responsable adujo que la tesis que invocó la defensa de rubro "CONTRATO ENTRE CÓNYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL" no le obliga ya que la misma se refiere al Código Civil del Distrito Federal, esto es, a una legislación distinta a la de Durango; que además, verificando los antecedentes de la misma, obtuvo que en una publicación del Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Congreso de la Unión derogó el artículo 174 del Código Civil del Distrito Federal que decía: "la mujer necesita autorización judicial para contratar con su marido, excepto cuando el contrato que se celebre sea el de mandato"; que en la legislación civil del Estado de Durango no existe un artículo de esa naturaleza y que el que existía en el Distrito Federal fue derogado; que en consecuencia, la tesis que citó la defensa no tiene valor porque fue derogado el precepto que estaba interpretando y, además, ese precepto que fue derogado no existe en la legislación de Durango; para fundar su determinación, la responsable invocó la tesis de rubro "JURISPRUDENCIA. PARA QUE LA EMITIDA CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA APLICABLE EN OTRA, DEBEN EXISTIR EN AMBOS ESTADOS DISPOSICIONES LEGALES CON SIMILAR CONTENIDO. Que sostener lo contrario, sería extender el contenido de aquella legislación a cuestiones inherentes a una ley expedida por otra soberanía legislativa; que además, si existiera en la legislación civil del Estado de Durango ese precepto que prohíbe a la mujer celebrar contratos, sería discriminatorio con base en el artículo 1° constitucional; que por eso y por otros conceptos se derogó ese precepto de la legislación del Distrito Federal. Luego, con base en lo anterior, el juez responsable concluyó que el convenio que celebró el imputado con la ofendida, tiene pleno valor y robustece la obligación del quejoso de entregar a la menor a su madre, ya que ella sólo consintió que la menor se quedara con él la noche del diecisiete de mayo de dos mil veinte, mas no hasta el veintisiete del mes y año en cita, que fue cuando entregó a la menor a su madre. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el punto tres, el juez responsable adujo que el tipo penal es la descripción legal de una conducta como delictiva; y, la tipicidad, como el exacto encuadramiento de esa conducta al tipo y que, en consecuencia, se debe realizar un juicio de tipicidad, que es la tarea que realiza el juez para establecer si la conducta particular y concreta encaja en el tipo penal, para lo cual se compara la conducta con la descripción típica. Así, señaló que con la conducta del imputado se dio el juicio de tipicidad, ya que siendo el padre de la menor la retuvo sin el consentimiento de la madre, lo que es antijurídico. Que no existe causa justificada o excluyente de responsabilidad porque las versiones de los testigos son distintas e incongruentes ya que sólo coinciden en el lugar y la hora y no corroboran el dicho del quejoso para considerar que existía un peligro real e inminente contra su menor hija, ya que de sospechar algo, debe intensificarse la protección a favor de los menores, pero siempre que existan datos que hagan factible la existencia de ese riesgo, no sólo el dicho de una persona; que además, de los datos que se le mencionaron relativos a la carpeta de investigación 1119/2020 que se instruye contra el padre de la ofendida (madre de la menor) no refieren datos objetivos y reales que justifiquen el dicho de los testigos en cuanto a que la menor sea objeto de algún abuso sexual por parte del padre de la denunciante y por ello, no está justificada la conducta del quejoso ni la necesidad de proteger un bien jurídico, es decir, que no había causa justificada para que retuviera a la niña y se quedara con ella sin el consentimiento de su madre; luego mencionó que el interés superior de la menor de una sana convivencia con su madre está garantizado, ya que no cuenta con ningún dato que infiera que la menor esté siendo o sea posible víctima de un abuso sexual por parte de su abuelo materno. Finalmente, por cuanto último lineamiento a seguir en cumplimiento al fallo protector, el juez responsable señaló que en el caso no existe el supuesto de excepción para tener a la vista la carpeta de investigación, ya que todos los datos de prueba que se vierten para una resolución, deben ser producidos de manera oral, y, por regla general, el juez de control debe resolver sin consultar la carpeta de investigación, es decir, que debe resolver con base en los argumentos que formulen las partes en la audiencia; aunque excepcionalmente puede consultar el contenido de la carpeta cuando haya controversia entre las partes o cuando existe duda acerca de un dato. Con lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, y esta última no hizo manifestación alguna de inconformidad al respecto. Por su parte, el quejoso mediante escrito del pasado trece de enero, manifestó que la sentencia no se encuentra cumplida; sin embargo, contrario a lo que aduce, la responsable señaló que la premisa "si no regresas al menor, si no tienes el consentimiento del otro progenitor, de su madre, cometerás un delito" la hizo de la paráfrasis del texto que contiene el primer párrafo del artículo 164 del Código Penal vigente en el Estado de Durango, ya que infirió que esa es la esencia de lo que provoca la conducta de quien retiene a un menor sin el consentimiento del otro progenitor. Asimismo, contrario a lo que alega el quejoso, la autoridad responsable, si bien no precisó si procedía realizar un juicio de tipicidad, lo cierto es que sí lo realizó, ya que expuso que el tipo penal es la descripción legal de una conducta como delictiva; y, la tipicidad, como el exacto encuadramiento de esa conducta al tipo y que, en consecuencia, se debe realizar un juicio de tipicidad, que es la tarea que realiza el juez para establecer si la conducta particular y concreta encaja en el tipo penal, para lo cual se compara la conducta con la descripción típica. Así, señaló que con la conducta del imputado se dio el juicio de tipicidad, ya que siendo el padre de la menor la retuvo sin el consentimiento de la madre, lo que es antijurídico. Por otro lado, contrario a lo que argumenta el quejoso en el referido escrito, el juez responsable sí señaló que no vale que sólo por el dicho de una persona se justifique una situación de riesgo, ya que se tiene que tener elementos para que el representante social determine las medidas de protección a favor de alguien, porque sería darle credibilidad a todo por el simple hecho de manifestarse y que el interés superior a una sana convivencia de la menor con su madre está garantizada, ya que el entorno de la menor no arroja ningún dato que refiera que esté siendo o sea posible víctima de abuso sexual por parte del abuelo materno. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el presente juicio de amparo y el contenido del oficio que la autoridad judicial responsable remitió con motivo de dicho cumplimiento, con apoyo en el numeral 196 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal en cita, en caso de no interponerse el recurso correspondiente, y, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido archívese. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del citado manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio, se advierte que mediante proveído del día seis del mes y año en curso, se reservó acordar el oficio 2/2021 signado por el Juez Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial en Durango, en atención a lo determinado en la Circular CAP/3/2020, en la que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; toda vez que en dicha sesión, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; por ello, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Lo anterior implicó la suspensión de plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, para dar trámite únicamente a los escritos iniciales calificados como "urgentes" presentados de manera física o electrónica, el seguimiento de los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad, así como la tramitación de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Posteriormente, mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, comunicó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y se dieron a conocer las medidas adoptadas para la operación de los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En tal virtud, conforme lo dispuesto por el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se adoptan las medidas de ampliación de plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; se dispone la reanudación de plazos y términos procesales, así como la continuación del trámite de los expedientes en el punto en que se quedaron pausados. Acorde con el referido Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y términos procesales es del conocimiento general por haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como lo comunicado en la Circular SECNO/1/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales; constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "naranja" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los actuarios judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación de reanudación procedimental deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 2/2021 signado por el Juez Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes del Primer Distrito Judicial en Durango, mediante el cual anexó copia certificada de la transcripción de la resolución que dictó en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio. Notifíquese.
- Principal
agréguese el escrito y copias, presentado por el quejoso; en atención a su contenido, resérvese acordar lo que corresponda una vez que este Juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio. Notifíquese.
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