Jesús Cepeda Alvarado

Expediente 653/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
653/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Cepeda Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, y de otra autoridad. Formación de expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 653/2023. Desechamiento de demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgador de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, debe desecharse de plano la demanda de amparo de que se trata, toda vez que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar contestación a la petición por escrito presentado ante la responsable el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Para demostrar la existencia del acto reclamado, la parte quejosa aduce que el treinta y uno de octubre del año en curso, presentó un escrito ante el Subsecretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, sin que al momento de la presentación de la demanda de amparo haya tenido respuesta, y que exhibe como anexo a esta última. En relación con lo anterior, se estima oportuno tener en consideración el contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De conformidad con el referido precepto constitucional, toda persona tiene a su alcance el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa a los funcionarios y empleados públicos, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de darlo a conocer en breve término al peticionario. Bajo ese tenor, la persona que se ostenta titular de ese derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad de dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. Al respecto, conviene precisar que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, para valorar la existencia de ese derecho subjetivo. En tales condiciones, es preciso que el quejoso demuestre que se encuentra afectado en su derecho de petición, pues de no hacerlo, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a su escrito y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que en este momento le genere un perjuicio, que pueda ser objeto de análisis en un juicio de amparo, conllevando a que la acción constitucional intentada resulte improcedente. Ahora bien, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 Constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir la respuesta correspondiente. En tal sentido, de los datos contenidos en la demanda de amparo, así como en la documental adjunta a ésta, se observa, como se dijo, que mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el quejoso ******************** solicitó a la Subsecretaria del Bienestar, con sede en la Ciudad de México, su incorporación al programa "Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores", para el ejercicio fiscal 2023; petición de la que se considera no ha transcurrido un breve término, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a la misma. Lo anterior es así, dado que las solicitudes formuladas implican que la autoridad responsable analice las disposiciones normativas relacionadas con la petición y, posterior a ello, emita el pronunciamiento correspondiente, además, gire instrucciones al área respectiva para que incorpore al aquí quejoso al citado programa; circunstancias que pueden tardar varias semanas por los diversos trámites internos que ello implica. Por lo que se puede inferir que en el caso no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para dar contestación a la petición formulada por la justiciable, dado que a la data en que se promovió la demanda de derechos fundamentales, aún no se puede considerar una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, sino parte del tiempo necesario para emitir la respuesta correspondiente. De ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petición del impetrante. Cierto, la quejosa formuló su petición ante la autoridad que señaló como responsable el treinta y uno de octubre del presente año, según se advierte del contenido de su demanda y del anexo que adjuntó a la misma, de tal modo que si el presente juicio se promovió el veinticuatro de noviembre siguiente, según el sello de recepción de la Oficialía de Partes de este juzgado, sólo han transcurrido catorce días hábiles entre la petición y la presentación de la demanda, de ahí que es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente con que cuenta la autoridad a quien dirigió su petición para emitir la respuesta correspondiente y llevar a cabo la notificación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México, que establece:********************"DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado." De ahí que, si la demanda fue presentada el veinticuatro de noviembre actual, se infiere que a la fecha de su presentación no transcurrió un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable diera contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento el acuerdo recaído. Sin que obste a lo anterior, que el quejoso manifieste que desde el siete de junio de dos mil veintitrés presentó la solicitud para que se le incorpore al beneficio de las pensiones, toda vez que no adjuntó a su demanda de amparo dicho libelo, incluso parte de la premisa de que desde el treinta y uno de octubre del año en curso, ha sido el silencio de la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.68 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice:********************"PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes, con el fin de reproducir las constancias que integran el expediente en que se actúa, favoreciendo con ello, el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez. Es aplicable al tema de trato, la tesis I.1o.A.23 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1830, abril de 2015, libro 17, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro expresa:********************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizados a ********************, en virtud de que se encuentran registrados en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; asimismo, se autoriza para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que señala en el escrito de demanda. Acceso al expediente electrónico. Asimismo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico con las cuentas FIREL que tiene dadas de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con los nombres de usuario ********************además, se le autoriza presentar promociones y la recepción de notificaciones electrónicas de aquellos autos que se ordenen personalmente, y visualizar acuerdos en el presente asunto. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, deberán ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. Se instruye al Oficial Judicial "A" realice la autorización correspondiente en dicho sistema, de los usuarios citados en párrafos que anteceden, únicamente por lo que respecta al juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, no se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito que se recibe, pues se privilegia el juicio en línea. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando como datos de contacto, los correos electrónicos y teléfono que refiere en su escrito de demanda. Expediente electrónico. Finalmente, se ordena a la Secretaria, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, y 22, cuarto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente.

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