Jesús Ceja Reyes

Expediente 218/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
218/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Jesús Ceja Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    VII...Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el informe que rinde el Subdirector de Área, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, éste en representación de las autoridades responsables denominadas Comisionado, Coordinador General de los Centros Federales, Director General de Ejecución de Sanciones, Director Operativo de Centros Federales y Subdirector de Ejecución de Sanciones a Extranjeros, Indígenas y Ceferesos, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados concedida en este juicio de amparo a los agraviados Jesús Ceja Reyes, Enrique Arturo González Rivero, Noel Romero Estrada, Javier Almanza Cantú, David Daniel Martínez Hernández, Jesús Hilario Hernández Romero, José Alberto Rodríguez López, Luis Enrique Susano Salas, Martín Alejandro García Espinoza, Felipe Santoyo García, Jesús Jiménez Cerda, Antonio González Abad, Erick Reyes Briones, Román Ricardo Palomo Rincones, Agustín Pavón Tapia, Ramses Alejandro González Lugo, José Miguel Zárate Alvarez y Osvaldo Ovalle Núñez; por tanto, previa copia certificada que se deje en autos, se ordena remitir dicho informe al juez del conocimiento del asunto, es decir, al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose atentamente el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises Gonzalez Gonzalez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    II... Matamoros, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que mediante resolución terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Mario Alberto Madrigal Anzaldúa, respecto del acto que reclamó al juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad, para el efecto de que dejara insubsistente jurídicamente las resoluciones emitidas el dieciséis y veintidós de marzo del año en curso, dentro del expediente 1835/2016 de su índice, y ordenara lo que en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en el numeral 932 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Resolución que fue recurrida por el tercero interesado Xavier Espinosa de los Monteros Anzaldúa (fojas 193 a 197); misma que fue confirmada el pasado ocho de febrero del año en curso, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas (fojas 305 a 326); en tales condiciones, en proveído de veintidós del mismo mes y año, este juzgado requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 328). Mediante oficio J2F/473/2019, recepcionado en este órgano jurisdiccional el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta localidad, informó sobre el cumplimiento al fallo protector, remitiendo copia certificada de la determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sigifredo Anzaldúa Hernández, denunciado por Mario Alberto Madrigal Anzaldúa, Xavier Espinoza de los Monteros Anzaldúa y María Elena Anzaldúa Hernández, en la que ordenó dejar insubsistentes los proveídos de dieciséis y veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en los que a través del primero procedió a tener por desestimado el recurso de apelación interpuesto por Julio Rodolfo Moreno Treviño, persona autorizada en términos del numeral 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Tamaulipas, en contra de la sentencia declaratoria de herederos de veinte de febrero de dos mil dieciocho; mientras que en el segundo se desestimó el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, y pronunció otra cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de abordar su estudio, siguiendo los lineamientos de la sentencia protectora (fojas 336 a 343). Comunicado el anterior que se ordenó poner a la vista de las partes a fin de que manifestaran lo de su intención; sin que así lo hubieren hecho. Por tanto, este órgano jurisdiccional procede a analizar de oficio si se cumplió con el fallo de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Bajo ese contexto, en la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Mario Alberto Madrigal Anzaldúa, para el efecto de que el juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta ciudad, dejara insubsistente jurídicamente las resoluciones emitidas el dieciséis y veintidós de marzo del año en curso, dentro da en el expediente 1835/2016 de su índice, y ordenara lo que en derecho corresponda de conformidad con lo dispuesto en el numeral 932 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. En tales condiciones, este órgano de control constitucional procede a analizar si el fallo protector dictado en este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplido o no; en razón de ello, se advierte de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, que el juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta localidad, en determinación de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitida dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sigifredo Anzaldúa Hernández, denunciado por Mario Alberto Madrigal Anzaldúa, Xavier Espinoza de los Monteros Anzaldúa y María Elena Anzaldúa Hernández, ordenó dejar insubsistentes los proveídos de dieciséis y veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en los que a través del primero procedió a tener por desestimado el recurso de apelación interpuesto por Julio Rodolfo Moreno Treviño, persona autorizada en términos del numeral 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles vigente para el estado de Tamaulipas, en contra de la sentencia declaratoria de herederos de veinte de febrero de dos mil dieciocho; mientras que en el segundo se desestimó el recurso de revocación hecho valer en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, y pronunció otra cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de abordar su estudio, siguiendo los lineamientos de la sentencia protectora. En efecto, la autoridad responsable en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, tuvo al aquí quejoso interponiendo el recurso de apelación que prevé la fracción I del artículo 930 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, en contra de la resolución de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario, emitida el veinte de febrero de dos mil dieciocho; asimismo, la admitió en ambos efectos; por ende se advierte que el juez de origen dio cumplimiento a lo previsto en los numerales 930 y 932 del código adjetivo. Así, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, este juzgador estima que se ha dado cumplimiento a la resolución de mérito, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, este Juzgado de Distrito con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en que el juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado en esta localidad, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sigifredo Anzaldúa Hernández, denunciado por Mario Alberto Madrigal Anzaldúa, Xavier Espinoza de los Monteros Anzaldúa y María Elena Anzaldúa Hernández, ordenó dejar insubsistentes los proveídos de dieciséis y veintidós de marzo de dos mil dieciocho, y pronunció otra cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de abordar su estudio, siguiendo los lineamientos de la sentencia protectora. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que en proveídos de veintiséis de febrero y seis de marzo del año actual, se tuvo a la autoridad responsable informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en autos, con lo cual se le dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que se hayan pronunciado al respecto; y tomando en consideración que el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio de garantías es de orden público, este órgano de control constitucional se avoca a analizar si se encuentra cumplimentada en sus términos la sentencia protectora. Así, en sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concluyó conceder el amparo a la parte quejosa (véanse fojas 134 a 141): ".procede conceder la protección de la Justicia de la Federal a Esiquio Reséndez Cantú, para que el Juez de Control dentro de la Tercera Región Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en San Fernando, Tamaulipas, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la orden de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta preliminar CE/005/2018 de su índice. 2. Con libertad de jurisdicción, emita nueva resolución donde se pronuncie en cuanto a si procede restituir provisionalmente al querellante el inmueble objeto del delito, para lo cual, deberá realizar lo siguiente: a) Exponer fundada y motivadamente los razonamientos que consideró para llegar a decretar o no la restitución provisional del inmueble de mérito al querellante, el derecho que le asiste, y las pruebas en que sustenta esa acreditación. b) En el caso de otorgar la medida provisional solicitada por el querellante, precise si la restitución obedece al 50% (cincuenta por ciento) correspondiente a su parte alícuota del inmueble, o bien a la totalidad de éste, y de ser así, exponga de manera fundada y motivada los razonamientos que se basó para ello." En proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se remitió el original del presente asunto al tribunal de alzada para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (véanse fojas 177 y 178). El seis de febrero de dos mil diecinueve se recibió en este Juzgado de Distrito el original del expediente en que se actúa, así como copia autorizada de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro de los autos del amparo en revisión 289/2018, en el cual se confirmó la sentencia recurrida (véanse fojas 81 y 101); por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito (véase foja 104). Al respecto, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial en el Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas (véanse fojas 108 a 109 y 118 a 126), por oficio 091/2019 comunicó haber dado cumplimiento al fallo protector y remitió las constancias en que apoyó su dicho, mismas que consisten en copia certificada de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y el disco compacto que contiene la audiencia correspondiente. En el caso, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia se encuentra cumplida sin exceso ni defecto. Ciertamente, el Juez de Control siguiendo los lineamientos del fallo protector, realizó lo siguiente: Dejó sin efectos la orden de restitución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro de la carpeta administrativa CD/005/2018 Con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que se declaró improcedente que se restituyera a Darío Pérez Uresti el bien inmueble conocido como Rancho la India; lo que comunicó al Agente del Ministerio Público para su debido cumplimiento. Expuso fundada y motivada los razonamientos que consideró para declarar improcedente la restitución provisional del inmueble. Se estima que en dicha resolución se cumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues en esencia, el Juez responsable determinó que si bien los datos de prueba expuestos por el asesor jurídico del ofendido Darío Pérez Uresti, eran suficientes e idóneos para acreditar que este es copropietario del inmueble, en la especie no se trataba de un contrato de compraventa, sino de una dación en pago celebrada entre Rodolfo Pérez Uresti en su calidad de copropietario del inmueble ya referido en la que cedió el 50% del bien proindiviso en favor de Esiquio Reséndez Cantú en su calidad de acreedor, derivada del contrato de cesión onerosa de derechos litigiosos y de crédito celebrado entre esté último y Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, por lo que la medida cautelar debería resultar improcedente. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito declara que ha quedado cumplida la sentencia protectora sin excesos ni defectos, dentro del presente juicio de garantías, en su acto principal, desde el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve en que el juez responsable realizó lo que le fue ordenado en el fallo amparador, lo que fue notificado a este Juzgado de Distrito el cinco de marzo de dos mil diecinueve. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes, que cuentan con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los numerales 201 y 202 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo provee y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    VII...Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente demanda...

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