Jesus Cervantes Hernandez

Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 50 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
909/2019
Año
2019
Actuaciones
50
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Jesus Cervantes Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    Se declara que dicho acuerdo ha causado estado, previas anotaciones en el libro de gobierno archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    eintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa con la vista otorgada mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós (notificada personalmente el veintinueve siguiente) para que manifestara lo que a su interés legal conviene respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia 85/98, de la Segunda Sala)"; que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Encontrándose facultada la suscrita Secretaria Encargada del Despacho para hacer el pronunciamiento correspondiente al tenor de lo dispuesto en la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023104, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Undécima Época, que a la letra dispone: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En principio, conviene mencionar que existe exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución. Hay defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo descrito el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, primera parte de julio-diciembre de 1988, página 241 (Registro IUS: 207508), del rubro y texto siguientes: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada". En ese orden de ideas, para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el que se señalan determinados efectos, en la nueva resolución que se pronuncie por la autoridad responsable deben distinguirse dos aspectos, uno en el que queda vinculada con lo estrictamente ordenado en dicha ejecutoria y, otro, en que queda en plena libertad al habérsele devuelto jurisdicción para obrar o decidir. El primer aspecto puede ser materia de análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando se decida si se tiene o no cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin excesos ni defectos. En cambio, el segundo aspecto, aquél en que la responsable queda en libertad de actuar o decidir por habérsele devuelto jurisdicción, sólo puede ser materia de análisis en un nuevo juicio constitucional. De tal suerte, se anticipa la conclusión de que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que con tal proceder hayan incurrido en exceso o defecto alguno. Esto se afirma porque las constancias remitidas por aquélla en acatamiento al fallo protector, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del último párrafo del arábigo 2 de ésta, ponen de relieve que dio cumplimiento a la sentencia concesoria por las razones que a continuación se puntualizan. Primeramente, se precisa que el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la cual se sobreseyó el juicio de garantías promovido por la parte quejosa contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos expuestos en la misma. Posteriormente, previo recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa contra la sentencia de amparo, por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio 3579/2020, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el cual comunicó la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 12/2020 de su índice, la cual revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia Federal al recurrente, para los efectos siguientes: "Por tanto, lo que se impone es conceder el amparo liso y llano al quejoso, por lo que el Registro Público de la Propiedad señalado como responsable, en cumplimiento a esta ejecutoria, debe cancelar el embargo trabado sobre el inmueble del quejoso; por su parte, el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, debe prescindir de ordenar nuevamente la inscripción del embargo que trabó en autos y, -a fin de reparar el derecho fundamental defendido por el quejoso deberá abstenerse de ejecutar la sentencia del juicio natural sobre el bien inmueble en cuestión." En esas condiciones, el cumplimiento de la ejecutoria requería que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: 1. El Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, debe prescindir de ordenar nuevamente la inscripción del embargo que trabó en autos del juicio natural sobre el bien inmueble materia de la litis y abstenerse de ejecutar la sentencia dictada sobre el bien inmueble en cuestión. 2. El Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, con sede en esta ciudad, debe cancelar el embargo trabado sobre el inmueble propiedad del quejoso. Sobre esa vertiente, por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se acordó el oficio 2826/2021 (folio 34045) proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, por el cual allegó copia certificada del auto de veintiocho de octubre del año próximo pasado, dictado en el expediente 733/2016 de su estadística, destacando de este lo siguiente: . En consecuencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 214 del citado ordenamiento, sin perjuicio de que se haga valer el medio de impugnación correspondiente, se declara cumplida la ejecutoria respectiva; razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, cúmplase.

  3. Principal

    de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa *****, el proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el aviso relativo a notificarse del acuerdo aludido. Doy fe.

  4. Principal

    Tampico, Tamaulipas, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto, agréguese el oficio J.T./2030/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, remitido por el Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, mediante el cual atiende el diverso 12349/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y, al efecto, remite el certificado informativo de esa misma fecha, respecto de la **********, Tamaulipas, con las anotaciones que se precisan en éste. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el término de tres días con el oficio de cuenta para que manifieste lo que a su derecho legal convenga, con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por la citada autoridad..Dado que en los términos anotados resulta necesaria la práctica de diligencia personal a la parte quejosa con apoyo en lo dispuesto en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se instruye al Actuario Judicial deberá atender las medidas preventivas emitidas, así como, en el Decreto de la Secretaría de Salud para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, reiteradas en el diverso Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, vigente al día de hoy). De igual manera, deberá cuidar que su actuación se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial que por razón de terminación le corresponda la encomienda, para que publique el presente acuerdo, mediante lista electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y allegue la constancia relativa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a las demás partes, cúmplase...

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