Jesús Cázares Llamas
Expediente 807/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jesús Cázares Llamas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el tres de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el tres de diciembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional y que dicha determinación causa ejecutoria con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio enviado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo; mediante el cual da cumplimiento al auto de veinticinco de noviembre del presente año y aclara su informe justificado. Circular SECNO/12/2020. Dicho informe se encuentra disponible para consulta de las partes en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos de la circular SECNO/12/2020, de veintiséis de junio del año en curso, en caso de no contar con la herramienta electrónica de acceso al mismo, deberán de comunicarlo oportunamente a este Juzgado, a efecto de que el órgano jurisdiccional acuerde lo conducente. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto dictado el veintiuno de octubre del año en curso, en el juicio laboral 177/2020, únicamente donde la responsable señala el cinco de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesional con cargo al actor, pericial médica y pericial técnica en medio ambiente laboral. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: En el acuerdo veintiuno de octubre de dos mil veinte -acto reclamado-, dictado en el expediente 177/2020 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se señaló el cinco de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas consistentes en confesional con cargo al actor, periciales médica y técnica en medio ambiente laboral ofrecidas en dicho juicio. A la fecha en que se presentó la demanda -tres de noviembre de dos mil veinte-, aún seguía señalada la data mencionada en el párrafo que antecede, para el desahogo de las pruebas aludidas. La mencionada responsable dictó el proveído de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, en el que regularizó el procedimiento y dejó sin efectos las fechas y horas señaladas en auto de veintiuno de octubre del año actual y, en su lugar fijó el siete de noviembre de dos mil veinte, como nueva fecha para el desahogo de las pruebas confesional, periciales médica y técnica en medio ambiente laboral, dentro del expediente laboral 177/2020. El veinticinco de noviembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que aclarara su informe justificado, toda vez que, según lo en él indicado, en acuerdo de veintitrés de noviembre del presente año se señaló el siete de noviembre de dos mil veinte para el desahogo de pruebas; es decir, una fecha anterior a la del citado proveído de veintitrés de noviembre de este año. Por proveído de uno del mes y año en curso, la autoridad responsable aclaró su informe y señaló que se fijaron las once horas con treinta minutos, doce horas y doce horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veinte para llevar a cabo el desahogo de las pruebas antes citadas. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse los acuerdos de veintitrés de noviembre y uno de diciembre del presente año, en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de las pruebas confesional, pericial médica y pericial técnica en medio ambiente laboral, cesó la afectación reclamada. En efecto, con el dictado de tales determinaciones se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Es así, pues los efectos del acto reclamado han quedado destruidos en forma total e incondicional, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó al quejoso en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar los acuerdos respectivos, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo; en el que manifiesta que es falso el acto reclamado, toda vez que veintitrés de noviembre del presente año, emitió acuerdo dentro del expediente laboral 117/2020, en el que señala como nueva fecha y hora para tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas por las partes, el siete de noviembre de dos mil veinte. Circular SECNO/12/2020. Dicho informe se encuentra disponible para consulta de las partes en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos de la circular SECNO/12/2020, de veintiséis de junio del año en curso, en caso de no contar con la herramienta electrónica de acceso al mismo, deberán de comunicarlo oportunamente a este Juzgado, a efecto de que el órgano jurisdiccional acuerde lo conducente. Mediante oficio que al efecto se gire a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, requiérase para que dentro del término de tres días que se le conceden de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de que reciba el oficio respectivo, aclare su informe justificado, respecto a que manifieste la data correcta que señaló para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, toda vez que en acuerdo de veintitrés de noviembre del presente año, señaló el siete de noviembre de dos mil veinte, para el desahogo de las misma, es decir una fecha anterior a la del citado proveído. Apercibimiento. Apercíbase a la referida autoridad que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a la cantidad de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente de emplazar a la tercera interesada ******. Asimismo, mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se ordenó requerir a la parte quejosa para que en el término de tres días comunicara a este Juzgado el domicilio actual y correcto de la tercera interesada *******. Dicha determinación le fue notificada el cuatro de noviembre del año en curso por medio de lista, por lo que al día de hoy se encuentra surtiendo sus efectos legales. Diferimiento de audiencia constitucional En estas condiciones, para dar oportunidad a que la tercera interesada señalada sea debidamente emplazada al presente asunto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma.
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