Jesus Castorena Maldonado
Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jesus Castorena Maldonado
Actuaciones
- Principal
I-Agréguese el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que informa que en atención al planteamiento realizado por este órgano jurisdiccional en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, aceptó la competencia planteada en el presente asunto y que se avocó para conocer del juicio de amparo indirecto 589/2022-D-8, de su índice, promovido por Jesús Castorena Maldonado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 20, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que este asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Además, que en el expediente en que se actúa no obran documentales para devolver a las partes. Por último, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
I-Registro de demanda Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Jesús Castorena Maldonado, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Procurador Federal del Consumidor, con residencia en la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 322/2022-I-A. Incompetencia Por otra parte, del análisis de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio, y que corresponde su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por las siguientes consideraciones. En principio, es menester subrayar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 33, fracción IV, el órgano competente es un juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. c) El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, de la lectura del precepto transcrito, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, para fijar la competencia se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, trate de ejecutarse o se esté ejecutando en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito o cuando tal ejecución pueda realizarse en más de un Distrito. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por el quejoso, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1), es decir que deberá conocer de éste, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados. En el caso, de la demanda se advierte que el acto que reclama la parte quejosa consiste en el artículo 19, fracción VIII, del acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, de la que se basa en contratar a una empresa autorizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Seguridad Privada, para prestar servicios de seguridad. Así, la promovente reclama una norma de carácter general, en virtud que el acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño,-manifiesta- transgrede los derechos de proporcionalidad legal, libertad de asociación y de trabajo, así como el de jerarquía normativa contenidos en los artículos 1, 5, 9 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Normatividad que la parte quejosa debe acatar en el Estado de Quintana Roo, como se desprende de sus manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó en su escrito de demanda, y el Registro Federal de Contribuyentes con fecha de inscripción de veinticinco de abril de dos mil veintidós, de la que se advierte que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Cancún, Quintana Roo. De modo que, si el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; entonces, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la norma general, debe atenderse al lugar donde ésta deberá acatarse, lo que en la especie ocurriría en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 2a. 11, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". También sirve de apoyo, por los motivos que la informan, la tesis XXVII.3o.10 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que prevé: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA NORMA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE UN IMPUESTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL ESTATAL DEL QUEJOSO. Conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En este contexto, cuando se reclamen en el amparo indirecto las normas generales que regulan algún impuesto del Estado de Quintana Roo, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución por medios electrónicos, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal estatal del quejoso. En efecto, ese domicilio es el lugar señalado por el legislador al contribuyente para todos los efectos de la relación tributaria local y, además, coincide con la circunscripción territorial de la oficina recaudadora de rentas municipal a la que están dirigidos la declaración y el pago de contribuciones, conforme a los artículos 13 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y 2o. de su reglamento. Por tanto, debe considerarse que las mencionadas normas tienen como lugar de ejecución el que corresponda al domicilio fiscal estatal del quejoso, pues es el sitio vinculado al cumplimiento de la obligación contributiva y en el que se ejercerán las funciones autoritarias de control y fiscalización. De ahí que el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese lugar resulte competente por razón de territorio para conocer del correspondiente juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien ejerce jurisdicción en esa ciudad, en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, pues es ahí donde sus operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria -actividades que realiza la casa de empeño que refiere- se verán afectadas, por lo que este órgano de distrito carece de competencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del citado 37 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 33, fracción IV y 37 ambos de la Ley de Amparo y el apartado cuarto, numeral XXVII, del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este Juzgado, remítase el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Asimismo, se solicita de la manera más atenta a la autoridad que conozca del presente juicio, acuse de recibo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Amezcua Orozco, Fernando Santana Sandoval y Luis Ismael Acosta Fernández, toda vez que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; y, con las limitaciones que dispone el artículo 24 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las diversas personas que señala en el mismo, toda vez que no tienen registrada su cédula en el aludido sistema. Acceso al expediente electrónico y notificación electrónica Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que los usuarios "LuisajPJF", "LIGJ810415R69" y "FernandossPJF"; por tanto, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea, así como para que la quejosa reciba notificaciones. Por tanto, proceda el Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, en términos del citado acuerdo, a efectuar las gestiones pertinentes. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.
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