Jesús Chávez Torres
Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Instituto Mexicano del Seguro Social
- Jesús Chávez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
toda vez que de autos se advierte que transcurrió el término sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en este juicio, se declara que la resolución que negó la protección constitucional ha causado ejecutoria. remítase al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido y provéase lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo.
- Incidental
toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, y en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, se tiene que el cuaderno incidental original es susceptible de depuración
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 126/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Jesús Chávez Torres demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Autoridad que declinó la competencia.- Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en Palacio Federal Segundo Piso, oficina 307, Avenida Morelos y calle Galeana, Colonia Centro, Torreón, Coahuila y Autoridad que aceptó la competencia.- la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en calle Hidalgo número 406, Zona Centro, Saltillo, Coahuila. IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- LA NULIDAD DEL ACUERDO EN EL QUE SE DECLARABA INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO, EN EL QUE ORDENÓ REMITIR EL EXPEDIENTE A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTICINCO, LO ANTERIOR TODA VEZ, QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE EN ETAPA ILEGAL, REALIZANDO UNA VEZ DESAHOGADO EL DESAHOGO (SIC) DE LAS PRUENBAS DE LA LITIS PRINCIPAL, ES DECIR, PASADO EL TÉRMINO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 701 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LEGALMENTE DECALRARSE INCOMPETENTE. DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTICINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- LA NULIDAD DEL ACUERDO DONDE ADMITE REMITIR EL EXPEDIENTE ALA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTAR Y DOS, QUIEN DEBERÁ DE SEGUIR LA SECUELA PROCEDIMIENTAL, ES DECIR, LA NOTIFICACIÓN DELA CUERDO EN EL QUE OTORGARA TÉRMINO A LAS PARTESPARA OFRECER ALEGATOS, Y MANIFESTAR RESPECTO A LA INEXISTENCIA DE PRUEBAS PARA OFRECER ALEGATOS Y MANIFESTAR RESPECTO A LA INEXISTENCA DE PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR, EL DICTADO DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y, CONSECUENTEMENTE, LA RESOLUCIÓN QUE ESTUDIA EL FONDO Y RESUELVE EN DEFINITIVA EL JUICIO." Actos que el quejoso considera violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 126/2023; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y tuvo como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien quedó debidamente emplazado, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de trece de junio de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 595/2021 en el que la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza se declaró incompetente para conocer del juicio laboral y lo remite a la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. El auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 2616/2022, dictado por la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, en el que aceptó la competencia planteada por la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza y Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, toda vez que la primera fue omisa en rendir informe a pesar de estar notificada, por lo que se presume cierto lo que se le reclama; y la segunda aun cuando negó el acto reclamado hizo manifestaciones que evidencias haber dictado el acto reclamado. Certeza que se obtiene de las documentales enviadas por la responsable que rindió informe, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a los juicios laborales 595/2021 y 2616/2022, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Ahora, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte la configuración de alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo QUINTO. Conceptos de violación. Cabe precisar que la falta de transcripción de los motivos de inconformidad, no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio. Como único concepto de violación el quejoso aduce que la declinatoria de incompetencia se realizó fuera del plazo previsto en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, con posterioridad a la audiencia de desahogo de pruebas, con lo cual considera se le generó un daño inminente consistente en el retardo de la administración de justicia, pues el resultado fue iniciar un nuevo procedimiento ante la Junta que aceptó la competencia. Expone que en el juicio de origen el once de abril de dos mil veintidós se desahogó la inspección ocular, y fue el trece de junio de dos mil veintidós que la junta responsable se declaró incompetente, para hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintidós la diversa junta responsable aceptó la competencia, lo cual tiene por efecto anular todo lo actuado en el primer juicio laboral. Es infundado el anterior motivo de disenso, porque la declinatoria de incompetencia puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, antes del cierre de instrucción, cuando existe controversia entre las partes. Para justificar el anterior aserto cabe tener presente el contenido del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo anterior a su reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, aplicable al caso. "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley." La interpretación que corresponde a la primera parte de dicho artículo, no es literal, sino lógica y sistemática con los artículos 878, 883, 884, fracción V y 885 de la misma legislación. Si bien del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen; también lo es que de su texto se advierte la intención del legislador de abarcar las dos situaciones excluyentes entre sí que dan lugar a decretar el cierre de la instrucción, a saber: 1) Que al celebrarse la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, resulte que las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia quede reducida a un punto de derecho, caso en el cual se declarará cerrada la instrucción y turnarán los autos a resolución; 2) Que las partes sí controviertan los hechos y, por tanto, el desarrollo de dicha audiencia continúe, debiendo la Junta acordar sobre las pruebas que admita o deseche, como también señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo y que una vez concluido y transcurrido el plazo otorgado para formular alegatos, procederá a decretar el cierre de la instrucción. Interpretación que garantizar el derecho fundamental de los justiciables a que el conflicto del que sean parte se dirima por una autoridad competente, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, la interpretación que debe darse al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de dos mil diecinueve, es en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitra je, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos; y cuando las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, las Juntas deberán declarar su incompetencia al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o, como máximo, en la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por ser la fase previa a la audiencia de desahogo de éstas. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis XV.6o.2 L (11a.) del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada con el registro digital 2024905 de la Undécima Época, materias laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4437, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN DECLINARLA AL TRIBUNAL BUROCRÁTICO, DE OFICIO, EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES CONTROVIERTAN LOS HECHOS (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO 701 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019). Hechos: En un juicio promovido ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra el organismo público descentralizado estatal denominado Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud), se suscitó un conflicto competencial entre esa autoridad y el Tribunal de Arbitraje, ambos de dicha entidad federativa, en virtud de que la Junta, durante la etapa de desahogo de pruebas se declaró, de oficio, legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto, declinando la competencia al tribunal burocrático, quien oficiosamente determinó que, como la parte demandada es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, la competencia para conocer y resolver ese tipo de conflictos laborales le correspondía a la Junta, por lo que remitió el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la interpretación conforme de la primera parte del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, pueden declinar su competencia al tribunal burocrático en cualquier estado del proceso hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos. Justificación: Ello es así, pues de la intelección lógica y sistemática de los artículos 878, 883, 884, fracción V y 885, en relación con el artículo 701, todos de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, por lo que la intención del legislador fue abarcar las dos situaciones excluyentes entre sí que dan lugar a decretar el cierre de la instrucción, a saber: 1) Que al celebrarse la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, resulte que las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia quede reducida a un punto de derecho, caso en el cual se declarará cerrada la instrucción y turnarán los autos a resolución; o bien, 2) Que las partes sí controviertan los hechos y, por tanto, el desarrollo de dicha audiencia continúe, debiendo la Junta acordar sobre las pruebas que admita o deseche, como también señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo y que una vez concluido y transcurrido el plazo otorgado para formular alegatos, procederá a decretar el cierre de la instrucción. En ese contexto, se considera que para garantizar el derecho fundamental de los justiciables a que el conflicto del que sean parte se dirima por una autoridad competente, dicho precepto 701 debe interpretarse de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos; de lo contrario, esto es, si están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, las Juntas deberán declarar su incompetencia al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o, como máximo, en la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por ser la fase previa a la audiencia de desahogo de éstas. Interpretación que también es coherente con el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable supletoriamente, cuya literalidad indica: "Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio.", por lo que si sólo se atendiera al sentido gramatical de la expresión referente a la declaratoria de incompetencia por parte de las Juntas "en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas", ello implicaría validar el absurdo jurídico de que si una demanda se presenta ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, éste pueda declararse legalmente incompetente, de oficio, en cualquier etapa del proceso hasta antes de la emisión del laudo, mientras que si su presentación se realiza ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sólo se encuentre facultada para determinar su incompetencia oficiosa hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, sin importar que se trata de órganos laborales con igual jurisdicción territorial y dotados de las mismas atribuciones constitucionalmente conferidas para conocer y resolver un conflicto individual de trabajo relacionado con organismos públicos descentralizados locales. En congruencia con lo anterior, cabe añadir que si bien tratándose de la incompetencia oficiosa, el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo sólo prevé como supuesto de excepción para declarar nulo todo lo actuado por autoridad incompetente, el señalado en su precepto 704, relativo a la controversia competencial suscitada entre Juntas Especiales, lo cierto es que atendiendo a que las autoridades laborales contendientes ejercen su jurisdicción en el mismo territorio, la demandada es un organismo público descentralizado de la misma entidad federativa y de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador local está facultado para regular las relaciones de trabajo y, desde luego, las controversias que lleguen a suscitarse, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial, así como a que ambas se declararon, de oficio, incompetentes para conocer del juicio -no a petición de parte-, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a que a falta de disposición expresa en la ley se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes, el Tribunal de Arbitraje, al avocarse al conocimiento del juicio laboral debe aplicar la salvedad a que alude el artículo 706 para los conflictos suscitados en términos del 704, que se traduce en no decretar la nulidad de lo actuado. Tal interpretación se realiza en términos del artículo 1o. de la Constitución General, por ser la que otorga la protección más amplia al derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, además de dotar de coherencia al sistema normativo híbrido que es aplicable para regular las relaciones laborales entabladas entre los organismos descentralizados locales con sus trabajadores y los conflictos que surjan." En este orden de argumentación, se advierte que en el caso es aplicable la hipótesis consistente en que la incompetencia se declare en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos. Es así, porque del análisis de las constancias relativas al juicio laboral 595/2021 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón Coahuila, se advierte que el trabajador actor demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada sobre la base de 2,195 semanas de cotización y un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización la cantidad de $909.31 (novecientos nueve pesos con treinta y un centavos); hechos que fueron controvertidos por el demandado, pues al contestar la demanda negó que el trabajador haya cotizado las semanas que refiere, y expuso que éste tiene reconocidas 1,091 semanas de cotización, por lo que el salario promedio de las últimas 250 semanas es de $200.86 (doscientos pesos con ochenta y seis centavos). Asimismo, se advierte que en auto de once de febrero de dos mil veintidós la referida Junta laboral celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y pruebas, donde proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por ambas partes y ordenó el desahogo de inspección ocular para el once de abril de dos mil veintidós. Posteriormente, el trece de junio de dos mil veintidós, la Junta laboral en cita resolvió el incidente de incompetencia planteado por el Instituto demandado, el cual declaró procedente al sostener que la competencia se rige por el lugar donde se ubique la unidad de medicina familiar donde el trabajador está adscrito, y en el caso, ésta se ubica en la ciudad de Monclova, dato que obtuvo de la resolución para otorgamiento de pensión, por lo que declinó competencia a la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien aceptó conocer del asunto en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Si esto es así, queda de manifiesto que en el caso en estudio existió controversia sobre los hechos materia del juicio laboral de origen; por tanto, la incompetencia podía declinarse en cualquier etapa del proceso, antes del cierre de instrucción; lo que así aconteció. De ahí que fue legal que la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptara la competencia que le fue declinada. Por consiguiente, al resultar infundado el único motivo de disenso, sin que de oficio se advierta alguna razón para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Chávez Torres, contra los actos reclamados a las Juntas Especiales 42 y 25, ambas de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residentes en Torreón y Saltillo, respectivamente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, el día de hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida del secretario Mercedes Herrera Reyes, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 126/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Jesús Chávez Torres demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Autoridad que declinó la competencia.- Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en Palacio Federal Segundo Piso, oficina 307, Avenida Morelos y calle Galeana, Colonia Centro, Torreón, Coahuila y Autoridad que aceptó la competencia.- la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en calle Hidalgo número 406, Zona Centro, Saltillo, Coahuila. IV.- ACTO RECLAMADO.- DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y DOS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- LA NULIDAD DEL ACUERDO EN EL QUE SE DECLARABA INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO, EN EL QUE ORDENÓ REMITIR EL EXPEDIENTE A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTICINCO, LO ANTERIOR TODA VEZ, QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE EN ETAPA ILEGAL, REALIZANDO UNA VEZ DESAHOGADO EL DESAHOGO (SIC) DE LAS PRUENBAS DE LA LITIS PRINCIPAL, ES DECIR, PASADO EL TÉRMINO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 701 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LEGALMENTE DECALRARSE INCOMPETENTE. DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTICINCO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- LA NULIDAD DEL ACUERDO DONDE ADMITE REMITIR EL EXPEDIENTE ALA JUNTA ESPECIAL NUMERO CUARENTAR Y DOS, QUIEN DEBERÁ DE SEGUIR LA SECUELA PROCEDIMIENTAL, ES DECIR, LA NOTIFICACIÓN DELA CUERDO EN EL QUE OTORGARA TÉRMINO A LAS PARTESPARA OFRECER ALEGATOS, Y MANIFESTAR RESPECTO A LA INEXISTENCIA DE PRUEBAS PARA OFRECER ALEGATOS Y MANIFESTAR RESPECTO A LA INEXISTENCA DE PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR, EL DICTADO DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y, CONSECUENTEMENTE, LA RESOLUCIÓN QUE ESTUDIA EL FONDO Y RESUELVE EN DEFINITIVA EL JUICIO." Actos que el quejoso considera violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 126/2023; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, y tuvo como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien quedó debidamente emplazado, y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se desprende que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de trece de junio de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 595/2021 en el que la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza se declaró incompetente para conocer del juicio laboral y lo remite a la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. El auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 2616/2022, dictado por la Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, en el que aceptó la competencia planteada por la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Torreón, Coahuila de Zaragoza y Junta Especial número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, toda vez que la primera fue omisa en rendir informe a pesar de estar notificada, por lo que se presume cierto lo que se le reclama; y la segunda aun cuando negó el acto reclamado hizo manifestaciones que evidencias haber dictado el acto reclamado. Certeza que se obtiene de las documentales enviadas por la responsable que rindió informe, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a los juicios laborales 595/2021 y 2616/2022, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Ahora, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio no se advierte la configuración de alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo QUINTO. Conceptos de violación. Cabe precisar que la falta de transcripción de los motivos de inconformidad, no transgrede las normas que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio. Como único concepto de violación el quejoso aduce que la declinatoria de incompetencia se realizó fuera del plazo previsto en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, con posterioridad a la audiencia de desahogo de pruebas, con lo cual considera se le generó un daño inminente consistente en el retardo de la administración de justicia, pues el resultado fue iniciar un nuevo procedimiento ante la Junta que aceptó la competencia. Expone que en el juicio de origen el once de abril de dos mil veintidós se desahogó la inspección ocular, y fue el trece de junio de dos mil veintidós que la junta responsable se declaró incompetente, para hasta el diecinueve de octubre de dos mil veintidós la diversa junta responsable aceptó la competencia, lo cual tiene por efecto anular todo lo actuado en el primer juicio laboral. Es infundado el anterior motivo de disenso, porque la declinatoria de incompetencia puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, antes del cierre de instrucción, cuando existe controversia entre las partes. Para justificar el anterior aserto cabe tener presente el contenido del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo anterior a su reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, aplicable al caso. "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta Ley." La interpretación que corresponde a la primera parte de dicho artículo, no es literal, sino lógica y sistemática con los artículos 878, 883, 884, fracción V y 885 de la misma legislación. Si bien del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen; también lo es que de su texto se advierte la intención del legislador de abarcar las dos situaciones excluyentes entre sí que dan lugar a decretar el cierre de la instrucción, a saber: 1) Que al celebrarse la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, resulte que las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia quede reducida a un punto de derecho, caso en el cual se declarará cerrada la instrucción y turnarán los autos a resolución; 2) Que las partes sí controviertan los hechos y, por tanto, el desarrollo de dicha audiencia continúe, debiendo la Junta acordar sobre las pruebas que admita o deseche, como también señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo y que una vez concluido y transcurrido el plazo otorgado para formular alegatos, procederá a decretar el cierre de la instrucción. Interpretación que garantizar el derecho fundamental de los justiciables a que el conflicto del que sean parte se dirima por una autoridad competente, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, la interpretación que debe darse al artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma de dos mil diecinueve, es en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitra je, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos; y cuando las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, las Juntas deberán declarar su incompetencia al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o, como máximo, en la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por ser la fase previa a la audiencia de desahogo de éstas. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis XV.6o.2 L (11a.) del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada con el registro digital 2024905 de la Undécima Época, materias laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4437, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN DECLINARLA AL TRIBUNAL BUROCRÁTICO, DE OFICIO, EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO HASTA ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES CONTROVIERTAN LOS HECHOS (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO 701 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019). Hechos: En un juicio promovido ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra el organismo público descentralizado estatal denominado Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud), se suscitó un conflicto competencial entre esa autoridad y el Tribunal de Arbitraje, ambos de dicha entidad federativa, en virtud de que la Junta, durante la etapa de desahogo de pruebas se declaró, de oficio, legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto, declinando la competencia al tribunal burocrático, quien oficiosamente determinó que, como la parte demandada es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, la competencia para conocer y resolver ese tipo de conflictos laborales le correspondía a la Junta, por lo que remitió el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la interpretación conforme de la primera parte del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, pueden declinar su competencia al tribunal burocrático en cualquier estado del proceso hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos. Justificación: Ello es así, pues de la intelección lógica y sistemática de los artículos 878, 883, 884, fracción V y 885, en relación con el artículo 701, todos de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, por lo que la intención del legislador fue abarcar las dos situaciones excluyentes entre sí que dan lugar a decretar el cierre de la instrucción, a saber: 1) Que al celebrarse la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, resulte que las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia quede reducida a un punto de derecho, caso en el cual se declarará cerrada la instrucción y turnarán los autos a resolución; o bien, 2) Que las partes sí controviertan los hechos y, por tanto, el desarrollo de dicha audiencia continúe, debiendo la Junta acordar sobre las pruebas que admita o deseche, como también señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo y que una vez concluido y transcurrido el plazo otorgado para formular alegatos, procederá a decretar el cierre de la instrucción. En ese contexto, se considera que para garantizar el derecho fundamental de los justiciables a que el conflicto del que sean parte se dirima por una autoridad competente, dicho precepto 701 debe interpretarse de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General, en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos; de lo contrario, esto es, si están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, las Juntas deberán declarar su incompetencia al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o, como máximo, en la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por ser la fase previa a la audiencia de desahogo de éstas. Interpretación que también es coherente con el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable supletoriamente, cuya literalidad indica: "Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio.", por lo que si sólo se atendiera al sentido gramatical de la expresión referente a la declaratoria de incompetencia por parte de las Juntas "en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas", ello implicaría validar el absurdo jurídico de que si una demanda se presenta ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, éste pueda declararse legalmente incompetente, de oficio, en cualquier etapa del proceso hasta antes de la emisión del laudo, mientras que si su presentación se realiza ante una Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sólo se encuentre facultada para determinar su incompetencia oficiosa hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, sin importar que se trata de órganos laborales con igual jurisdicción territorial y dotados de las mismas atribuciones constitucionalmente conferidas para conocer y resolver un conflicto individual de trabajo relacionado con organismos públicos descentralizados locales. En congruencia con lo anterior, cabe añadir que si bien tratándose de la incompetencia oficiosa, el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo sólo prevé como supuesto de excepción para declarar nulo todo lo actuado por autoridad incompetente, el señalado en su precepto 704, relativo a la controversia competencial suscitada entre Juntas Especiales, lo cierto es que atendiendo a que las autoridades laborales contendientes ejercen su jurisdicción en el mismo territorio, la demandada es un organismo público descentralizado de la misma entidad federativa y de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador local está facultado para regular las relaciones de trabajo y, desde luego, las controversias que lleguen a suscitarse, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial, así como a que ambas se declararon, de oficio, incompetentes para conocer del juicio -no a petición de parte-, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a que a falta de disposición expresa en la ley se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes, el Tribunal de Arbitraje, al avocarse al conocimiento del juicio laboral debe aplicar la salvedad a que alude el artículo 706 para los conflictos suscitados en términos del 704, que se traduce en no decretar la nulidad de lo actuado. Tal interpretación se realiza en términos del artículo 1o. de la Constitución General, por ser la que otorga la protección más amplia al derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, además de dotar de coherencia al sistema normativo híbrido que es aplicable para regular las relaciones laborales entabladas entre los organismos descentralizados locales con sus trabajadores y los conflictos que surjan." En este orden de argumentación, se advierte que en el caso es aplicable la hipótesis consistente en que la incompetencia se declare en cualquier estado del proceso, hasta antes del cierre de la instrucción, siempre y cuando las partes controviertan los hechos. Es así, porque del análisis de las constancias relativas al juicio laboral 595/2021 del índice de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Torreón Coahuila, se advierte que el trabajador actor demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensión de cesantía en edad avanzada sobre la base de 2,195 semanas de cotización y un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización la cantidad de $909.31 (novecientos nueve pesos con treinta y un centavos); hechos que fueron controvertidos por el demandado, pues al contestar la demanda negó que el trabajador haya cotizado las semanas que refiere, y expuso que éste tiene reconocidas 1,091 semanas de cotización, por lo que el salario promedio de las últimas 250 semanas es de $200.86 (doscientos pesos con ochenta y seis centavos). Asimismo, se advierte que en auto de once de febrero de dos mil veintidós la referida Junta laboral celebró la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y pruebas, donde proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por ambas partes y ordenó el desahogo de inspección ocular para el once de abril de dos mil veintidós. Posteriormente, el trece de junio de dos mil veintidós, la Junta laboral en cita resolvió el incidente de incompetencia planteado por el Instituto demandado, el cual declaró procedente al sostener que la competencia se rige por el lugar donde se ubique la unidad de medicina familiar donde el trabajador está adscrito, y en el caso, ésta se ubica en la ciudad de Monclova, dato que obtuvo de la resolución para otorgamiento de pensión, por lo que declinó competencia a la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien aceptó conocer del asunto en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Si esto es así, queda de manifiesto que en el caso en estudio existió controversia sobre los hechos materia del juicio laboral de origen; por tanto, la incompetencia podía declinarse en cualquier etapa del proceso, antes del cierre de instrucción; lo que así aconteció. De ahí que fue legal que la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptara la competencia que le fue declinada. Por consiguiente, al resultar infundado el único motivo de disenso, sin que de oficio se advierta alguna razón para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Chávez Torres, contra los actos reclamados a las Juntas Especiales 42 y 25, ambas de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residentes en Torreón y Saltillo, respectivamente. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Téngase por recibido el telegrama remitido por..., mediante el cual pretende rendir el informe previo solicitado en autos, tan solo se ordena agregar, para los efectos legales que haya lugar, toda vez que ya se dictó el interlocutoria respectiva.
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