Jesús Celis Morales y Otros.
Expediente 1629/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Celis Morales y Otros.
- Jesús Celis Morales
Actuaciones
- Principal
MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio signado por el Director General de la Policía Vial Estatal, por el que, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la constancia que acredita la entrega del vehículo de motor a la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como con las comunicaciones agregadas en autos de treinta de junio, doce de julio, once y treinta y uno de agosto, siete y diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 82 a 84, 92, 109 a 112, 120, 126 a 130, 143 y 144), dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR LISTA: "MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por...; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1629/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Visitador General del Poder Judicial del Estado, la parte quejosa reclama la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en el instructivo de responsabilidad 562/2015, por el que ordena la reposición del procedimiento a partir del auto de dos de diciembre de dos mil quince. Asimismo, el quejoso en sus antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: Que no estuvo conforme con la sentencia de primera instancia emitida por la Juez Tercero de lo Penal (Licenciada Betzzaida Cruz Mendoza), en la que se le impuso la pena de 34 años de prisión, en el proceso 99/2012, por lo que interpuso recurso de apelación; que al resolver la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca 379/2013, modificaron tal sentencia imponiéndole una pena de nueve años de prisión. Que contra tal determinación interpuso el amparo directo 222/2014, el cual fue resuelto por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quienes ordenaron la reposición del procedimiento. Que presentó una queja por comparecencia el dieciséis de octubre de dos mil quince, ante la Visitadora III, quien inició el instructivo de responsabilidad 477/2015 contra la licenciada Betzzaida Cruz Mendoza, por faltas a la función Pública, la cual fue resuelta por el Visitador General, en la que establece que no se encuentra probada la falta a la función pública y determina no imponer sanción alguna; resolución que es motivo del juicio de amparo 1014/2016 del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Que asimismo, fue remitida una copia de su comparecencia al Visitador I, quien inicia el instructivo de responsabilidad I-R-V-I 562/2015 por faltas administrativas contra Betzzaida Cruz Mendoza, el que fue resuelto por el Visitador General el dos de junio de dos mil dieciséis. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el precepto 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el peticionario carece de interés tanto jurídico como legítimo para reclamar la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en el instructivo de responsabilidad 562/2015, promovido contra Betzzaida Cruz Mendoza, por el que ordena la reposición del procedimiento a partir del auto de dos de diciembre de dos mil quince, tales numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". En relación con el tema del interés jurídico en el juicio de amparo, existe la jurisprudencia 1ª./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, XXVII, Enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho solo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así como la diversa 321, visible en la página 216 del Tomo VI Parte SCJN, Apéndice de 1995, Segunda Sala, Octava Época, de rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente, y no inferirse con base en presunciones. Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que, en el caso en estudio, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Por otra parte, en relación con el interés legítimo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 366/2012, explicó que se realizó un cambio cualitativo en lo relativo al concepto de interés en el juicio de amparo derivado de la reforma de seis de junio de dos mil once, de la que fue objeto, entre otros, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal. Dicho precepto, en la parte que interesa, dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.). En el asunto citado, la Primera Sala respecto al tema, determinó que la reforma constitucional implicaba la apertura del juicio de amparo, pues para su viabilidad quedaron proscritas exigencias como la acreditación de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, entre otros aspectos; sin embargo, en esa resolución se puntualizó que ello no implicaba, por sí mismo, la posibilidad de que cualquier persona emplee indiscriminadamente el medio de control constitucional, ya que para acceder a él, si bien ya no se requiere absolutamente acreditar contar con un interés jurídico, es necesario demostrar algo más que un interés simple, esto es, un interés legítimo. Sobre esa lógica, la Sala del alto tribunal se ocupó de esclarecer en qué consiste cada tipo de "interés", para lo que al efecto indicó que el interés legítimo puede definirse como aquel personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, mientras que el interés simple es el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en algún tipo de beneficio personal para el interesado. Es decir, la Sala de que se trata estableció que uno de los matices que permiten diferenciar cuándo se está en presencia de un interés legítimo cualificado, por virtud del cual se pueda acudir a la instancia constitucional, es la posibilidad de que se desprenda un beneficio concreto para el quejoso de resultar favorable su pretensión. Dichas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 822, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa carece de interés tanto jurídico como legítimo para impugnar la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en el instructivo de responsabilidad 562/2015, promovido contra Betzzaida Cruz Mendoza, por el que ordena la reposición del procedimiento a partir del auto de dos de diciembre de dos mil quince, pues tal resolución no le representa un beneficio o perjuicio directo, con independencia de los actos u omisiones que se presenten, ya que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un solo individuo, por lo que el hecho de que el quejoso haya denunciado a servidores públicos judiciales respecto de su actuación en un expediente del orden penal no implica que esté legitimado para interponer juicio de amparo contra los actos dictados en el mismo. Por lo que se considera oportuno transcribir la contradicción de tesis 139/2005-SS, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. Del análisis de su ejecutoria, se advierte, en lo de interés, lo siguiente: (.) De conformidad con estos preceptos, cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. (.) Cabe destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Sobre el particular, esta Segunda Sala ha sostenido el siguiente criterio: (.) "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. (.) En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. (.) De la transcripción previa se advierte que la Segunda Sala del alto tribunal ha definido que el propósito del régimen de responsabilidades de servidores es lograr y preservar una prestación óptima de la función pública, lo cual implica que la investigación relativa no se lleva con el propósito indefectible de sancionar a los servidores públicos, sino para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes al cargo que desempeñen, esto es, tiende a proteger y hacer efectivas las disposiciones constitucionales, pues su finalidad es sancionar a los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones hayan realizado actos o incurrido en omisiones que causen perjuicios al interés público y a la función pública del Estado. En ese sentido, concluyó que el régimen de responsabilidades administrativas no tiene como finalidad salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino solo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo cual atiende a un aspecto de interés general. La conclusión que antecede denota que, al margen de si el orden normativo aplicable faculta o no a los promoventes de quejas administrativas para exigir que se sancione a los funcionarios contra los que se formulan -condición que definiría la existencia de un interés jurídico-, el procedimiento de responsabilidades de servidores públicos no está diseñado para satisfacer las pretensiones de éstos ni de algún individuo en lo particular; de ahí que, necesariamente, la resolución que derive de ellos no puede implicar un perjuicio o beneficio "personal" para los denunciantes. Ello, llevado al caso de la queja presentada se explica en la medida en que no solo quien presente esa solicitud tiene interés en que se investigue sobre las causas graves que dan origen a la queja contra la Juez Tercero de lo Penal (Betzzaida Cruz Mendoza), sino que se trata de un aspecto que atañe a la colectividad indefinida; máxime que la solicitud de que se trata está a disposición de pluralidad de partes, por lo que para todas ellas es de llamar la atención que quienes, como órgano ejerzan la función pública, lo hagan en forma adecuada. Es así que aun en el caso de las actuaciones u omisiones en las que se incurran en el instructivo de responsabilidad adolecieran de algún vicio, no recaerían sobre la esfera jurídica del quejoso o de un gobernado en particular; razón suficiente para estimar que aunque prosperara el juicio, el posible efecto de la protección no generaría algún beneficio directo a la esfera jurídica del agraviado, es decir, no se repararían las causas graves que, se dice, dieron lugar a la queja que presentó, ni la sanción que, en su caso, se impusiera impactaría en el conjunto de sus derechos. Luego, si uno de los aspectos que definen la existencia de un interés legítimo es que, de prosperar el juicio, la eventual sentencia de concesión determine un beneficio particular para quien inste el medio de control, pero ese extremo no se actualiza respecto de quien en modo particular formuló una queja contra una funcionaria pública, como hizo el demandante, entonces resulta claro que en el caso no se surte la condición de procedencia examinada. No es obstáculo que el recurrente se encuentre legitimado para presentar queja contra la citada funcionada, pues esa prerrogativa no implica, por sí, la posibilidad de obtener un beneficio para quien denuncie la irregularidad, es decir, no se trata de una facultad tendente a la reparación de una lesión objetiva causada en la esfera jurídica del solicitante; sino de la posibilidad que la legislación otorga a diversos sujetos (no solo a las partes de un procedimiento), para coadyuvar con el propósito de verificar el correcto desempeño de la función pública que la autoridad disciplinaria tiene encomendado. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página: 259, Novena Época, de rubro y texto siguiente: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues solo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público. En ese sentido, la parte quejosa carece de interés legítimo para promover la demanda de amparo contra la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, emitida en el instructivo de responsabilidad 562/2015, promovido contra la Juez Tercero de lo Penal (Betzzaida Cruz Mendoza), por el que ordena la reposición del procedimiento a partir del auto de dos de diciembre de dos mil quince, pues la sanción que en su caso llegare a imponerse a la citada Juez en sí, no produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, no obstante que haya sido él quien instara el procedimiento que originó el instructivo de responsabilidad. Tampoco tienen interés jurídico, pues el trámite y resultado de la queja contra la servidora pública, en nada perjudica la esfera jurídica del particular presuntivamente afectado por la causa que dio origen a esa solicitud, pues en caso de resultar procedente, daría lugar a la sanción establecida legalmente. En efecto, el promovente solo tiene derecho de realizar la queja contra la servidora pública, pero las actuaciones u omisiones en que incurra la autoridad instructora, no lo legitiman para ejercer la acción constitucional (amparo), debido a que el gobernado no es acreedor de un derecho legítimamente tutelado y susceptible de oponer al órgano que conoció de su solicitud, ya que es potestad exclusiva de éste su trámite y resolución, sin que se afecte el interés del accionante de amparo. Así, la resolución reclamada no representa un beneficio o perjuicio directo o indirecto para el quejoso, en virtud de que la actuación de la Juez Tercero de lo Penal, contra la que promovió queja, atañe al interés general y no al de un solo individuo. De ahí, que el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar las faltas en que incurra un funcionario público, como lo es la Juez Tercero de lo Penal, no implica que tenga interés jurídico para promover el juicio de amparo contra los actos y omisiones dentro del procedimiento respectivo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata. Así también, con independencia de lo anterior, se estima que cobra actualidad la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, ya que el acto reclamado se trata de un acto intraprocesal, cuyos efectos no son de imposible reparación, y el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de imposible reparación, entendiéndose por aquellos los que afecten materialmente derechos sustantivos protegidos por la constitución y los Tratados Internacionales, lo que en el caso no sucede, ya que la consecuencia de la reposición del procedimiento ordenada es la continuación del trámite del expediente administrativo formado ante la propia autoridad; de ahí que también procede desechar la demanda de amparo por ese motivo. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada únicamente para ese efecto, a la persona que menciona, esto es, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no conferírselas. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado."
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