Jesus Cesar Bautista Cruz

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Jesus Cesar Bautista Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA I...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase la copia certificada que remitió el juez responsable como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número 2868/2021, de la Actuaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual informa que acusa recibo de los oficios de la sentencia dictada por este juzgado. Asimismo, informa que a partir del dieciséis del mes actual, fue designada como titular de ese órgano jurisdiccional la licenciada Olga Borja Cárdenas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo,... SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. (...) La parte quejosa reclama al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, y actuario adscrito: La ilegal notificación y emplazamiento, practicado dentro de los autos del expediente 266/2020, del índice de ese Juzgado, y todas la demás actuaciones en dicho juicio. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, y La Actuaria adscrita, al rendir su informe justificado, aceptaron parcialmente la existencia del acto reclamado argumentando que en el Juzgado a su cargo, se encuentra radicado el expediente 266/2020, y al efecto, el Juez remite las constancias relativas para corroborar su dicho. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º. CUARTO. Causa de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable a foja 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso al no actualizarse causa de improcedencia alguna, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de disenso que hace valer el quejoso no se transcriben, en atención a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de hacerlo; aunado a que no es la falta de reproducción de dichos conceptos de violación lo que podría ocasionar perjuicios a la parte quejosa, sino en todo caso, la ausencia de exhaustividad o congruencia en los planteamientos formulados. ... SECCIÓN AMPARO MESA I A PRINCIPAL 912/2021. El quejoso esencialmente sostiene que en el juicio de origen no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, al no haber sido llamado correctamente al proceso, por lo que no pudo ser oído y vencido en juicio. Argumenta que no fue emplazado legalmente al juicio de origen, por lo que se le dejó en estado de indefensión, ya que en la diligencia respectiva el actuario notificador omitió las formalidades requeridas privándolo de una adecuada defensa. Afirma que las inconsistencias que destaca, tornan ilegal el emplazamiento, en tanto revelan que se practicó de forma irregular, lo que transgrede su derecho fundamental de audiencia. Los argumentos de violación que formula el impetrante, resultan infundados; y no se advierten motivos para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. La aseveración que precede, encuentra sustento en las constancias allegadas a los autos por las autoridades responsables, las que fueron valoradas en el considerando tercero que precede. Tales constancias, ponen de manifiesto las siguientes actuaciones, las cuales constituyen antecedentes del emplazamiento que se reprocha: a). Ante la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 266/2020, promovido por Noe Eduardo Garay Guerra endosatario en procuración de la persona moral denominada SOCSER DE OAXACA S.C. DE A.P. DE R.L. DE 5 C.V., a través de su representante legal en contra JESÚS CESAR BAUTISTA CRUZ como deudor principal y JAVIER PABLO BAUTISTA en su calidad de Aval. b). El diez de septiembre de dos mil veinte, fue admitida a trámite la demanda y se ordenó requerir a los demandados para que hicieran pago inmediato de las prestaciones reclamadas, autorizando el embargo de bienes para el caso de no cubrir en la diligencia el monto reclamado. Asimismo, se ordenó emplazar a los demandados corriéndoles traslado con copias simples selladas y cotejadas de la demanda y documentos anexos, para que en términos de ocho días acudieran a hacer pago llano de lo adeudado o a oponerse a la ejecución. c). Agotado el trámite respectivo, el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. f). Actualmente el expediente se encuentra en la etapa de ejecución. Reseñadas las actuaciones que derivan del juicio mercantil del cual emana el acto que se reclama en esta instancia constitucional, es menester considerar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de audiencia, al establecer, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El texto transcrito en lo conducente, como se dijo, establece el derecho fundamental de audiencia previa, el cual implica que todo gobernado tiene derecho para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad de defenderse en juicio. El debido respeto a ese derecho, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que pueda culminar con un acto privativo, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Tales formalidades son las condiciones fundamentales que debe satisfacer el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Así, de no verificarse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado. ... La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan cumplir las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, denominada generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia de esa diligencia, ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. La diligencia de emplazamiento en un juicio es de vital importancia en el procedimiento de que se trate, ya que es precisamente por su conducto que el juzgador establece la relación jurídico procesal que vincula a las partes durante el juicio, y que otorga al demandando la oportunidad de comparecer a contestar la demanda en su contra. Se trata, entonces, de una de las formalidades esenciales del procedimiento, a través de la cual se busca garantizar una adecuada y oportuna defensa al gobernado, lo que se traduce en la oportunidad de ofrecer pruebas, de formular alegatos y de obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, lo que garantiza así al demandado el cumplimiento de los derechos fundamentales de audiencia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando con ello, el que se le pueda dejar en estado de indefensión. Luego, la falta de emplazamiento su ilegal práctica, constituye una transgresión de gran trascendencia por afectarse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, pues genera un menoscabo en el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, tutelado por la Constitución; de ahí que, deba darse mayor seguridad al proceso relativo, en el sentido de que es indispensable que exista certeza en cuanto a que el demandado tenga conocimiento de la existencia del juicio de que se trate; consecuentemente, es evidente, que el funcionario judicial se encuentra obligado en cumplir con las formalidades a efecto de constatar si existe certeza por cuanto si el interesado tuvo conocimiento o no de la existencia del procedimiento judicial instaurado en su contra. En resumen, el legal emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, por lo que la falta de verificación del mismo o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar, así como de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores a emprender su estudio de oficio y a suplir la queja deficiente en su favor. Es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse; por lo que, la inobservancia de las formalidades y requisitos a que se encuentra sujeto el emplazamiento, produce su nulidad. Ahora bien, en el caso en estudio, el emplazamiento que se reclama deriva de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que se rige conforme a lo establecido por los artículos 1068 Bis, 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, numerales que disponen: "Artículo 1068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento." "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Artículo reformado." "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. ... En el artículo 1068 Bis del Código de Comercio, se establecen como requisitos para el emplazamiento, que se puede entender con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Asimismo, se impone al notificador la obligación de identificarse ante la persona con la que entienda la diligencia y de requerir a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de encontrarse en el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisando su presentación, señalando aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de encontrarse en el domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. Por su parte, el artículo 1392 del Código de Comercio, dispone que presentada por la parte actora su demanda en la vía ejecutiva mercantil, a la que deberá acompañar título que traiga aparejada ejecución, el juzgador dictará un auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, quien de no hacerlo, se le embargarán bienes suficientes tendientes a garantizar las prestaciones reclamadas. El numeral 1393 del propio Código de Comercio, establece que en caso de no encontrar al deudor en la primera búsqueda en el inmueble que al efecto hubiere señalado la parte actora, el funcionario ejecutor, previamente haberse cerciorado de estar constituido en el domicilio del demandado, le dejará citatorio fijándole hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores a la hora y fecha en que se entrega el citatorio; no obstante, si el deudor no aguarda, la diligencia de embargo se practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o bien cualquier otra persona que viva en el domicilio. De los artículos 1394 y 1396 se desprende que el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia (parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier persona que viva en el domicilio señalado, conforme lo establecido en el artículo 1393 del Código de Comercio), constituye el inicio de la diligencia de embargo; de no hacer aquél el pago, se le requerirá para que señale bienes suficientes que garanticen las prestaciones que se le reclaman, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, ese derecho pasará al actor. Hecho lo anterior, se emplazará al demandado, a quien se le entregará cédula en la que se contenga la orden de embargo decretada en su contra, se le dejará copia de la diligencia practicada y se le correrá traslado con la copia de la demanda y de los documentos base de la acción. La finalidad de los requisitos señalados atiende a que por tratarse de la primera notificación en el procedimiento, es indispensable de que el notificador se cerciore de que la notificación se realizó efectivamente con el interesado, o con cualquiera de las personas que precisan en el artículo citado, en el domicilio de la parte demandada (previo cercioramiento de ser el domicilio correcto). Ahora bien, para estar en condiciones de establecer si se cumplieron o no las formalidades del emplazamiento, enseguida se reproducen las imágenes de la diligencia respectiva, practicada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 266/2020 de la estadística del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. (...) De las imágenes reproducidas se advierte que la Actuaria responsable asentó que a las catorce horas con cero minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se constituyó en el domicilio del demandado JESÚS CESAR BAUTISTA CRUZ, ubicado Primera Privada de Prolongación de Libertad, número dieciséis (16), colonia Centro, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, para practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento encomendada en el juicio ejecutivo mercantil 266/2020 antes señalado. Que al encontrarse en el sitio indicado, se cercioró de que era el domicilio buscado, por así advertirlo de la nomenclatura existente; además describió los signos exteriores del inmueble. Y fue atendida por una persona que dijo llamarse JESÚS CÉSAR BAUTISTA CRUZ y ser el propio demandado, que se negó a identificarse y de quien asentó su descripción física; cerciorándose que habita en el lugar, por el dicho del propio demandado, que así lo manifestó expresamente. La diligenciaria se identificó con el demandado como Actuaria adscrita al Juzgado Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, y mostró al efecto su gafete con fotografía expedido por el Consejo de la Judicatura Federal. Acto seguido, le notificó personalmente el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, haciéndole saber que fue dictado por el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, en el juicio ejecutivo mercantil 266/2020. La transcripción del proveído notificado, se advierte inserta en la cédula de notificación relativa. Luego, le requirió el pago de la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas, por tres veces consecutivas y sin obtener el pago, por lo que le requirió que señalara bienes para embargo, a lo que se negó, razón por la que cedió el derecho al actor, quien señalo el bien inmueble que se describe en la diligencia. Hecho lo anterior, emplazó al demandado, corriéndole traslado con copias simples de la demanda y documento base de la acción, tabla de amortizaciones selladas y cotejadas, y haciéndole saber que tiene ocho días para acudir al juzgado exhortante a hacer pago de las prestaciones o a oponerse a la ejecución. También asentó que la persona que la atendió, no firmó el acta relativa, por no querer hacerlo; y que le hizo entrega en ese acto de la copia del acta de la diligencia, de la cédula que contiene la orden de embargo y de las copias de traslado mencionadas. La cédula a que alude la actuaria responsable en el acta de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, contiene, como se estableció, inserto el auto notificado y el señalamiento del nombre de la persona a quien se notifica, domicilio, nombre del actor, número de expediente del juicio, el órgano jurisdiccional de que se trata, la naturaleza del juicio, que es ejecutivo mercantil, la razón de que se entendió de manera personal con el demandado, la fecha y hora de la diligencia y nombre y firma de la diligenciaria. La reseña que precede y el contenido mismo de las constancias relativas al emplazamiento, pone de manifiesto que la diligencia condigna se verificó con apego a las exigencias de los numerales del Código de Comercio que la regulan. Al efecto, es de destacar que el emplazamiento reclamado, se entendió directamente con el demandado, aquí quejoso, según lo asentado por la actuaria responsable. La circunstancia a que se alude, no se aprecia controvertida por el impetrante, en tanto que fue omiso en plantear argumento suficiente y ofrecer prueba apta que contraríen la manifestación de la diligenciaria y, en su caso, generen convicción de que el emplazamiento no se entendió con él, o alguna otra hecho que reste veracidad al contenido del acta relativa. El extremo acotado, esto es, que la diligenciaria entendiera el emplazamiento directamente con el demandado, es suficiente para estimar cumplido el cercioramiento que exige el Código de Comercio. Esto obedece a que al practicarse personalmente con éste la diligencia, como dio fe la notificadora, se cumplió aquel requisito, porque la presencia del directamente buscado resulta ser el mejor medio de cercioramiento de que el lugar en que se constituyó resultaba ser el domicilio idóneo y correcto para llamarle a juicio; más aún si, como en el caso, la actuaria asentó que el propio demandado le manifestó que el lugar es el domicilio en que habita y ello no se encuentra controvertido por el quejoso. (...) Los restantes requisitos, también se aprecian satisfechos, en tanto que la actuaria se identificó, pidió al demandado identificarse, ante su negativa asentó sus características físicas, señaló el auto que notificó, indicó que el notificado se negó a firmar, entregó copia de la demanda y documento base de la acción sellados y cotejados, así como copia del acta de la diligencia, a la cual agregó copia de la cédula de notificación, en la que se insertaron los autos notificados y se anotaron los datos del juicio y de las partes, fecha y hora en que se entregó, nombre y domicilio del notificado, nombre y firma de la actuaria. En ese entendido, no ha lugar a considerar fundados los argumentos de violación del quejoso, conforme a los cuales sostiene que la diligencia de emplazamiento no cumple con los requisitos del artículo 1394 del Código de Comercio, por lo que se violó en su perjuicio el debido proceso, que lo dejaron en estado de indefensión, pues no pudo ofrecer pruebas y hacer alegatos en dicho juicio; que el juez no valoró debidamente la diligencia realizada por la Actuaria. Lo infundado de tales argumentos, resulta de la circunstancia de que los extremos que el quejoso plantea como requisitos inobservados por la actuaria, son inexistentes pues dichas exigencias que imponen los artículos 1068 Bis y 1394 del Código de Comercio, fueron colmadas por la Actuaria como ya quedó precisado y la valoración de la diligencia por parte del Juez, no forma parte de los requisitos que se requieren para el emplazamiento, sino que sólo prevén que la cédula de notificación relativa contenga transcripción de la determinación que se manda notificar, en el caso del juicio ejecutivo, la orden de embargo decretada; por lo que tampoco constituye transgresión a su garantía de audiencia, habida cuenta que la diligencia de emplazamiento se entendió directamente y de forma personal con el demandado, lo cual pone en evidencia que desde ese momento quedó enterado del juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra y estuvo en aptitud de acudir al mismo en defensa de sus intereses. Lo anterior, tomando en consideración que al tratarse de una actuación desahogada por un funcionario investido de fe pública, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. Por lo que, el principio de certidumbre queda actualizado desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente a la parte demandada la existencia del juicio seguido en su contra, del juzgado en que se encuentra radicado el juicio, la persona que la demanda y las pretensiones que le reclaman. (...) Por tanto, como en sus conceptos de violación en esencia el quejoso refiere que se viola en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica, debido proceso, y defensa adecuada, pero fue omiso en demostrar que la diligencia no se entendió con él, como aparece en el acta relativa al emplazamiento, debe estimarse, son infundados. Lo anterior no obstante que una de las características del juicio de amparo indirecto, es que en esta instancia constitucional es posible que los justiciables ofrezcan pruebas para acreditar los extremos pretendidos. Pruebas que pueden evidenciar, en su caso, la inconstitucionalidad del acto reclamado. No obstante, el quejoso fue omiso en rendir probanza alguna que tuviera por objeto demostrar que no se entendió personalmente con él la diligencia de emplazamiento. Es decir, no desvirtúa en forma alguna lo asentado por el actuario, en el sentido de que la diligencia de llamamiento a juicio se entendió en forma personal con el propio demandado. Por ende, el llamamiento a juicio que le fue practicado, al no demostrarse su ilegalidad, debe subsistir por haber sido entendido en forma personal con el demandado, según se ha expuesto en párrafos precedentes. Así, este juzgador estima que la diligencia de emplazamiento se ajusta a los lineamientos que requiere dicho acto procesal; sin que en este punto pase inadvertido que, contra lo manifestado por el justiciable sean aplicables las reglas de los numerales 71 y 73 del Código de Procedimientos civiles para el Estado de Oaxaca, ante la completitud de los numerales del Código rector de la materia que contemplan el modo de realización del emplazamiento que, por supuesto, se reitera fue observado legalmente. De ahí que al haberse entendido en forma personal con el propio demandado la diligencia de emplazamiento y al haber recibido los documentos del traslado, y al no haber medio de prueba en contrario, entonces se estima apegada a derecho la diligencia reclamada. En virtud de lo anteriormente expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación y al no existir deficiencia de la queja que suplir, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto de los diversos actos reclamados, posteriores al emplazamiento, al no reclamarse en forma autónoma, por vicios propios, sino con motivo del emplazamiento a la parte demandada, aquí quejoso, que se adujo de ilegal; esto es, no fueron combatidos en forma destacada en los conceptos de violación formulados por el impetrante. SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La justicia de la Unión NO ampara ni Protege a ..., contra los actos reclamados al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, y Actuario adscrito, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTRORIZADA EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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