Jesús Cervantes Velázquez

Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
501/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Jesús Cervantes Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que NEGO el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conservación, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, un tomo de pruebas consistente en los autos del toca penal XI-13/2020, de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad por parte del Actuario de la adscripción para notificar al quejoso Jesús Cervantes Velázquez, y las terceras interesadas Blanca Anahí Montañez Caballero y Nadia Marily García Rico, la sentencia dictada el trece de los actuales. ESTADO DE AUTOS. De la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término para que la parte quejosa y las terceras interesadas Blanca Anahí Montañez Caballero y Nadia Marily García Rico, señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En tal virtud, hágase efectivo el apercibimiento contenido en los mencionados autos de diecisiete de noviembre y once de diciembre pasado, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído y la sentencia dictada el trece de los actuales, así como las subsecuentes de carácter personal por lista de acuerdos de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado el diez de julio de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Jesús Cervantes Velázquez por conducto de su defensor particular José Refugio Rodríguez Núñez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad responsable siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán. ACTO RECLAMADO: ".La ejecutoria pronunciada el seis de julio del año 2020 dos mil veinte, dictada dentro del toca penal XI-13/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía contra el auto de sobreseimiento dictado el 6 de febrero del año en curso, dentro de la causa penal APA/083/2017, seguida a Jesús Cervantes Velázquez y otros, por el delito de secuestro agravado y robo calificado grave, en agravio de Pablo Padilla López y Fiscalía General del Estado" Además, el quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14,16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 3567/2020, enviado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en Morelia, Michoacán, al que acompañó el expediente relativo al amparo directo 96/2020, formado con motivo de la demanda promovida por Jesús Cervantes Velázquez, por conducto de su defensor particular José Refugio Rodríguez Núñez; escrito inicial que fue presentado ante la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en ese auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto; se admitió a trámite la demanda de amparo; sin que haya sido necesario solicitar el informe justificado al Magistrado responsable, al haberlo remitido el Tribunal Colegiado junto con los autos del referido amparo directo; asimismo se tuvieron por recibidas las constancias relativas al emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual luego de haberse diferido se celebró el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 17, 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución de seis de julio de dos mil veinte, dictada dentro del toca XI-13/2020, mediante la cual, el Magistrado responsable revocó el auto de sobreseimiento emitido en favor del quejoso; se aducen violaciones directas a los artículos 1, 14,16 y 20 Constitucionales; se alega que su ejecución causa un perjuicio de imposible reparación; además, la ejecución del acto reclamado tendrá verificativo en el territorio de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito (Apatzingán, Michoacán). SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, tomando en consideración que la resolución reclamada le fue notificada al quejoso de manera personal el ocho de julio de dos mil veinte, en términos del artículo 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la que surtió efectos el día siguiente (nueve de julio); de ahí que, es a partir del diez de ese mes y año, que empezaría a correr el término legal de quince días para la promoción del juicio de amparo, contra la resolución que ahora combate. Por lo tanto, si la demanda se presentó el diez de julio del año en curso, ante la autoridad responsable, es evidente que su presentación fue oportuna, pues se planteó dentro de los quince días hábiles que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención del quejoso al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De acuerdo con lo anterior, en el caso debe tenerse como acto reclamado: La resolución de seis de julio de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en la que determinó revocar el auto de sobreseimiento que dictó el Juez de Control de la Región de Apatzingán, Michoacán, dentro de la causa penal APA/083/2017, que se le instruye al quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado y robo calificado grave, en agravio de Pablo Padilla López y Fiscalía General del Estado. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. A su informe de ley la autoridad responsable anexó, el original del toca de apelación XI-13/2020; copias del audio y video relativos a la resolución impugnada; así como el índice cronológico de la audiencia de dos de julio de dos mil veinte; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, en tanto que se trata de documentos públicos, por lo que así deberá tenerse para todos los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, parte SCJN, del apéndice al Semanario Judicial de la Federal, Quinta Época del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, con registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Estudio de fondo No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución en reclamo; sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevarla a cabo; además de que dicha omisión no deja al quejoso en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia 2ª/J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". De inicio, es pertinente precisar que en el caso, opera la suplencia de la deficiencia de la queja en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que tiene el carácter de inculpado dentro de la causa penal de origen. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VII.4o.P.T. J/1 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que aparece en la foja 1253, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. PROCEDE EN CUALQUIERA DE SUS INSTANCIAS, CUANDO EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA DEL DELITO CONCURREN EN EL JUICIO CON EL CARÁCTER DE QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO." Ahora, para mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, es menester realizar una síntesis de los antecedentes jurídicos que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se desprende lo siguiente: Ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región de Apatzingán, Michoacán, se instruye en contra del aquí quejoso Jesús Cervantes Velázquez, la causa penal APA/083/2017 por los hechos con apariencia de delitos de secuestro y robo calificado grave en agravio de Pablo Padilla López y Fiscalía General del Estado, respectivamente. En audiencia de seis de febrero de dos mil veinte, en la referida causa penal, el juez del proceso determinó su sobreseimiento al considerar que el Ministerio Público no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. En contra de la determinación anterior, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del que correspondió su conocimiento al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, donde se registró bajo el número XI-13/2020. El dos de julio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios expresados por el Ministerio Público, a solicitud del recurrente, y el seis de ese mes y año, el Magistrado responsable resolvió el citado medio de impugnación, en el sentido de revocar la determinación adoptada por el Juez de Control; esto es, el sobreseimiento dictado en favor del quejoso, para efectos de reponer el procedimiento a partir de la audiencia incidental en la que dicho juzgador había resuelto sobreseer en la causa penal de origen, para lo cual, en lo que interesa, el Magistrado determinó textualmente lo siguiente: "(.) Lo no expuesto por las partes no debe ser asimilado en perjuicio de alguna de ellas, aun con la idea que podrían generarse desventajas o desequilibrios, pues en tránsito la postulación del planteamiento se desconocen sus contextos y alcances, como en lo que concierne a las posturas a cargo de las demás partes, y la participación judicial está vedada bajo cualquier circunstancia para incorporarse a su desarrollo (del planteamiento y/o contravención). Lo no manifestado, externado, informado, su omisión o abstención, no es tangible para el proceso; no ingresó al mundo jurídico y no debe ser forzosamente ingresado; así, no es el campo del Juez solucionar las supuestas desigualdades de las partes (en tránsito la exposición de los planteamientos), pues además de constituir una desnaturalización de su función, la atribución de las partes (la exposición de los planteamientos) no es de derecho, ni de ley, limitar si no hay razones de orden y/o de disciplina que lo exijan. Conforme a la jurisdicción, como derecho comprendido en el invocado numeral 17, párrafo segundo, constitucional, su expresión habrá de quedar de manifiesto con la garantía de su efectiva aplicación, precisamente resolviendo todas las cuestiones y planteamientos que se efectúen en la audiencia, sin apartarse de la esencia de su exposición, ni incorporando resolutivos tocante a tópicos no planteados. Sin que como lo expone el Ministerio Público en sus disensos, se ocupara el juez de las razones que apuntalarían la fundamentación y motivación propia para dictar el sobreseimiento impugnado. En razón a que, como lo indicó, fue la defensa la que hizo su solicitud de sobreseimiento conforme al artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, afirmando que de los registros que obran en la carpeta de investigación, así como de los actos de investigación que realizó la propia defensa, se acredita de manera fehaciente la inocencia del acusado respecto del hecho que se imputa por parte de la representación social, ofertando los datos de prueba en audiencia a cargo de los testigos: Clemente Saucedo Alcauter. Pablo Padilla Infante. Ma. Emilia López Álvarez. Adrían Sandoval Chávez. Hipótesis que no acogió el resolutor, concretándose a señalar: ".Y entonces decía que el supuesto el cual precisa la defensa se surte para los efectos de decretar un sobreseimiento, que hace consistir en la fracción III del artículo 327, esto es, que apareciera claramente establecida la inocencia del imputado, no advierto que sea de esa manera, sino por otro lado que sí se justifica en el supuesto contenido en ese mismo precepto legal en la fracción V, esto es, que agotada la investigación del Ministerio Público, se considera que no haya elementos suficientes para fundar una acusación es en ese sentido es que encuentro satisfecho este supuesto de sobreseimiento y con lo que he señalado a más de que se ha dicho con oportunidad desde que se dictó el auto de vinculación a proceso al día de hoy que no hay una sentencia definitiva es factible entonces establecer como lo dispone el artículo 327 en su fracción V, que se surte esa causa de sobreseimiento total de la misma." (Minuto 26:03 al 27:26). Señalizaciones que no descubren las indispensables razones para explicar y justificar tal determinación, como en lo que hace a la cita legal expuesta, tocante a lo cual era menester discerniera en forma integral su exposición, sin dejar de tomar en cuenta las intervenciones de las partes en la audiencia, como en lo que hace a la información generada en la misma. Habida cuenta que el derecho de seguridad jurídica del artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo patentiza claramente. Fundamentación. Comprende la expresión de los preceptos de los ordenamientos jurídico normativos que soportan el acto de autoridad, y que deben ser consonantes para explicar y justificar las razones esgrimidas en torno a su aplicación e interpretación. Motivación. Implica la expresión de argumentos que construyen las razones que dan mérito al acto de autoridad, conforme a todas las circunstancias invocadas para su pronunciamiento (se invoca la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/311ª./J, con registro 227627, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN"). Las razones de la autoridad judicial, se erigen en el argumento de autoridad supra que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, párrafo primero, en cuanto derecho humano de seguridad jurídica; de tal forma se garantiza la certeza y claridad de la resolución judicial, a fin de que su conocimiento sea accesible a las personas involucradas directamente de su pronunciamiento. La obligación de fundar y motivar las determinaciones de las autoridades, que impliquen actos de molestia, obedece a que la falta de cita de los preceptos legales aplicados produce o genera un estado de incertidumbre en las personas que puede afectarles de tal modo, que les impida producir su defensa o asesoría en forma oportuna, adecuada y eficaz, al desconocer con precisión cuál fue la ley aplicada y los preceptos concretos que sirvieron de sustento a la autoridad para emitir sus actos, así como las razones particulares y causas inmediatas que llevaron a la autoridad a resolver en el sentido en que lo hizo; lo cual limita a las personas para promover los medios de defensa procedentes, e impugnarlos de manera oportuna y eficaz, así como expresar los razonamientos para demostrar la inaplicabilidad o falta de actualización de la hipótesis que se presenta respecto de la norma que debió ser aplicada. Lo procedente significa que, para que los particulares puedan defenderse y aportar pruebas contra el acto de autoridad, debe dárseles a conocer expresamente los motivos de hecho y sus fundamentos legales. Surgiendo en ese contexto la exigencia de que en ellos se citen expresamente los fundamentos legales y razones lógico jurídicas de la autoridad, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional. (.) Habiendo efectuado la señalización de antecedentes, enseguida en la audiencia, sobrevino una diversa (señalización) por el juez, respecto de la cual tampoco se advierten razones que la explicaran y justificaran, inherente a que, sin formar parte del planteamiento de quien solicitó la audiencia, incorporó al escenario un supuesto legal de sobreseimiento distinto, previsto por el numeral 327, fracción V, del consultado texto nacional adjetivo penal, ni en lo que concierne a la determinación de tenerla por acreditada (razones que lo explicaran y justificaran). Dicho precepto establece: "Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. .V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación.". Como se anticipó, en la resolución impugnada no se distinguen los motivos que soportarían su pronunciamiento, la integración de sus componentes, cómo y porqué se identificarían, destacando el marco jurídico indispensable que lo respaldara, todo confrontado con los alcances y contexto de las intervenciones de las partes y de la información generada en la audiencia. Acotada la observación del inconforme en el escaparate del artículo 327, fracción V, invocado, acerca de no haberse erigido en el supuesto de sobreseimiento planteado por quien solicitó la audiencia de marras (la defensa del imputado), sino la diversa de la fracción III de tal precepto, que, como asimismo se hizo mérito en supra líneas, comprende otra hipótesis. No es óbice, como lo externa el inconforme, la cita de preceptos legales en la resolución impugnada (86 y 87 del Código Penal del Estado, 324 y 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales), pues sobre el particular no se advierten razones que consoliden su aplicación, al igual que su necesaria congruencia común y ordinaria con el caso puesto a su conocimiento, conforme a las intervenciones de las partes e información generada en la audiencia, y el diverso que acogió sin haber sido materia del planteamiento respecto del cual en específico la defensa y el imputado, con sus intervenciones y manifestaciones, solicitaron lo hiciera. Como se obtiene de las inconformidades del apelante, no es suficiente la jurisdicción para emitir resoluciones, pues constituye un derecho humano, cuyo ejercicio ha de ser visualizado en cuanto garantía de su aplicación por parte del órgano del Estado facultado para hacerlo, y que sea en forma efectiva, de modo que su intervención (judicial) optimice, en el marco del estado democrático de derecho, el acceso a la justicia, conforme a los planteamientos que sean sometidos a su imperio, y a sus conocimientos, experiencia, sensibilidad humana, a la luz de la ley, la constitución y los instrumentos internacionales pactados por el Estado mexicano, de manera completa (abordando todos los planteamientos de las partes), imparcial (sin intereses externos al asunto, ni en torno a éste y/o a las partes), ocupándose objetivamente de resolver acorde a los planteamientos, y acorde a la igualdad que es inherente a las personas. El artículo 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, comprende un imperativo categórico que únicamente atañe al Ministerio Público, y respecto del cual el órgano jurisdiccional debe ajustarse, pues se estima que no enmarca algún problema de interpretación derivado de su composición gramatical, y, por ende, satisface axiomas de taxatividad y claridad exigidos por el constituyente en el artículo 14, párrafo tercero, de la carta magna. Aquél precepto (327, fracción V, del ordenamiento adjetivo nacional en cita) dispone expresamente que su procedencia habrá de ser examinada cuando ".Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con lo elementos suficientes para fundar una acusación." Esto es, hace alusión inequívoca la norma de mérito a un planteamiento a cargo del Ministerio Público, cual (sic) se colige de la voz estime, que en rigor hermenéutico implica una apreciación o juicio que habría de ser objeto de examen por quien corriese a su cargo tal expresión. Independientemente de lo establecido por el artículo 330, párrafo primero, del mismo ordenamiento legal: ".Artículo 330. Facultades del juez respecto del sobreseimiento. El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarla o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código." Habida cuenta que los alcances gramaticales abordados del invocado numeral 327, fracción V, del texto instrumental del ramo nacional, enfatiza con claridad que su promoción deberá ser a cargo del Ministerio Público, al margen de lo previsto por el numeral 330, párrafo primero ut supra, pues no se advierte que entrañe antinomia alguna en aquél, con todo y la expresión ".o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código.", considerando que el texto permisivo se encuentra sujeto a los alcances inherentes del supuesto de que se tratase. Y en el artículo 327, fracción V, del ordenamiento en consulta se distingue el indicado imperativo que no visualiza la integración de la regla general del numeral 330, párrafo primero, de mérito, sino la especificación de que el precitado supuesto de sobreseimiento habrá de ser objeto de pronunciamiento precediendo inexcusable planteamiento del Ministerio Público. Conforme al agravio presentado como segundo por la fiscalía, el estudio de tal supuesto fue acogido por el juez sin petición expresa de las partes, y que se obtiene de tal forma merced a la contrastación de tal denuesto con el registro del audio y video de la determinación impugnada. Acorde con el numeral 330, párrafo primero, en cita, sería factible el estudio del supuesto de sobreseimiento en cuestión, sin haber sido externado por el peticionario previo a la audiencia, pero necesariamente precediendo planteamiento del Ministerio Público, o que, sin hacerlo, lo hiciera estimulado por alguna de las partes, pero no aparece del registro del audio y video de la audiencia de donde emana la resolución impugnada que así hubiere sido, ni que con pertinencia a la intervención del juez, de acoger sin previa solicitud y contradicción de las partes el pronunciamiento del consabido supuesto de sobreseimiento del numeral 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fiscal de algún modo hubiere manifestado conformidad. A más de que el precepto en consulta (327, fracción V) es claro sobre la prevención a cargo del Ministerio Público de plantearlo, el supuesto de sobreseimiento que dio margen a la resolución apelada, conforme a antecedentes y soportes a su cargo; lo que no aparece hubiere sucedido en la especie, como se inconforma el Ministerio Público. De ahí que se estima que no es aplicable la regla general del artículo 330, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para haber incorporado al análisis judicial un supuesto de sobreseimiento no planteado por quien solicitó la audiencia, y que quien en todo caso estaba legitimado para hacerlo no lo hizo, ni en la audiencia aparece que lo hubiera externado. Por lo expuesto, se estima que la resolución impugnada no cumple cabalmente con los imperativos previstos en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 324, y 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues si bien expuso: ".sí se justifica en el supuesto contenido en ese mismo precepto legal en la fracción V, esto es, que agotada la investigación del Ministerio Público, se considera que no haya elementos suficientes para fundar una acusación es en ese sentido es que encuentro satisfecho este supuesto de sobreseimiento y con lo que he señalado a más de que se ha hecho con oportunidad desde que se dictó el auto de vinculación a proceso al día de hoy que no hay una sentencia definitiva es factible entonces establecer como lo dispone el artículo 327 en su fracción V, que se surte esa causa de sobreseimiento total de la misma." Sin embargo, no se detectan en específico las razones del porqué resultaba operante ese supuesto con pertinencia al supra dicho sobreseimiento contemplado en la mencionada fracción V del artículo 327, que en forma literal establece que agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación que es distinto a la que en el caso concreto solicitó la defensa. Ni de qué pruebas y/o datos de prueba en audiencia legal se aportaron/o derivaron, para inferir sobre bases objetivas los antecedentes que habrían de soportar las impresiones determinadas en torno al tema del sobreseimiento de la causa, objeto de agravio por parte del Ministerio Público. A más de que del registro del audio y video de la audiencia de donde emana la resolución impugnada, no aparece que el Ministerio Público hubiere externado manifiesto alguno relacionado con el supuesto de mérito, de que no contaba ".con los elementos suficientes para fundar una acusación." Y el que el juez se pronunciara sobre su análisis y resolviera su procedencia, ello ocurrió sin que previamente efectuase el Ministerio Público alguna manifestación equivalente a solicitud o aceptación en torno suyo; lo que, incluso, compromete simultáneamente la esencia natural de la audiencia, acerca de la eventual contradicción entre las partes respecto de dicho supuesto de sobreseimiento, a virtud del consecuente planteamiento por las partes o alguna de ellas. El artículo 330, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que podrá el juez de control ".decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado."; sin embargo, del registro del audio y video de donde emana la resolución apelada, no se aprecia que en el planteamiento de quien solicitó la audiencia hubiere promovido de alguna forma el supuesto del numeral 327, fracción V, del citado texto nacional, o que las manifestaciones en torno al que se presentó dentro de su solicitud (el establecido por la fracción III del precepto 327 se infiriesen antecedentes, datos o circunstancias, que de cualquier modo condujesen a la adjudicación de inferencias fáctico espacio temporales que alentasen a la percepción de su promoción, de que, ".agotada la investigación, el Ministerio Público." haya estimado ".que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación.". Como en lo que concierne a las demás partes presentes en la audiencia (además de la defensa, asesor jurídico, fiscalía, e imputado), respecto de las que asimismo no se advierte información que lo justificase. Esto es, no se desprende que la precitada hipótesis de sobreseimiento del artículo 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que: Hubiere sido promovida por quien solicitó la realización de la audiencia de donde emana la resolución impugnada, tampoco por las demás partes. Hubiere sido esgrimida en forma implícita por quien solicitó la realización de la audiencia de donde emana la resolución impugnada, tampoco por las demás partes, conforme a las manifestaciones a su cargo durante el desarrollo. Hubiere sido objeto de contradicción por las partes en la audiencia, cuyo principio, con los diversos de publicidad, continuidad, concentración, inmediación, igualdad, imparcialidad, contribuyen a su composición fundamental, de la audiencia, y por virtud suyo, merced a la inmediación (de todo lo acontecido a cargo de las partes), para quien la preside emergen antecedentes, informaciones, cuestiones, planteamientos, que habrán de soportar el escenario del pronunciamiento relacionado con la solicitud a cargo de quien promovió la celebración de la audiencia, como de quienes estuvieron presentes en la misma. Y como en el caso no aparece que se hubieren presentado antecedentes, informaciones, cuestiones, planteamientos, inherentes al consabido supuesto del numeral 327, fracción V, del ordenamiento adjetivo nacional penal, por las partes presentes en la audiencia, no debió el juez llevar a cabo su pronunciamiento sin que previamente hubiere sobrevenido intervención del Ministerio Público, en el que, se insiste, directa o indirectamente hubiere externado lo asentado en el invocado arábigo 327, fracción V, de que, agotada la investigación, (estimó) que no ".cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación." (.) Se estima la existencia de violaciones que afectan derechos humanos de la víctima, de debido proceso, de seguridad jurídica, de jurisdicción y de acceso efectivo a la justicia, previstos por los artículos 14, párrafo primero, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que de conformidad con los arábigos 1º, párrafo tercero, del mismo ordenamiento político fundamental, 459 y 461, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, propician que deben repararse. (.) Por lo tanto, la consecuencia lógica resultante de la contrastación verificada en esta instancia del agravio presentado por el Ministerio Público como segundo, con la determinación del juez en la audiencia donde tuvo verificativo (sobreseimiento), revela que, en efecto carece de fundamentación y motivación, contrario a lo que señala el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, trascendiendo en no haber permitido al recurrente conocer las razones de hecho y de derecho que empalmarían con el supuesto de la fracción V del artículo 327 del mismo ordenamiento nacional, y no en la fracción III de dicho precepto por virtud de habérselo solicitado una de las partes. En consecuencia, estimándose fundado el agravio que la fiscalía presenta como segundo, se revoca el auto de sobreseimiento impugnado, para ahora: Ordenar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de donde emana su dictado, tomando en cuenta los antecedentes del recurso: Que quien lo presentó es el Ministerio Público. Que las inconformidades advertidas en el agravio presentado como segundo, y considerado como fundado, son orientadas exclusivamente al pronunciamiento de sobreseimiento previsto por el artículo 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin hacer mérito a otras cuestiones sobrevenidas en audiencia, relacionadas con las presentaciones de las partes, los planteamientos a su cargo, el ofrecimiento, admisión de medios de prueba y su producción, y los cierres de las partes previo a resolver el juez su pronunciamiento impugnado. Por lo que la indicada renovación procesal deberá acontecer enseguida del cierre a cargo de las partes en la consabida audiencia, quedando incólume lo realizado previamente, debiendo el juez resolver luego de escuchar a éstas lo que estimen pertinente. Sea presidida dicha audiencia por un juez competente. La que deberá tener verificativo sin demora, programándose su realización una vez recibida esta resolución, garantizándose previamente la viabilidad de ello mediante las convocatorias de ley a las partes, con su presencia indefectible (de las partes), y teniendo en cuenta las directrices de forma y términos previstos por la ley para asegurar su celebración, tomando como base preliminar la exigencia mínima de concurrencia (de las partes) a la audiencia determinada por los numerales 52, 56, 57, 62, y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Luego de las intervenciones que las partes estimen pertinentes llevar a cabo en la audiencia, con arreglo a los principios que le son propios (publicidad, concentración, continuidad, contradicción, inmediación, igualdad, imparcialidad), en la forma y términos que se anticiparon en los puntos 1, 1.1, 1.2 y 1.3, el juez, con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho proceda, deberá resolver el planteamiento de sobreseimiento a cargo de la defensa, previsto por el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta asimismo las intervenciones de las partes que con motivo de aquél sobrevengan, con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho proceda; absteniéndose de incorporar diversos planteamientos a su jurisdicción para resolverlos, sin que previamente explique y justifique las razones que lo fundarían y motivarían, incluyendo lo inherente al supuesto de sobreseimiento impugnado por la fiscalía, previsto y sancionado por el numeral 327, fracción V, del texto ut supra. (.) Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 19, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 467, fracción VI, 474, 475, 478 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve conforme a los resolutivos siguientes: Primero. Se estima surtida la competencia para conocer y resolver el presente recurso de apelación, en los términos de la consideración primera. Segundo. Se estima infundado el agravio presentado por la fiscalía como primero, y fundado el agravio que presenta como segundo. Tercero. Consecuentemente, se revoca el auto de sobreseimiento impugnado emitido en audiencia de data 6 de febrero de 2020, por un juez de control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la región judicial de Apatzingán, Michoacán, dentro de la causa penal de los datos siguientes: (.)" Determinación que, en lo que interesa, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Una vez anotado lo anterior, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por el quejoso Jesús Cervantes Velázquez, por conducto de su defensor particular y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras sub garantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Los conceptos de violación formulados por el quejoso Jesús Cervantes Velázquez, esencialmente son los siguientes: Violación al artículo 14 Constitucional, toda vez que la resolución materia del acto reclamado ".violenta el debido proceso cuando en el dictado de una sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada modifica la sentencia definitiva del Tribunal de enjuiciamiento, declarando penalmente responsable al acusado y ordena continuar las etapas subsecuentes a la emisión del fallo a efecto de individualizar la pena aplicable, sin respetar los principios básicos y generales del sistema acusatorio, garantías del acusado, reglas de tramitación del recurso de apelación, las reglas de valoración de las pruebas, ni demostración de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). Violación al principio de exacta aplicación a la ley, que también implica violación al derecho humano del debido proceso. ".Derecho que se vulnera en cuanto que la sentencia definitiva reclamada no se ajusta a la exacta aplicación de las leyes aplicables e invocadas en la resolución, pues para entrar al estudio de la valoración de las pruebas en que se basa la demostración de los elementos del delito se infringieron las reglas de apelación y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, valorándolas en forma contraria a lo que establece la ley, al alterar los hechos que derivan de las mismas." Violación al derecho humano de legalidad, consignado en el artículo 16 Constitucional, en su primer párrafo, donde se establece que ". Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Se viola en perjuicio del quejoso su derecho a la libertad consignado en el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas." Refiere el quejoso que existe violación a esos derechos, porque una consecuencia de la modificación de la sentencia apelada, es la privación de su libertad física, por un delito no cometido, sin que se hayan satisfecho las condiciones que fija la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que regulan el procedimiento penal en su parte sustantiva y adjetiva. Lo anterior, porque, dice el quejoso, es indudable que el derecho a la exacta aplicación de la ley, la legalidad y la seguridad jurídica, están reconocidos en nuestra Constitución como derechos humanos y la autoridad en el ejercicio de sus funciones sólo puede hacer aquello que la propia ley le faculta o autoriza y cuando su actuar no se ajusta a esos lineamientos y modifica una sentencia definitiva, se violentan principios, garantías y restricciones contenidas en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las reglas de apelación que la ley determina, por lo que es indudable, dice el agraviado, que con la revocación del sobreseimiento se violentan en su perjuicio esos derechos humanos, afectando su libertad personal. El Magistrado responsable en su resolución violentó los derechos invocados y con ello el debido proceso, porque ".aun cuando en efecto, el juez de control se pronunció sobre una hipótesis de sobreseimiento que no fue planteada por la defensa del imputado y esa determinación carece de fundamentación y motivación, lo cierto es que este aspecto no fue materia de los argumentos del segundo de los agravios." Dice el agraviado que el Magistrado hace estudio oficioso de la falta de fundamentación de la resolución que dictó el Juez de Control, e insiste en el debido proceso como una forma de tutelar el derecho humano a la jurisdicción de la víctima; sólo que la víctima no interpuso apelación en contra del auto de sobreseimiento, solo el Ministerio Público y en esa virtud sus agravios debieron ser estudiados bajo el principio de estricto derecho. El Tribunal de apelación, dice el quejoso, por regla general no debe suplir la deficiencia de los agravios formulados por el Ministerio Público. Argumenta también que el Magistrado pasó por alto que si bien la fiscalía se duele de que el Juez de Control resolvió el sobreseimiento conforme a la fracción V del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no conforme a la fracción III, de ese ordenamiento legal, sin embargo, ".el Ministerio Público en sus agravios para nada cuestionó los argumentos bajo los cuales fruto de una interpretación extensiva del artículo 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales el Juez de Control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa, lo decretó por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto por ese código; pues se insiste, los motivos que adujó el juez para resolver conforme a la fracción V y no la III del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni fueron cuestionados, pasando por alto que el Ministerio Público en sus agravios, cuyo estudio es de estricto derecho, debió percatarse que el Ministerio Público no citó la parte de la resolución que lo agravia y menos cuestionó los argumentos mediante los cuales el juez se apartado (sic) del planteamiento de la defensa." Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, resultan inoperantes por una parte e infundados por la otra, aun supliendo su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que la parte solicitante de amparo tiene el carácter de inculpado dentro de la causa penal de origen, como a continuación se verá. En efecto, los agravios expresados por el quejoso identificados con los incisos a) y b) reseñados en líneas anteriores, resultan inoperantes, en razón de que en el primero de ellos (a), aduce violación al artículo 14 Constitucional, bajo el supuesto de que se violenta el debido proceso cuando el Magistrado declara penalmente responsable al acusado y ordena continuar con las etapas subsecuentes a la emisión del fallo, a efecto de individualizar la pena aplicable, sin respetar entre otras cuestiones, las reglas de valoración de las pruebas, ni demostración del cuerpo del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad); y, en el segundo de ellos (b), también refiere que se violentó el debido proceso en razón de que la sentencia reclamada no se ajusta a la exacta aplicación de las leyes aplicables, porque al entrar al estudio de la valoración de las pruebas en que se basa la demostración de los elementos del delito, se infringieron las reglas de la apelación y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, valorándose en forma contraria a lo que establece la ley, al alterar los hechos que derivan de las mismas. Sin embargo, en la resolución que se combate mediante el presente juicio, en ningún momento el Magistrado declaró penalmente responsable al aquí quejoso, ni ordenó continuar con las etapas subsecuentes a la emisión del fallo, a efecto de individualizar la pena aplicable, tampoco se abordó en esa resolución, el estudió de la valoración de las pruebas y que las mismas se hayan valorado en forma contraria, como aduce el quejoso, dado que, esas cuestiones no formaron parte de la materia a dilucidar por la autoridad responsable; lo que conduce a estimar que, dichos agravios se sustentan en premisas falsas que a ningún fin práctico conduciría su estudio y análisis, de ahí que resulten inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1º.C.T. J/5 (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Página 1605, con número de registro 2008226, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." Sin que sea suficiente que el peticionario del amparo haya externado en el agravio identificado en el inciso a) que en la resolución de que se habla existe violación al artículo 14 Constitucional, pues como se dijo, los motivos en que sustenta esa afirmación, parten de premisas no verídicas, esto es, no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, mucho menos que no sean ciertas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios que refiere el quejoso y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis 2ª. XXXII/2016 (10ª) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Página 1205, con número de registro 2011952, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante." Por otra parte, respecto del concepto de violación identificado con el inciso c), relacionado con el diverso d), analizados en su conjunto en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene que el quejoso aduce que en la resolución reclamada se infringió en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, y con ello su derecho humano de legalidad y en vía de consecuencia el de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley, afectando su libertad personal, lo que de suyo implica que la determinación del Magistrado en cuestión, resulta carente de fundamentación y motivación; motivos de disenso que resultan infundados, por lo siguiente: Contrariamente a lo que aduce el quejoso, debe precisarse que no se advierte que con la emisión de la resolución en reclamo, se hayan violentado sus derechos fundamentales que refiere, en específico el de legalidad contenido en el artículo 16 Constitucional; lo anterior, al advertirse que la misma se fundó y motivó, se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; y, además se cumplió con el principio de exhaustividad, que toda resolución judicial debe contener. En efecto, la garantía de legalidad, obliga a las autoridades a fundar sus actos precisamente en las disposiciones legales sin que puedan dar nacimiento a alguna actuación apartándose de los cánones jurídicos, a pesar de que se considere que se actúa en justicia. Por tanto, el soporte de tal garantía es el principio general del Derecho que sostiene que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite hacer. En el caso, es infundado lo aseverado por el quejoso, en el sentido de que se vulnera en su perjuicio la garantía de legalidad y por consecuencia su seguridad jurídica, en razón de que una vez analizado el fallo en reclamo, se obtiene que se emitió correctamente, al cumplirse con los requisitos a que se contrae el precepto 16 acabado de invocar, habida cuenta que el Magistrado responsable cubrió las exigencias de legalidad ahí señaladas, al aplicar además, la Ley que rige el acto reclamado; esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales y analizó los artículos vinculados con la litis a resolver. Efectivamente, del análisis integral del acto reclamado, se obtiene que se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la responsable precisó que el Juez de la causa indebidamente sustentó el sobreseimiento de la misma con base en el artículo 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no debió haber hecho, puesto que esa causa de sobreseimiento corresponde hacerla valer únicamente al Ministerio Público, a quien se faculta para cuando agotada la investigación, dicha representación social estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación, lo que así se entiende de ese precepto legal, sin lugar a dudas, pues textualmente indica: "Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: (.) V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; (.)" Precepto legal que es claro al indicar que corresponde al fiscal la estimación de si cuenta o no con los elementos suficientes para fundar una acusación, como claramente explicó esa circunstancia el mencionado Magistrado; además de que, como bien lo expuso dicha autoridad, en ningún momento alguna de las partes planteó al juez de la causa el sobreseimiento con base en esa fracción, mucho menos el Ministerio Público, puesto que el quejoso, solicitó que se sobreseyera la causa, con base en la fracción III, del numeral invocado, eso es, que "Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;" y, como no fue así, el referido juzgador con base en el artículo 330, párrafo primero del invocado Código Nacional, determinó sobreseer en la causa por una hipótesis distinta, esto es, la contemplada en la fracción V, cuya literalidad es clara, sin que de lugar a una interpretación diferente, aun cuando el artículo 330 en mención faculte al juez a sobreseer por causas distintas a las solicitadas, sin embargo, como lo explicó el Magistrado en cita, en el caso, esa causa de sobreseimiento queda reservada exclusivamente para el Ministerio Público. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación, consultable en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 166, registro 917738, que puntualiza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Aunado a lo anterior, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha externado que al resolver una cuestión jurídica en todos los casos, aun en las normas de texto oscuro, el juzgador en primer lugar deberá utilizar el método literal, acorde al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que los fallos deberán dictarse conforme a la letra de la ley o la interpretación jurídica de la misma, como se infiere de la tesis 1ª. LXXII/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Página 234, registro 181320, del rubro y texto siguientes: "INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente." En ese contexto, es evidente que el Magistrado interpretó la norma aplicable de forma correcta, fundó y motivó la decisión impugnada, lo que no aconteció con la determinación del juez de la causa, de ahí que sobrevenga la revocación de ésta última, en términos de la resolución reclamada. Por tanto, en el aspecto que alega el quejoso, no se observa vulneración alguna a sus derechos fundamentales, de los que debiera ser restituido. Tampoco le asiste razón al quejoso al aducir que se vulnera el derecho fundamental de libertad personal, en razón de que ese derecho está supeditado al trámite y resolución de la causa penal de origen, de conformidad con lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que sean infundadas tales manifestaciones del solicitante del amparo. De igual manera resulta infundado el concepto de violación que esgrime el quejoso, identificado con el inciso e), reseñado en líneas anteriores, al aducir que el Magistrado hace estudio oficioso de la falta de fundamentación de la resolución que dictó el Juez de Control, y que al ser así se beneficia a la víctima, quien no interpuso apelación, ello, porque dicho Fiscal en sus agravios no cuestionó los argumentos del Juez de la causa, respecto de una interpretación extensiva del artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa, lo que implica que se debió haber realizado el estudio de los agravios presentados por el Fiscal, bajo el principio de estricto derecho. Como se dijo, no asiste la razón al quejoso, porque el Magistrado responsable al analizar la causa que consideró el Juez del proceso para sobreseer en los términos en que lo hizo (la contemplada en el artículo 327, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales), era menester que se pronunciara respecto de todas aquellas cuestiones relacionadas con ese sobreseimiento, como bien lo hizo, para de esa manera fundar y motivar adecuadamente su resolución de alzada, de ahí que, el razonamiento que expresa esa autoridad revisora vinculado con el artículo 330 del ordenamiento jurídico en mención, sólo constituye parte de la explicación para concluir que el Juzgador de origen no debió sobreseer como él determinó, aún cuando ese numeral en su párrafo primero, lo faculta para sobreseer en la causa por cuestiones distintas a las solicitadas por los interesados, empero, en el caso concreto la fracción V, del artículo 327, del Código Nacional invocado, es clara al indicar que es el Ministerio Público quien debe estimar que agotada la investigación no hay elementos suficientes para fundar una acusación, cuestión que no observó el Juez de Control en su determinación de sobreseimiento. Cabe precisar q ue si bien, los agravios expresados por el Ministerio Público deben analizarse bajo el principio de estricto derecho, ello no significa que el tribunal de alzada al abordar su estudio se encuentre impedido para hacer consideraciones directamente relacionadas con los argumentos por él expresados, sin que ello implique suplencia de la queja, de lo contrario se podría incurrir en un exagerado tecnicismo en perjuicio de una verdadera y elevada misión de impartir justicia, en contravención también de la motivación y exhaustividad que debe tener toda resolución. Resulta aplicable por analogía jurídica, la tesis V.2º.30 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997, Página 705, Registro 197807, del tenor literal siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN DEL, QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si bien es cierto que en el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales se contiene el principio general consistente en que, en tratándose de la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público, ésta debe analizarse bajo el principio de estricto derecho, ello no significa que el tribunal de alzada, al abordar el estudio de los agravios expresados por el fiscal, se encuentre impedido para hacer consideraciones directamente relacionadas con los argumentos por él expresados, sin que ello implique suplencia de la queja, pues no puede negársele al juzgador esta potestad que la Ley Suprema le confiere por naturaleza, ya que se puede caer en el riesgo de incurrir en un exagerado tecnicismo en perjuicio de su verdadera y elevada misión de impartir justicia." De igual manera resulta aplicable en lo conducente, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 56, Segunda Parte, Página 21, Registro 236105, que textualmente indica: "AGRAVIOS EN LA APELACION DEL MINISTERIO PUBLICO ESTUDIO DE LOS, QUE NO IMPLICA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si al apelar el Ministerio Público, determinó en sus agravios el campo de acción en que el tribunal podía mover su arbitrio, la circunstancia de que al hacerse el estudio de tales agravios se amplíe más el juzgador en el estudio de las pruebas, no implica ni puede implicar que se está supliendo la deficiencia de los agravios, puesto que los juzgadores pueden hacer dentro de sus facultades legales todo tipo de consideraciones para motivar sus actos y no pueden estar absolutamente constreñidos al marco limitado del agravio que se expresa, sino que pueden darle toda la extensión que estimen pertinente, dentro de los lineamientos ya señalados por el apelante, aun en el caso en que lo es el Ministerio Público, pues es bastante que éste señale la violación aunque no se extienda en su exposición para que los sentenciadores puedan tomarla en cuenta." Consecuentemente, al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso Jesús Cervantes Velázquez. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Publicidad de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 223 y 224, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Jesús Cervantes Velázquez, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el resultando primero y en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a las partes por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN DE EXHORTO DILIGENCIADO. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 249/2020 (número de orden 1827/2020), librado con la finalidad de notificar y prevenir a José Refugio Rodríguez Núñez, defensor particular del quejoso Jesús Cervantes Velázquez, en los términos señalados en el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el diecisiete de noviembre pasado. En razón de lo anterior, téngase al referido defensor particular, por debidamente notificado y prevenido del acuerdo en mención, tal como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad exhortante, en específico la constancia de notificación por lista fijada en sus estrados, el siete de los actuales. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito; sin que haya lugar a acusar de recibo dicho oficio, toda vez que el sistema lo genera automáticamente. NOTIFÍQUESE.

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